{"id":114402,"date":"2023-03-27T11:44:57","date_gmt":"2023-03-27T09:44:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/114402-colombie-farc-face-crimes-contre-peuples-autochtones-et-afro-americains.html"},"modified":"2023-03-27T13:01:20","modified_gmt":"2023-03-27T11:01:20","slug":"colombia-nueva-acusacion-contra-farc-pone-lupa-en-victimas-indigenas-y-afro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/114402-colombia-nueva-acusacion-contra-farc-pone-lupa-en-victimas-indigenas-y-afro.html","title":{"rendered":"Colombia: nueva acusaci\u00f3n contra FARC pone lupa en v\u00edctimas ind\u00edgenas y afro"},"content":{"rendered":"\n

Hace dos semanas, la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz de Colombia acus\u00f3 a 10 ex comandantes regionales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad. En su segunda imputaci\u00f3n contra integrantes de esa guerrilla y la primera contra sus mandos medios, el tribunal estren\u00f3 su metodolog\u00eda de investigaci\u00f3n centrada en territorios espec\u00edficos y los acus\u00f3 de haber creado un \u201cr\u00e9gimen de terror\u201d contra las minor\u00edas \u00e9tnicas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

El 8 de marzo pasado, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) devel\u00f3 su quinta imputaci\u00f3n<\/a> en cinco a\u00f1os de trabajo. Su acusaci\u00f3n contra 10 ex comandantes regionales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de haber cometido 14 cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad, los dos de mayor reproche a nivel internacional, signific\u00f3 varios hitos para el tribunal especial derivado del acuerdo de paz de 2016.<\/p>\n\n\n\n

Tras haber imputado hace dos a\u00f1os<\/a> a siete integrantes de la c\u00fapula de las FARC por miles de secuestros (y que \u00e9stos aceptaran su responsabilidad<\/a>), es la primera vez que la JEP baja en la cadena de mando de esa guerrilla e intenta probar la responsabilidad de jefes que operaban a nivel local. Es tambi\u00e9n el primer resultado tangible en uno de los casos en los que decidi\u00f3 no centrar su investigaci\u00f3n judicial en un delito espec\u00edfico, sino m\u00e1s bien en una regi\u00f3n geogr\u00e1fica. Y tambi\u00e9n es la primera vez en que, en vez de examinar un universo completo de v\u00edctimas, eligi\u00f3 poner la lupa en la manera como miles de personas pertenecientes a dos minor\u00edas \u00e9tnicas \u2013ind\u00edgenas y afrodescendientes- sufrieron lo que llam\u00f3 \u201cun r\u00e9gimen de terror\u201d por parte de la guerrilla que dej\u00f3 sus armas hace seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodo proyecto de vida fue cercenado y los diferentes delitos documentados (\u2026) tuvieron como hilo com\u00fan un ensa\u00f1amiento y perfilamiento contra los ciudadanos ind\u00edgenas y afros\u201d, escribi\u00f3 el magistrado Ra\u00fal S\u00e1nchez en su auto.<\/p>\n\n\n\n

El primer caso territorial<\/h2>\n\n\n\n

Este \u2018Caso 05\u2019 es uno de los primeros siete macro-casos abiertos por el brazo judicial de la justicia transicional y uno de tres que se centran en los cr\u00edmenes cometidos por m\u00faltiples actores, incluidas las FARC pero tambi\u00e9n agentes de la fuerza p\u00fablica y terceros, en regiones espec\u00edficas de Colombia. Su foco est\u00e1 puesto en 17 municipios del Cauca y el Valle del Cauca, dos departamentos vecinos del suroccidente del pa\u00eds donde la cordillera de los Andes se encuentra con las tierras bajas del Pac\u00edfico, entre 1993 y 2016.<\/p>\n\n\n\n

\"Pueblo
Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, donde la cordillera de los Andes se encuentra con las tierras bajas del Pac\u00edfico, fueron escenario de mucha violencia contra la poblaci\u00f3n local durante el conflicto civil. \u00a9 Bill Anderson<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Esa metodolog\u00eda de investigaci\u00f3n fue el resultado de un largo debate interno en la JEP y en especial en su Sala de Reconocimiento, la encargada de construir y presentar los casos, sobre c\u00f3mo seleccionar qu\u00e9 y a qui\u00e9nes investigar, juzgar y sancionar. De entrada, el acuerdo de paz le fij\u00f3 a la justicia transicional un criterio doble para acotar ese trabajo en un pa\u00eds que cuenta 9,4 millones de v\u00edctimas<\/a> de 12 millones de delitos: por un lado deb\u00eda centrarse en los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y representativos y, por otro, en los m\u00e1ximos responsables de cometerlos. Los magistrados de la JEP optaron por aterrizar esa misi\u00f3n mediante dos m\u00e9todos de selecci\u00f3n: uno m\u00e1s ortodoxo en torno a delitos espec\u00edficos, como en los casos sobre secuestros de las FARC y ejecuciones extrajudiciales<\/a> cometidas por militares, y otro m\u00e1s novedoso centr\u00e1ndose en regiones particulares.<\/p>\n\n\n\n

