{"id":116576,"date":"2023-05-09T12:12:54","date_gmt":"2023-05-09T10:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/?p=116576"},"modified":"2023-05-09T12:12:56","modified_gmt":"2023-05-09T10:12:56","slug":"colombia-justicia-transicional-discrepa-sobre-como-sancionar-los-crimenes-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/116576-colombia-justicia-transicional-discrepa-sobre-como-sancionar-los-crimenes-ambientales.html","title":{"rendered":"Colombia: La justicia transicional discrepa sobre c\u00f3mo sancionar los cr\u00edmenes ambientales"},"content":{"rendered":"\n

En su \u00faltimo auto de acusaci\u00f3n, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) de Colombia insisti\u00f3 en que \"la justicia transicional es tambi\u00e9n justicia ambiental\" e incluy\u00f3 el da\u00f1o a los ecosistemas como crimen de guerra. Tres magistrados escribieron salvamentos de voto parciales que disputan esta conclusi\u00f3n, mientras otros dos la respaldaron. \u00bfQu\u00e9 revela este debate jur\u00eddico sobre la justicia en el segundo pa\u00eds m\u00e1s biodiverso del mundo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Cuando hace un mes la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) devel\u00f3 su quinta imputaci\u00f3n<\/a>, marc\u00f3 varios hitos: acus\u00f3 por primera vez a mandos medios de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), devel\u00f3 su primera investigaci\u00f3n centrada en regiones en vez de delitos espec\u00edficos y puso la lupa sobre miles de v\u00edctimas pertenecientes a dos minor\u00edas \u00e9tnicas. Tambi\u00e9n fue la primera vez que el brazo judicial de la justicia transicional colombiana responsabiliz\u00f3 a un actor armado por da\u00f1os ambientales.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la JEP, las dos estructuras de la guerrilla que operaban en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente del pa\u00eds, fueron responsables de la destrucci\u00f3n de ecosistemas de alta monta\u00f1a y de la degradaci\u00f3n derivada de la miner\u00eda ilegal y los cultivos de coca. Tras describirlos como da\u00f1os \u201ccuya huella puede ser totalmente irreversible\u201d, decidi\u00f3 calificarlo como crimen de guerra e imput\u00f3 a diez comandantes locales de la guerrilla.<\/p>\n\n\n\n

Fue una decisi\u00f3n trascendental<\/a>, en momentos en que a nivel global contin\u00faa la discusi\u00f3n<\/a> sobre el m\u00e9rito de incluir el \u2018ecocidio\u2019<\/a> como un quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma. En Colombia, fue la primera vez que la justicia transicional nacida del acuerdo de paz de 2016 tom\u00f3 una decisi\u00f3n legal abordando el impacto del conflicto armado interno en el ambiente, un hito en el segundo pa\u00eds m\u00e1s biodiverso del mundo. Era su manera de cumplir la promesa de que, como dice la acusaci\u00f3n, \u201cla justicia transicional es tambi\u00e9n una justicia ambiental\u201d.<\/p>\n\n\n\n

No ha sido, sin embargo, una decisi\u00f3n exenta de controversia. Tres de los siete magistrados que integran la Sala de Reconocimiento de la JEP, que se encarga de documentar los casos que \u00e9sta presenta, se apartaron de la decisi\u00f3n mayoritaria y presentaron duros salvamentos de voto cuestionando esa calificaci\u00f3n jur\u00eddica. Dos m\u00e1s presentaron aclaraciones de voto defendi\u00e9ndola. Esa situaci\u00f3n poco habitual subraya c\u00f3mo, pese a lo hist\u00f3rico de que el tribunal de paz investigue los cr\u00edmenes ecol\u00f3gicos, hay un marcado desacuerdo interno sobre c\u00f3mo deber\u00eda sancionarlos.<\/p>\n\n\n\n

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De los siete magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, tres presentaron salvamentos de voto discrepando con la decisi\u00f3n del magistrado Ra\u00fal S\u00e1nchez (visto hablando) de considerar los da\u00f1os ambientales como crimen de guerra, mientras otros dos la apoyaron. Foto: JEP<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cEl impacto de la guerra en la naturaleza\u201d<\/h2>\n\n\n\n

