{"id":127254,"date":"2024-01-16T12:29:26","date_gmt":"2024-01-16T11:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/?p=127254"},"modified":"2024-02-12T19:00:47","modified_gmt":"2024-02-12T18:00:47","slug":"indigenas-awa-colombia-justicia-violencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/127254-indigenas-awa-colombia-justicia-violencia.html","title":{"rendered":"Los ind\u00edgenas aw\u00e1 en Colombia, m\u00e1s cerca de la justicia pero azotados por la violencia"},"content":{"rendered":"\n

En 2023, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz emiti\u00f3 decisiones pioneras sobre los cr\u00edmenes cometidos contra pueblos ind\u00edgenas y afrodescendientes en Colombia. En particular, incluy\u00f3 los cr\u00edmenes de guerra de destrucci\u00f3n de la naturaleza como bien civil y destrucci\u00f3n del territorio como bien cultural y lugar de culto. Pero la justicia transicional mostr\u00f3 sus l\u00edmites, ya que el nivel de violencia actual contra algunos de estos grupos es igual al de los a\u00f1os de la guerra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Durante 2023 la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz (JEP)<\/a> colombiana present\u00f3 sus primeras dos acusaciones en los macro casos donde eligi\u00f3 no centrarse en cr\u00edmenes emblem\u00e1ticos, sino en regiones espec\u00edficas del pa\u00eds. Con ellas, el tribunal especial derivado del acuerdo de paz puso por primera vez la lupa en la manera c\u00f3mo minor\u00edas \u00e9tnicas<\/a>, tanto ind\u00edgenas como afro-descendientes, fueron especialmente violentadas a lo largo de medio siglo de conflicto armado en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Una de esas decisiones, que sali\u00f3 en julio<\/a>, supuso un hito porque reconstruy\u00f3 la victimizaci\u00f3n masiva que sufrieron los aw\u00e1, quiz\u00e1s el pueblo ind\u00edgena m\u00e1s atacado de los 115 que hay en el pa\u00eds. Los cr\u00edmenes que las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cometieron contra ellos, argument\u00f3 la JEP, \u201cfueron de tal gravedad que comprometieron su existencia y pervivencia f\u00edsica y cultural\u201d. Por estos hechos, la JEP acus\u00f3 a 15 antiguos mandos regionales de las FARC en Nari\u00f1o, en la esquina suroccidental del pa\u00eds, como m\u00e1ximos responsables de haber cometido 16 cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad, incluyendo homicidio, desaparici\u00f3n forzada, violaci\u00f3n, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonal. Entre ellos hubo un primer repitente, Pablo Catatumbo, que ya hab\u00eda sido imputado por secuestro.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIndependientemente de que los miembros de las extintas FARC-EP no tuvieran como pol\u00edtica escrita discriminar a los pueblos \u00e9tnicos\u201d, escribi\u00f3 la magistrada Belkis Izquierdo en su auto, \u201cla pol\u00edtica de control territorial y social implementada en estos lugares constituy\u00f3 un ataque a su existencia (\u2026.) que les afect\u00f3 de manera grave, diferenciada y desproporcionada\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Desafortunadamente, la seguidilla de asesinatos y ataques han seguido a los aw\u00e1 en el \u00faltimo a\u00f1o y medio, con lo que su supervivencia contin\u00faa en entredicho. Esa oleada de violencia subraya las limitaciones de la JEP y de la justicia transicional, que buscan hacer justicia por las atrocidades ocurridas en el pasado reciente, pero que quedan impotentes ante las disputas hoy entre grupos armados ilegales por el territorio aw\u00e1 y la persistente violencia contra ellos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUn riesgo de exterminio f\u00edsico, cultural y espiritual\u201d<\/h2>\n\n\n\n