\u201cControl territorial y social\u201d<\/h2>\n\n\n\n

En esta primera decisi\u00f3n de su caso territorial inaugural, la JEP acus\u00f3 a 10 antiguos comandantes de dos estructuras que operaban en esa zona, las Columnas M\u00f3viles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, de haber cometido ocho cr\u00edmenes de guerra y seis cr\u00edmenes de lesa humanidad. Entre ellos figura la primera mujer imputada hasta ahora por el tribunal, Gloria Patricia Ram\u00edrez, alias \u2018Lady\u2019.<\/p>\n\n\n\n

La JEP determin\u00f3 que se ensa\u00f1aron con los pobladores de la regi\u00f3n como parte de su plan para dominar la regi\u00f3n del Pac\u00edfico y tomarse ciudades como Popay\u00e1n o Cali, la tercera m\u00e1s grande del pa\u00eds, mientras usaban las escarpadas monta\u00f1as vecinas como retaguardia. El fin \u00faltimo de esos cr\u00edmenes \u2013argumenta la JEP- era \u201cobtener y consolidar el control territorial y social\u201d de municipios que consideraban un corredor estrat\u00e9gico.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados tienen ahora 30 d\u00edas para escoger qu\u00e9 camino toman en el sistema de dos carriles de la justicia transicional colombiana. Si aceptan las conclusiones del tribunal y reconocen su responsabilidad, adem\u00e1s de contribuir con la verdad y reparar personalmente a las v\u00edctimas, pueden recibir condenas de entre 5 y 8 a\u00f1os en un entorno no carcelario. Si las rechazan, su caso pasar\u00eda a un sistema acusatorio y, de ser declarados culpables, enfrentar\u00edan penas de 15 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de 683 p\u00e1ginas es un compendio enciclop\u00e9dico de cr\u00edmenes padecidos por los moradores de estos 17 municipios, desde homicidios selectivos y reclutamiento de ni\u00f1os hasta comunidades enteras confinadas y personas mutiladas por minas antipersonal. Es un texto escrito en un lenguaje \u00e1rido y f\u00e1ctico, que se limita con frecuencia a nombrar a las v\u00edctimas por sus iniciales, y distante de la prosa elocuente y en ocasiones emotiva con que los autos anteriores narraron los horrores del secuestro y de los falsos positivos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUn r\u00e9gimen de terror contra pobladores ancestrales\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Aunque la delimitaci\u00f3n de este macro-caso es en teor\u00eda geogr\u00e1fica, en la pr\u00e1ctica termin\u00f3 poniendo la lupa tambi\u00e9n sobre un determinado perfil de v\u00edctimas debido a que es uno de los rincones de Colombia con mayor presencia de minor\u00edas \u00e9tnicas. Al punto que en dos de esos municipios, Torib\u00edo y Jambal\u00f3, m\u00e1s del 95% de la poblaci\u00f3n es ind\u00edgena y en Puerto Tejada un 97% es afro. Eso signific\u00f3 que buena parte del trabajo investigativo de la JEP reconstruye las atrocidades perpetradas por la guerrilla contra nueve pueblos ind\u00edgenas, en su mayor\u00eda asentados en la cordillera, y decenas de comunidades afro, que descienden de los esclavos tra\u00eddos por los espa\u00f1oles desde \u00c1frica en el siglo XVI para minar oro y plata.<\/p>\n\n\n\n

\u201cBajo la idea de consolidar un corredor estrat\u00e9gico que les permitiera controlar el sur del pa\u00eds y ah\u00ed dar el gran salto al poder de toda Colombia, las FARC-EP instauraron un r\u00e9gimen de terror que puso a los pobladores ancestrales en la sin salida de estar en el centro de un conflicto con varios actores e intensidades\u201d, dice el auto. Es una apreciaci\u00f3n que las cifras corroboran: ind\u00edgenas y afro, que cuentan con especial protecci\u00f3n constitucional y un cap\u00edtulo propio<\/a> en el acuerdo de paz, suman<\/a> la d\u00e9cima parte de la poblaci\u00f3n pero han puesto casi la quinta parte de las v\u00edctimas del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