En su acusaci\u00f3n, el magistrado Ra\u00fal S\u00e1nchez se centr\u00f3 en documentar dos econom\u00edas criminales en esa regi\u00f3n que, a su juicio, \u201cresumen el impacto de la guerra en la naturaleza\u201d. Por un lado, las FARC promovieron la miner\u00eda ilegal de oro mediante retroexcavadoras que destrozan las cuencas de los r\u00edos y sedimentan su lecho, en entables mineros que incluso usaban qu\u00edmicos t\u00f3xicos y prohibidos internacionalmente<\/a> como el mercurio para separar el mineral de la roca. Por otro, la guerrilla impuls\u00f3 el cultivo de coca para producir coca\u00edna, en lo que llam\u00f3 un \u201cc\u00edrculo vicioso\u201d de deforestaci\u00f3n y reconversi\u00f3n agr\u00edcola.<\/p>\n\n\n\n

Ambas fueron, se\u00f1ala la JEP, fuentes integrales de financiaci\u00f3n de las FARC y actividades tan complementarias que coinciden hasta en dos terceras partes del Cauca, realizadas \u201csin ning\u00fan tipo de reglas de manejo ambiental o reducci\u00f3n de impacto\u201d. Por lo general, dice el auto, los guerrilleros participaban de manera indirecta, cobrando extorsiones o comercializando el producto, aunque la Sala de Reconocimiento dice tambi\u00e9n haber documentado casos de guerrilleros que eran due\u00f1os de maquinaria.<\/p>\n\n\n\n

La suma de estos da\u00f1os llev\u00f3 a la JEP a concluir que, en esa regi\u00f3n, las FARC fueron \u201cautoridad ambiental de facto\u201d y \u201cno tuvieron una pol\u00edtica activa para prevenir los da\u00f1os ocasionados\u201d. En sus palabras, su \u201cactitud ambigua (\u2026) termin\u00f3 por generar afectaciones graves al ambiente por su conducta, permisiva en algunos casos y directa en otros, con actos humanos que rompieron con el equilibrio ambiental de la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, la JEP acus\u00f3 a las FARC de generar m\u00faltiples da\u00f1os en los p\u00e1ramos, un ecosistema de alta monta\u00f1a que solo existe en un pu\u00f1ado de pa\u00edses tropicales y considerado estrat\u00e9gico por su riqueza h\u00eddrica. Seg\u00fan el relato del tribunal, los guerrilleros tumbaban su capa vegetal rica en carbono para instalar campamentos y sembraban minas antipersonal para frenar avanzadas del Ej\u00e9rcito, cuya explosi\u00f3n afectaba al entorno. En un apartado resalt\u00f3 la destrucci\u00f3n de frailejones, las emblem\u00e1ticas y velludas plantas que retienen grandes cantidades de agua y cuya silueta casi fantasmag\u00f3rica se suele divisar entre la niebla. \u201cCrece un cent\u00edmetro por a\u00f1o y recuperar alg\u00fan ejemplar pude durar hasta 200 a\u00f1os\u201d, explic\u00f3 la JEP, subrayando que ese hecho prueba la severidad y magnitud de los da\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl medio ambiente, como concepto amplio, pero tambi\u00e9n representado por seres vivos o sintientes, presenci\u00f3 un ataque contra su integridad impulsada por la avaricia de los actores armados\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El territorio como v\u00edctima<\/h2>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de documentar la huella ambiental de esas dos econom\u00edas criminales y los da\u00f1os en los p\u00e1ramos, la JEP elabora en otra idea novedosa. No solo los ind\u00edgenas y afrodescendientes fueron v\u00edctimas del conflicto armado, sino tambi\u00e9n los territorios que habitan, en lo que llam\u00f3 \u201cun crimen de naturaleza pluriofensiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el auto, las diferentes acciones de las FARC<\/a> \u2013desde asesinatos hasta confinamientos y desplazamientos- causaron un sinn\u00famero de da\u00f1os colectivos e individuales a las minor\u00edas \u00e9tnicas, que en Colombia gozan de especial protecci\u00f3n constitucional. Citando ejemplos tomados de los informes presentados por diversos pueblos y comunidades, la JEP muestra que la guerrilla debilit\u00f3 sus estructuras de gobierno, facilit\u00f3 la p\u00e9rdida de rasgos identitarios como la lengua o la vestimenta, restringi\u00f3 el acceso a sus sitios sagrados y fragiliz\u00f3 sus econom\u00edas locales. Esto le llev\u00f3 a concluir que hubo \u201cuna afectaci\u00f3n sistem\u00e1tica al derecho de identidad cultural de los pueblos ancestrales, comunidades campesinas y afrodescendientes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Aunque no desarrolla la idea en profundidad, la acusaci\u00f3n amarra esas afectaciones a la cosmovisi\u00f3n de muchos de los pueblos \u00e9tnicos en Colombia, para quienes el territorio es una parte tan integral de la comunidad como las personas que lo habitan. Por eso, los resguardos ind\u00edgenas y los consejos comunitarios afro, m\u00e1s que ser solo \u201clugares de disputa por tratarse de espacios con caracter\u00edsticas geogr\u00e1ficas que constituyen ventajas estrat\u00e9gicas en la guerra\u201d, eran parte del \u201clegado milenario o centenario\u201d de los 10 pueblos ind\u00edgenas y decenas de comunidades afro afectadas. En esa l\u00f3gica, la miner\u00eda ilegal importa no solo en tanto \u201cdio un certero golpe a la enorme biodiversidad del \u00e1rea\u201d, dice el tribunal, sino porque \u201calter\u00f3 la relaci\u00f3n de las comunidades con sus tierras ancestrales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En algunos pasajes, parecer\u00eda que la propia JEP no llev\u00f3 su investigaci\u00f3n hasta sus \u00faltimas consecuencias. En un aparte, el auto menciona que dirigentes de la Columna M\u00f3vil Gabriel Galvis reconocieron haber sembrado minas antipersonal en el p\u00e1ramo en torno a la laguna San Rafael que los ind\u00edgenas kokonuko consideran un sitio sagrado<\/a>. El equipo de la JEP no se percat\u00f3 de que esa laguna \u2013tambi\u00e9n llamada Andulvio- est\u00e1 ubicada dentro del Parque Nacional Purac\u00e9<\/a>, un hecho que otorga un grado a\u00fan mayor de gravedad a la confesi\u00f3n dado que en Colombia los parques nacionales tambi\u00e9n gozan de especial protecci\u00f3n constitucional.<\/p>\n\n\n\n