A lo largo de 1.046 p\u00e1ginas, la JEP document\u00f3 todos los delitos que cometieron las FARC durante un cuarto de siglo contra los aw\u00e1<\/a>, un grupo de 44 mil ind\u00edgenas<\/a> repartidos en 55 resguardos en donde la cordillera de los Andes desciende hacia el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico, muy cerca de la frontera con Ecuador. De asesinatos y desapariciones forzadas a reclutamiento de menores, violencia sexual y el uso indiscriminado de minas antipersonal, el ensa\u00f1amiento de la guerrilla con ellos fue tal que, seg\u00fan la imputaci\u00f3n, \u201clos llevaron al riesgo del exterminio f\u00edsico, cultural y espiritual\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los n\u00fameros del auto son aturdidores: entre 1990 y 2016, la guerrilla asesin\u00f3 a 185 aw\u00e1, incluyendo a 17 ni\u00f1os y a 11 adultos mayores. Solo entre 2005 y 2007 causaron el desplazamiento masivo de 4200 ind\u00edgenas y luego, entre 2012 y 2013, de otros 5000. Todo esto en una poblaci\u00f3n que, como resalta el auto, tiene niveles de pobreza del 83 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de las cifras, resultan escalofriantes los relatos de la sevicia con que los atacaban dentro de sus resguardos, territorios de propiedad colectiva a los que los guerrilleros entraban sin pedir autorizaci\u00f3n y donde buscaban a sus v\u00edctimas con lista en mano. Con frecuencia, rellenaban las barrigas de sus v\u00edctimas con piedras y tiraban sus cuerpos a los r\u00edos, prohibiendo o impidiendo a sus familiares buscarlos.<\/p>\n\n\n\n

Cinco ind\u00edgenas asesinados en 2003 fueron torturados al punto que, en palabras del tribunal, ten\u00edan \u201csus rostros salvajemente desfigurados con arma blanca\u201d. La muerte del adolescente Jos\u00e9 Melandro Pai en 2012, tras pisar una mina antipersonal sembrada a 500 metros de su escuela, ocasion\u00f3 el desplazamiento de 420 familias en el resguardo Inda Sabaleta. Una mujer, referida en el auto como la \u2018v\u00edctima 33\u2019, fue violada de manera rutinaria todas las semanas durante tres meses. Y en una de las masacres m\u00e1s emblem\u00e1ticas para los aw\u00e1, guerrilleros de la columna m\u00f3vil Mariscal Sucre asesinaron en 2009 a once personas en el resguardo de Tortuga\u00f1a Telemb\u00ed. Entre ellas hab\u00eda dos mujeres embarazadas, cuyos vientres y genitales rajaron, en lo que la JEP describi\u00f3 como un ejemplo del \u201censa\u00f1amiento contra el cuerpo de las mujeres\u201d. Cinco de esas v\u00edctimas contin\u00faan desaparecidas a hoy, incluidos los dos beb\u00e9s \u00d1amb\u00ed y Telemb\u00ed que bautizaron seg\u00fan r\u00edos locales y cuyos nombres los aw\u00e1 adoptaron recientemente para llamar su estrategia de autoprotecci\u00f3n y resistencia cultural.<\/p>\n\n\n\n

Asesinatos de l\u00edderes<\/h2>\n\n\n\n

Varios episodios muestran como sometieron a una misma familia a un continuo de vej\u00e1menes. Cuando un ni\u00f1o de 15 a\u00f1os que hab\u00eda sido reclutado se neg\u00f3 a atentar contra su familia y se fug\u00f3, las FARC fueron a su casa en Inda Sabaleta a violar a siete mujeres, incluidas dos ni\u00f1as de 12 y 13 a\u00f1os. A otra familia, que se neg\u00f3 a aceptar la relaci\u00f3n amorosa de un guerrillero con su hija de 13 a\u00f1os, le reclutaron otros dos hijos y los desplazaron.<\/p>\n\n\n\n