Para ilustrar ese r\u00e9gimen de terror, la JEP identifica los patrones de algunos delitos. Con decenas de ejemplos, muestra que las FARC cometieron asesinatos selectivos contra tres tipos de personas: las que acusaba de ser informantes de polic\u00edas o militares, las que consideraba sus enemigas y los l\u00edderes que eran cr\u00edticos de la guerrilla y que, en palabras suyas, \u201csembraban odio\u201d o \u201cpromov\u00edan un esp\u00edritu confrontacional\u201d. Por ejemplo, en 2011 mataron a Leopoldina Valencia, una m\u00e9dica tradicional nasa de 70 a\u00f1os, tras se\u00f1alarla de hacerle brujer\u00eda a sus milicianos. El asesinato de l\u00edderes y autoridades tradicionales, dice el tribunal, ten\u00eda el objetivo de \u201calterar su equilibrio espiritual, pol\u00edtico y cultural\u201d. Tambi\u00e9n detalla c\u00f3mo la guerrilla afect\u00f3 la vida cotidiana de cientos de comunidades, instalando campamentos en sus territorios sin permiso de las autoridades tradicionales, infiltrando sus organizaciones para desestabilizarlas o imponi\u00e9ndoles horarios de circulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El alt\u00edsimo n\u00famero de v\u00edctimas acreditadas<\/a> en el caso, 180 mil, refleja ese nivel de victimizaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n la decisi\u00f3n de la JEP de permitirles acreditarse como sujetos colectivos, en vez de individualmente como en los casos anteriores. Aunque no la menciona por nombre, una de esas comunidades afro \u2013la de La Toma<\/a>- es aquella de donde proviene la actual vicepresidenta Francia M\u00e1rquez, quien fue una reputada l\u00edder ambiental y de v\u00edctimas y gan\u00f3 el premio Goldman antes de entrar en la pol\u00edtica electoral.<\/p>\n\n\n\n

Pueblos bajo asedio<\/h2>\n\n\n\n

Esta nueva acusaci\u00f3n se centra en los delitos que laceraron la vida de los pueblos m\u00e1s peque\u00f1os y rurales. Entre estos, otorga un papel protag\u00f3nico a los ataques y tomas guerrilleras, que duraban desde unas horas hasta varios d\u00edas y dejaron grabadas en el imaginario colombiano las im\u00e1genes desoladoras de plazas derruidas y fachadas de casas agrietadas a punta de disparos. Solo el Cauca concentra 309 de los 600 ataques de este tipo registrados.<\/p>\n\n\n\n

La meta m\u00e1s frecuente de las FARC era destruir la estaci\u00f3n de polic\u00eda o asaltar el banco del pueblo, aunque \u2013como reconocieron varios guerrilleros al tribunal- con frecuencia estaban fortificados. Eso signific\u00f3 que los civiles, casi siempre expuestos, terminaban asumiendo el costo humano. Una bicicleta bomba en Pradera hiri\u00f3 a 14 ni\u00f1os que celebraban Halloween. Una \u2018chiva\u2019 de transporte p\u00fablico cargada con 100 kilos de explosivos dej\u00f3 dos muertos, cien heridos y 400 casas da\u00f1adas en Torib\u00edo en d\u00eda de mercado. Una volqueta con cilindros explosivos dej\u00f3 183 heridos en Morales despu\u00e9s de que el conductor la dejara al lado de una vivienda y huyera.<\/p>\n\n\n\n

Con mucha frecuencia devastaban bienes civiles, desde casas, hospitales e iglesias hasta la infraestructura de servicios p\u00fablicos de energ\u00eda, agua o telefon\u00eda. Un ataque con granadas y cilindros de gas en Caldono, el segundo pueblo que m\u00e1s los sufri\u00f3 en todo el pa\u00eds, destruy\u00f3 por completo una escuela donde estudiaban 400 ni\u00f1os. Muchos de esos ataques, argumenta la JEP, infringieron el derecho internacional humanitario porque la guerrilla us\u00f3 artefactos explosivos que sab\u00eda imprecisos, violando el principio de distinci\u00f3n. Este repudio a esa estrategia de las FARC tan costosa en vidas humanas cobra a\u00fan mayor importancia dado que la JEP no prioriz\u00f3<\/a> un macro caso de medios y m\u00e9todos de guerra.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El magistrado Ra\u00fal S\u00e1nchez presenta la segunda acusaci\u00f3n de la JEP contra antiguos miembros de las FARC y la primera en uno de los casos regionales del tribunal. Foto: Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. @ JEP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Destrucci\u00f3n ambiental como crimen de guerra<\/h2>\n\n\n\n