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El tribunal de paz de Colombia tambi\u00e9n consider\u00f3 que los territorios ind\u00edgenas y afrodescendientes -como el resguardo Misak en Silvia (Cauca)- son v\u00edctimas del conflicto, dada la \u00edntima relaci\u00f3n entre las minor\u00edas \u00e9tnicas y sus tierras. Foto: Andr\u00e9s Berm\u00fadez Li\u00e9vano.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Da\u00f1os ambientales como crimen de guerra<\/h2>\n\n\n\n

Al investigar los da\u00f1os ambientales causados por las FARC en las monta\u00f1as del sur del pa\u00eds, la JEP se enfrent\u00f3 a un obst\u00e1culo significativo: el Estatuto de Roma -el tratado que cre\u00f3 la Corte Penal Internacional y del que Colombia es parte- contempla que los da\u00f1os duraderos, extensos y graves causados al ambiente pueden constituir un crimen de guerra en medio de un conflicto internacional, pero no dice nada sobre los conflictos armados de car\u00e1cter interno como el que vivi\u00f3 Colombia durante medio siglo. Es un dilema que han reforzado las demandas de grupos \u00e9tnicos y cient\u00edficos ambientales<\/a> de abordar el impacto de la guerra en los ecosistemas y parques nacionales<\/a> del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Esa zona gris legal significa que no hab\u00eda un camino \u00fanico y claro para imputar a los ex comandantes de las FARC por su destrucci\u00f3n ambiental. El magistrado Ra\u00fal S\u00e1nchez decidi\u00f3 calificar esos actos como crimen de guerra siguiendo una triple l\u00ednea de argumentaci\u00f3n. En su tesis central, razon\u00f3 que encaja dentro del delito internacional de destruir o apoderarse de los bienes de un adversario, en tanto el ambiente es una propiedad de car\u00e1cter civil y un ataque a los recursos naturales constituye uno contra el Estado como su adversario.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, adujo que la ley colombiana proh\u00edbe causar da\u00f1os extensos, duraderos y graves al ambiente, que eso acarrea una responsabilidad penal individual a quien los cause y que se cumplen los criterios internacionales \u2013siguiendo el test Tadi\u0107 del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia- para considerarlo un crimen de guerra. Por \u00faltimo, plante\u00f3 que los cr\u00edmenes ambientales no deber\u00edan ser amnistiables y defendi\u00f3 que la naturaleza tambi\u00e9n puede ser considerada v\u00edctima, en un pa\u00eds donde otras entidades no humanas -como la Amazonia<\/a> colombiana o el r\u00edo Atrato<\/a> en el Pac\u00edfico- han sido declaradas sujetos de derechos por las altas cortes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUn crimen inexistente en el derecho penal internacional\u201d<\/h2>\n\n\n\n