Muchos de los blancos de las FARC eran l\u00edderes aw\u00e1 reconocidos. En 2004, asesinaron a Efr\u00e9n Pascal, gobernador del resguardo Cuasb\u00ed Yaslamb\u00ed, negando por a\u00f1os su responsabilidad y jam\u00e1s revelando su paradero. Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, depararon la misma suerte al ex gobernador del resguardo Mag\u00fc\u00ed, Jos\u00e9 Antonio Valenzuela, y a su hermano Jhon Jairo, amenazando luego a su madre para que dejara de buscarlos y oblig\u00e1ndola a desplazarse. Llegaron a vetar a los ind\u00edgenas llevar camisetas de Unipa, una de las organizaciones que los representan pol\u00edticamente a nivel nacional. La finalidad, dice el auto, era \u201canular o cooptar la autonom\u00eda, el gobierno propio y el proceso organizativo del pueblo aw\u00e1\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Un piloto de \u201cdi\u00e1logo intercultural\u201d<\/h2>\n\n\n\n

De manera muy interesante, la imputaci\u00f3n hace un esfuerzo visible por incorporar la visi\u00f3n de los aw\u00e1 y narrar los da\u00f1os desde su l\u00f3gica \u2013 algo explicado parcialmente por el hecho de que el caso fue liderado por la magistrada Belkis Izquierdo, ella misma una ind\u00edgena arhuaca y la primera mujer ind\u00edgena<\/a> en llegar a una alta corte en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, argument\u00f3 la JEP, la prohibici\u00f3n de las FARC de recuperar los cuerpos tiene un agravante adicional, dada la costumbre aw\u00e1 de enterrar sus ombligos al nacer en su hogar como manera de \u201csembrar para la vida\u201d. \u201cSi los aw\u00e1 no son integrados a su territorio, se genera un desequilibrio\u201d, dice la decisi\u00f3n judicial, que fue uno de los primeros pilotos del \u201cdi\u00e1logo intercultural horizontal<\/a>\u201d que el tribunal de paz se propuso tejer con los sistemas jur\u00eddicos propios de los pueblos \u00e9tnicos.<\/p>\n\n\n\n

Una  pieza clave de esa apuesta fue un proyecto en el que siete l\u00edderes ind\u00edgenas y afro con experiencia en temas ambientales y conocimiento del territorio, que la JEP llam\u00f3 \u2018expertos interculturales\u2019 y que fueron postulados por sus propias organizaciones, trabajaron con dos t\u00e9cnicos ambientales para recoger evidencia de los da\u00f1os sociales y ecol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n notificaron personalmente a 11 territorios ind\u00edgenas y afro-descendientes del contenido de la imputaci\u00f3n, un proceso novedoso que terminaron en diciembre. Pero que tambi\u00e9n significa que -en una de las posibles dificultades de este enfoque- los 15 acusados tendr\u00e1n hasta febrero para decidir si aceptan los cargos (casi cuatro veces m\u00e1s tiempo que otros imputados).<\/p>\n\n\n\n