Una de las prioridades para la JEP con los casos regionales es mostrar que no solo las comunidades fueron v\u00edctimas, sino tambi\u00e9n sus territorios y los ecosistemas que albergan. Aunque en esta acusaci\u00f3n no desarrolla la idea en mucha profundidad, el auto detalla por primera vez en un escenario judicial las afectaciones de las FARC a algunos de los ecosistemas m\u00e1s sensibles de Colombia, el segundo pa\u00eds m\u00e1s biodiverso del mundo.<\/p>\n\n\n\n

La guerrilla, argumenta la JEP, \u201ctuvo una actitud ambigua que termin\u00f3 por generar afectaciones graves al ambiente por su conducta, permisiva en algunos casos y directa en otros, con actos humanos que rompieron con el equilibrio ambiental de la regi\u00f3n\u201d. Lo ejemplifica, por un lado, con las afectaciones a los p\u00e1ramos, un ecosistema de alta monta\u00f1a que solo existe en un pu\u00f1ado de pa\u00edses tropicales y fundamental por su riqueza h\u00eddrica, contando c\u00f3mo los guerrilleros tumbaban su capa vegetal -en especial los emblem\u00e1ticos frailejones- para instalar sus campamentos o sembrar minas antipersonal para frenar avanzadas del Ej\u00e9rcito. Y por el otro, por haber promovido la expansi\u00f3n de la miner\u00eda ilegal y de la tala de bosques para cultivar coca, marihuana y amapola. Por todo esto calific\u00f3 su destrucci\u00f3n ambiental como un crimen de guerra.<\/p>\n\n\n\n

Una justicia transicional ilustrativa<\/h2>\n\n\n\n

En su conjunto, la primera acusaci\u00f3n territorial de la JEP es ilustrativa de la manera como muchos rincones del campo colombiano vivieron el conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

Al penalizar el desplazamiento como crimen de guerra y el traslado forzoso de poblaci\u00f3n como crimen de lesa humanidad, se convierte en la primera decisi\u00f3n judicial de la justicia transicional tocante al delito m\u00e1s extendido en el pa\u00eds y, por ende, uno de los m\u00e1s emblem\u00e1ticos \u2013 uno que toc\u00f3<\/a> a 8,2 millones personas o uno de cada seis colombianos. Tambi\u00e9n es un crimen que la JEP no hab\u00eda priorizado, algo que tampoco hab\u00eda ocurrido con los ataques intencionados contra la poblaci\u00f3n civil o el uso de minas antipersonal.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de documentar delitos que estaban hu\u00e9rfanos, este caso reconstruye con claridad la manera como \u00e9stos interact\u00faan entre s\u00ed. Por ejemplo, muchas de las tomas a pueblos fueron tan mort\u00edferas por el uso indiscriminado de tatucos y cilindros de gas, dos artefactos explosivos que las FARC fabricaban de manera artesanal y con una muy baja precisi\u00f3n que ellos optaron por ignorar. O c\u00f3mo sol\u00edan sembrar minas antipersonal, tambi\u00e9n fabricadas por ellos mismos pese a estar prohibidas por la Convenci\u00f3n de Ottawa desde 1999, para mantener a las comunidades confinadas.<\/p>\n\n\n\n

En algunos casos, los delitos generaban un c\u00edrculo vicioso de victimizaci\u00f3n. Los frecuentes ataques a fiscales y jueces en esos municipios significaron que era pr\u00e1cticamente imposible interponer una denuncia contra las FARC o acceder a la justicia, generando -en palabras de la JEP- \u201cuna ley del silencio\u201d. \u201cLa impunidad era tan generalizada que cuando excepcionalmente alg\u00fan miembro de las estructuras (\u2026) era capturado (generalmente por rebeli\u00f3n y almacenamiento y fabricaci\u00f3n de artefactos explosivos), volv\u00eda unos a\u00f1os despu\u00e9s a la zona donde operaba\u201d, estableci\u00f3 el tribunal, documentando c\u00f3mo varios de los ex guerrilleros comparecientes se hab\u00edan beneficiado de esa ausencia de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n