La argumentaci\u00f3n legal del magistrado S\u00e1nchez gener\u00f3 un \u00e1spero debate al interior de la Sala de Reconocimiento, que se extiende a otro caso territorial \u2013el 02- centrado en la subregi\u00f3n del sur de Nari\u00f1o y tambi\u00e9n de pr\u00f3xima imputaci\u00f3n. A diferencia de lo que hab\u00eda ocurrido en acusaciones anteriores, tres de sus siete magistrados presentaron salvamentos de votos parciales en los que disputaron la metodolog\u00eda del auto y algunas de sus conclusiones.<\/p>\n\n\n\n

El tema que m\u00e1s gener\u00f3 ruido fue el de los da\u00f1os ambientales. Julieta Lemaitre, la magistrada a cargo del caso contra las FARC por su pol\u00edtica de secuestro, defendi\u00f3<\/a> que el auto \u201chace un an\u00e1lisis cuidadoso y bien intencionado de la degradaci\u00f3n ambiental\u201d pero afirm\u00f3 que \u201ccrea un crimen inexistente en el derecho penal internacional\u201d. En su visi\u00f3n, si la degradaci\u00f3n ambiental fue \u2013como dice el auto- causada sobre todo por los cultivos il\u00edcitos y la miner\u00eda ilegal, esos comportamientos no eran un crimen internacional en el momento en el que los imputados los cometieron y, en cambio, s\u00ed son susceptibles de amnist\u00edas. Tambi\u00e9n disput\u00f3 las ideas de que el ambiente sea un bien del Estado y se\u00f1al\u00f3 que, as\u00ed fuese, no pertenecer\u00eda entonces a los pueblos \u00e9tnicos.<\/p>\n\n\n\n

Catalina D\u00edaz, que lleva el caso de falsos positivos, resalt\u00f3<\/a> que \u201cprovee s\u00f3lidas bases para dise\u00f1ar medidas de reparaci\u00f3n y restauraci\u00f3n que tengan en cuenta la complejidad de las afectaciones a la naturaleza\u201d, pero se\u00f1ala que adolece de \u201cfallas argumentativas serias\u201d al calificarlas como cr\u00edmenes de guerra. Entre otras, se\u00f1ala que no hay pruebas de que atacaran los ecosistemas con el \u00e1nimo de disminuir la capacidad de combate de su adversario y que no se prueban los nexos causales de los acusados con las econom\u00edas criminales que depredan el ambiente. Y Lily Rueda, quien lleva el caso de reclutamiento de menores contra las FARC, se\u00f1al\u00f3<\/a> que \u201cno [ve] posible calificar la miner\u00eda ilegal o los cultivos de uso il\u00edcito como medios o m\u00e9todos de combate\u201d. Al igual que sus dos colegas, consider\u00f3 que el auto describe dos actividades criminales que son amnistiables como cr\u00edmenes de guerra, rompiendo con la idea del acuerdo de paz de conceder la amnist\u00eda m\u00e1s amplia posible legalmente.<\/p>\n\n\n\n

En suma, las tres se\u00f1alaron que la acusaci\u00f3n no logra probar que hay da\u00f1os graves, extensos y duraderos, que los acusados fueron responsables directos de \u00e9stos y que lo hicieron mediante conductas violatorias del derecho internacional humanitario.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfUna justicia intercultural?<\/h2>\n\n\n\n

Otros dos magistrados defendieron las conclusiones de la acusaci\u00f3n. \u00d3scar Parra, que tambi\u00e9n lleva el caso de ejecuciones extrajudiciales, a\u00f1adi\u00f3 otros caminos adicionales<\/a> para calificarlo como crimen de guerra, incluyendo que las FARC omitieron sus obligaciones como potencia ocupante en los territorios donde fungieron como autoridad ambiental de facto y que \u201cla apropiaci\u00f3n de los recursos naturales, suelos, r\u00edos y dem\u00e1s fuentes acu\u00edferas o elementos partes de la interrelaci\u00f3n compleja del medio ambiente\u201d puede ser considerada una forma de pillaje, castigable con el mayor reproche en ambos tipos de conflicto.<\/p>\n\n\n\n