\"Asamblea
La JEP notific\u00f3 en persona de la imputaci\u00f3n a varios resguardos aw\u00e1 en Nari\u00f1o. Foto: JEP.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cr\u00edmenes contra la \u201ccasa grande\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Para la JEP, los da\u00f1os no ocurrieron \u00fanicamente contra los aw\u00e1, sino tambi\u00e9n contra el territorio que ellos llaman \u2018katsa su\u2019 \u2013 o \u201ccasa grande\u201d en lengua awapit- que el tribunal acredit\u00f3 como v\u00edctima en el macro caso.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el auto, los atentados de las FARC contra el Oleoducto Transandino y su promoci\u00f3n de la miner\u00eda ilegal de oro causaron graves consecuencias ecol\u00f3gicas y sociales en una de las zonas m\u00e1s biodiversas de Colombia. Los derrames de petr\u00f3leo contaminaron cientos de kil\u00f3metros de r\u00edos y esteros, afectando los ciclos de vida de las sabaletas y barbudos que los aw\u00e1 pescan y espantando a otros animales que cazan. Algunos resguardos, como el de Palmar Imbi, se quedaron sin agua potable por dos meses. Tambi\u00e9n aumentaron los suicidios de ind\u00edgenas \u2013o \u2018envenenados\u2019 en la concepci\u00f3n aw\u00e1- por ingesta de qu\u00edmicos usados en el procesamiento de coca\u00edna, otra actividad que financiaba a la guerrilla.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de esos impactos los relata la JEP desde la cosmovisi\u00f3n aw\u00e1. Por ejemplo, las manchas de crudo conllevaron la p\u00e9rdida de plantas medicinales, sobre todo acu\u00e1ticas, como la pichanga que usan en ceremonias de armonizaci\u00f3n o el chaguare que cura la enfermedad del mal viento, as\u00ed como realizar el ritual del chut\u00fan<\/em>. Disminuyeron tambi\u00e9n los caracoles de r\u00edo que usan para tratar dolores estomacales y las iguanas cuya manteca alivia los dolores del parto. Esa contaminaci\u00f3n tambi\u00e9n caus\u00f3 -se\u00f1ala el tribunal- que el esp\u00edritu al que llaman kuanka<\/em>, que vive en las chorreras, los abandonara y que perdieran su protecci\u00f3n. Y ocasion\u00f3 la desaparici\u00f3n de sitios sagrados, como un t\u00fanel donde los mayores resguardaban documentos comunitarios que bien podr\u00edan ser t\u00edtulos de la tierra.<\/p>\n\n\n\n

Esas p\u00e9rdidas, concluy\u00f3 la JEP, generaron \u201cdesarmon\u00edas\u201d para los aw\u00e1 y significaron que \u201cvieron debilitado su v\u00ednculo inescindible con el territorio, del que se nutren y que determina su forma de vida\u201d. De ah\u00ed que, entre los cr\u00edmenes que imput\u00f3 a los 15 guerrilleros est\u00e1n los cr\u00edmenes de guerra de destrucci\u00f3n de la naturaleza como bien civil y de destrucci\u00f3n del territorio como bien cultural y lugar de culto.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que ocurri\u00f3 all\u00ed respondi\u00f3 a una pol\u00edtica\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Para la JEP, los cr\u00edmenes cometidos por las FARC contra los aw\u00e1, igual que contra los afrodescendientes y los ind\u00edgenas eperara siapidaara en ese rinc\u00f3n de Nari\u00f1o, formaban parte de su pol\u00edtica de control social y territorial. Con esa estrategia buscaban, entre otros objetivos, dominar corredores estrat\u00e9gicos, financiar y engrosar sus filas, cooptar las organizaciones sociales y castigar a quienes no aceptaban su autoridad. \u201cLo que ocurri\u00f3 all\u00ed respondi\u00f3 a una pol\u00edtica, en ocasiones ordenada expresamente, en otras promovida y, en otros supuestos, autorizada t\u00e1citamente por los comandantes\u201d, razon\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 reconstruyendo met\u00f3dicamente -citando planes, manuales y cartillas de la guerrilla- la manera como cada uno de los seis patrones de macro criminalidad que identific\u00f3 tuvo su origen en orientaciones de la c\u00fapula de las FAR, que luego fueron puestas en marcha en Nari\u00f1o por los l\u00edderes de su Bloque Occidental Alfonso Cano y tres estructuras locales bajo su mando.<\/p>\n\n\n\n

Era una estrategia que no solo se expresaba con actos violentos, sino tambi\u00e9n con el lenguaje. La guerrilla usaba, dice la JEP, \u201cun discurso estereotipado, de discriminaci\u00f3n y racismo\u201d que inclu\u00eda se\u00f1alar sin sustento a los aw\u00e1 y a sus l\u00edderes de ser violentos, borrachos y corruptos, rasgos que le permit\u00edan justificar su imposici\u00f3n de un \u201corden\u201d y de unas normas obligatorias de \u201cconvivencia\u201d. Como admiti\u00f3 uno de los imputados, Diego Alberto Gonz\u00e1lez \u201cEl Pollo\u201d, \u201cno podemos dejar que la gente hiciera o sea lo que quisiera\u201d. Por este motivo, el tribunal tambi\u00e9n les imput\u00f3 el crimen de guerra de persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Todo esto llev\u00f3 a la JEP a argumentar que las FARC buscaron el exterminio de los aw\u00e1. \u201cLa pervivencia de estos pueblos no puede garantizarse con la mera existencia f\u00edsica de sus miembros individualmente considerados, sino que es necesario que puedan continuar como pueblo, para lo cual no solo necesitan estar vivos f\u00edsicamente, sino permanecer en sus territorios y conservar su cosmovisi\u00f3n\u201d, argument\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Una nueva oleada de violencia en dos pa\u00edses<\/h2>\n\n\n\n