Preguntas abiertas<\/h2>\n\n\n\n

Pero tambi\u00e9n deja varias preguntas abiertas. No es claro c\u00f3mo interact\u00faa con el caso de la JEP sobre reclutamiento de menores, que viene m\u00e1s atrasado a causa de una cascada de recusaciones de ex integrantes de las FARC contra el magistrado que lo lideraba y luego por su renuncia. Y aunque es claro por qu\u00e9 omiti\u00f3 hablar de secuestros, cuyo caso va m\u00e1s avanzado y ser\u00e1 el primero en llegar a sanciones, es menos comprensible por qu\u00e9 omiti\u00f3 hablar de violencia sexual que no tiene caso propio.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco hay claridad sobre la secuencia que sigue en este caso en la identificaci\u00f3n de responsables, a diferencia de los dos anteriores en que era expl\u00edcita. Mientras el caso de secuestro arranc\u00f3 por el Secretariado de las FARC para luego pasar<\/a> a los bloques regionales de la guerrilla, el de falsos positivos arranc\u00f3 en seis subregiones para ahora subir<\/a> hacia el mando nacional del Ej\u00e9rcito que pudo haberlos ordenado o prevenido.<\/p>\n\n\n\n

Tres salvamentos que evidencian grietas internas<\/h2>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de las preguntas sobre si seguir\u00e1 hacia arriba o hacia otros actores, la publicaci\u00f3n de esta acusaci\u00f3n deja tambi\u00e9n en evidencia que hay un duro debate al interior de la JEP sobre los casos territoriales. A diferencia de lo ocurrido en imputaciones anteriores, tres de los siete magistrados de la Sala de Reconocimiento presentaron salvamentos de votos parciales en los que disputaron la metodolog\u00eda del auto y algunas de sus conclusiones.<\/p>\n\n\n\n

La que m\u00e1s gener\u00f3 ruido fue la calificaci\u00f3n de las afectaciones al ambiente en un conflicto armado no internacional como crimen de guerra. Julieta Lemaitre, la magistrada a cargo del caso de secuestro, defendi\u00f3 que el auto \u201chace un an\u00e1lisis cuidadoso y bien intencionado de la degradaci\u00f3n ambiental\u201d y Catalina D\u00edaz, que lleva el de falsos positivos, resalt\u00f3 que \u201cprovee s\u00f3lidas bases para dise\u00f1ar medidas de reparaci\u00f3n y restauraci\u00f3n que tengan en cuenta la complejidad de las afectaciones a la naturaleza\u201d. Pero ambas se\u00f1alaron que la acusaci\u00f3n no logra probar que hay da\u00f1os graves, extensos y duraderos, que los acusados fueron responsables directos de \u00e9stos y que lo hicieron mediante conductas violatorias del derecho internacional humanitario.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, la magistrada Lily Rueda le recrimin\u00f3 por haber omitido la violencia sexual y por sus \u201cdeficiencias\u201d en el an\u00e1lisis del reclutamiento de menores de edad, justo el caso que ella lleva. \u201cNo se ocupa de ofrecer un relato sobre la forma como ocurri\u00f3 el reclutamiento en este territorio y no desarrolla las modalidades conforme a las cuales se present\u00f3 esta conducta\u201d, escribi\u00f3. Por \u00faltimo, Lemaitre lament\u00f3 que \u2013en una instituci\u00f3n con recursos humanos limitados y 10 a\u00f1os para presentar acusaciones- haya tomado tanto tiempo esta primera decisi\u00f3n. En sus palabras, \u201ces claro que no habr\u00e1 resultados finales antes de 10 a\u00f1os, ya que ya han transcurrido cinco y el \u00fanico producto es la imputaci\u00f3n a dos de seis estructuras de las FARC que operaron en la zona, y ni siquiera por todos los cr\u00edmenes cometidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de esas controversias jur\u00eddicas que seguramente continuar\u00e1n y de su prosa seca, el primer caso regional reconstruye muchos delitos que hasta ahora la JEP no hab\u00eda abordado, mediante un sinn\u00famero de citas de los informes entregados por las v\u00edctimas e incorporando las admisiones expl\u00edcitas de muchos ex guerrilleros sobre \u00e9stos. Y, sobre todo, reconoce el doloroso calvario de miles de v\u00edctimas en la Colombia m\u00e1s rural.<\/p>\n\n\n

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t
Recomendado por la redacci\u00f3n<\/div>\r\n\t\t\t
\"Rodrigo<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\tColombia: el d\u00eda que las FARC enfrentaron a las v\u00edctimas de secuestro\r\n\t\t<\/a>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hace dos semanas, la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz de Colombia acus\u00f3 a 10 ex comandantes regionales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad. 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