Belkis Izquierdo, la nueva vicepresidenta de la JEP<\/a> y quien lleva el caso territorial de Nari\u00f1o, plante\u00f3<\/a> que es un buen ejemplo de los \u201cdi\u00e1logos interculturales horizontales\u201d que debe tejer el tribunal de paz con los sistemas jur\u00eddicos propios de los pueblos \u00e9tnicos y que sus decisiones deben incorporar esas cosmovisiones. Eso implica, dice, reconocer la relaci\u00f3n \u201c\u00edntima\u201d y \u201carm\u00f3nica\u201d que tienen con el territorio, \u201cesencial para su supervivencia f\u00edsica, cultural y espiritual\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cM\u00e1s que entender el da\u00f1o cometido contra unidades de paisaje o recursos naturales, es necesario tener un enfoque relacional que considera la ruptura de relaciones socioecol\u00f3gicas a m\u00faltiples escalas y temporalidades\u201d, escribi\u00f3<\/a> Izquierdo, quien es ind\u00edgena arhuaca y fue la primera mujer ind\u00edgena<\/a> en llegar a una alta corte en Colombia. Luego plantea un camino jur\u00eddico que considera m\u00e1s id\u00f3neo que el elegido por S\u00e1nchez: la acciones de las FARC contra sitios sagrados configuran el crimen de guerra de destrucci\u00f3n de bienes culturales o lugares de culto. No considerarlo as\u00ed, escribe, significa que las visiones y vivencias de los pueblos \u00e9tnicos no se vean reflejadas en la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El que plantea Izquierdo no es un debate aislado, sino que refleja el de su propio caso, que aborda los cr\u00edmenes cometidos contra decenas de consejos comunitarios afro y varios resguardos aw\u00e1 -el pueblo ind\u00edgena m\u00e1s victimizado- en la regi\u00f3n del Pac\u00edfico fronteriza con Ecuador. Su propuesta de acusaci\u00f3n contra otro grupo de comandantes locales de la guerrilla fue presentada a la Sala en octubre pasado, seg\u00fan confirmaron a Justice Info dos personas que conocen el caso, pero a\u00fan no ha sido aprobado por sus colegas en medio de debates jur\u00eddicos similares.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00edmenes simb\u00f3licos<\/h2>\n\n\n\n

La manera como la JEP -la primera alta corte en Colombia<\/a> en tener magistrados ind\u00edgenas- termine resolviendo este debate jur\u00eddico tendr\u00e1 implicaciones hacia delante. No solo ser\u00e1 fundamental para los otros dos casos regionales ya abiertos, sino tambi\u00e9n para decidir qu\u00e9 hacer frente a los reclamos de otras v\u00edctimas y del sector ambiental.<\/p>\n\n\n\n

Como cont\u00f3 Justice Info<\/a>, un grupo de cient\u00edficos y expertos ambientales solicit\u00f3 al tribunal examinar la manera como los parques nacionales y los funcionarios p\u00fablicos que los cuidan fueron atacados por las FARC, incluyendo al menos un caso \u2013el asesinato del guardaparques Mart\u00edn Duarte en el Parque Nacional Sierra de la Macarena- en el que uno de los presuntos victimarios est\u00e1 pendiente de que la JEP defina su situaci\u00f3n jur\u00eddica. El sector privado tambi\u00e9n ha insistido<\/a> en que se aborden los 3.659 ataques contra oleoductos en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas, que han contaminado r\u00edos y acu\u00edferos, incluyendo m\u00e1s de 700 perpetrados por las FARC<\/a> en Nari\u00f1o y Putumayo. Ambos son cr\u00edmenes de alto valor simb\u00f3lico por el que la antigua guerrilla a\u00fan no ha respondido.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n puede marcar otros procesos transicionales a futuro. Sobre todo porque el gobierno de Gustavo Petro inici\u00f3 una negociaci\u00f3n de paz con el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), otra guerrilla a\u00fan en armas que hist\u00f3ricamente ha centrado su actividad militar en la explosi\u00f3n de oleoductos como manera de luchar contra el modelo econ\u00f3mico. Si prosperan los di\u00e1logos con esa guerrilla, sus integrantes podr\u00edan llegar a alg\u00fan mecanismo de justicia transicional<\/a> \u2013sea la JEP o uno nuevo- y, por lo tanto, responder por estos actos b\u00e9licos y los da\u00f1os ambientales que causaron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa justicia transicional a nivel internacional ha debido encarar y dar respuesta jur\u00eddica a demandas de justicia que no la hab\u00edan encontrado en la justicia ordinaria. Ac\u00e1 lo que est\u00e1 en juego es la posibilidad de que la JEP tome en cuenta las demandas de justicia ambiental y territorial de las v\u00edctimas\u201d, dice Gloria Lopera, una profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional que ha estudiado<\/a> la historia jur\u00eddica de los territorios ind\u00edgenas. \u201cEsos da\u00f1os ambientales y esa apropiaci\u00f3n del territorio en clave extractivista y criminal no son algo secundario, sino parte de lo que ha alimentado el conflicto y lo ha mantenido vigente\u201d.<\/p>\n\n\n

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