Solo nueve d\u00edas despu\u00e9s de que la JEP develara su acusaci\u00f3n contra las FARC, ocurri\u00f3 un nuevo acto de violencia con miembros del pueblo aw\u00e1. El 22 de julio, una estructura disidente de esa guerrilla que decidi\u00f3 no desarmarse con el proceso de paz asesin\u00f3<\/a> al l\u00edder comunitario Camilo Guanga, a que ya hab\u00edan retenido un a\u00f1o atr\u00e1s, en el resguardo Piguamb\u00ed Palangala. Una semana despu\u00e9s, hombres armados asesinaron<\/a> a tres ind\u00edgenas, incluyendo dos adolescentes, en el resguardo Saude Wiway.<\/p>\n\n\n\n

Son apenas dos de los casos de una larga lista de un 2023 fat\u00eddico para los aw\u00e1. En enero,  cuando despuntaba el a\u00f1o, el guardia ind\u00edgena Jos\u00e9 Taicus Pascal, de 16 a\u00f1os, fue acribillado<\/a> en el resguardo Alto Abi. Un mes m\u00e1s tarde fue asesinado<\/a> el joven Alejandro Taicus en el resguardo Gran Rosario y, poco despu\u00e9s<\/a>, el guardia Marlon Hernando Garc\u00eda en El Gran S\u00e1balo. En ese mismo territorio fue asesinado<\/a> en agosto Carlos Pai, de 20 a\u00f1os, mientras rogaba sin \u00e9xito en awapit a los integrantes de un grupo armado con los que se top\u00f3 en la selva. Al mes fue asesinada<\/a> Anarceli Preciado en Hojal La Turbia.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n se ha deteriorado tanto que en marzo las Defensor\u00edas del Pueblo de Colombia y Ecuador lanzaron, por primera vez, una alerta temprana binacional<\/a> advirtiendo que en seis meses se hab\u00eda reportado el confinamiento y desplazamiento de 10 mil ind\u00edgenas. En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os se han triplicado los ataques<\/a> y ya igualan ya los picos m\u00e1s altos de los a\u00f1os cubiertos por la investigaci\u00f3n de la JEP, seg\u00fan el observatorio de derechos humanos de su organizaci\u00f3n Unipa. Ese riesgo de seguridad, que hab\u00eda originado ya unas medidas cautelares<\/a> del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2021, fue el que llev\u00f3 al tribunal a anonimizar los nombres de todos los ind\u00edgenas que testificaron, llam\u00e1ndolos simplemente \u2018v\u00edctima\u2019 y asign\u00e1ndoles un n\u00famero.<\/p>\n\n\n\n

No es la primera vez que un logro jur\u00eddico viene seguido por una r\u00e1faga de violencia. Apenas nueve d\u00edas despu\u00e9s de que la Corte Constitucional determin\u00f3<\/a> en 2009 \u2013en una sentencia considerada emblem\u00e1tica- que los aw\u00e1 y otros 29 pueblos ind\u00edgenas estaban en \u201calto riesgo de exterminio cultural o f\u00edsico\u201d por cuenta del conflicto armado, ocurri\u00f3 la tristemente c\u00e9lebre masacre de Tortuga\u00f1a Telemb\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos intentos de pluralismo jur\u00eddico m\u00e1s audaces en Colombia\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Esa oleada de ataques contra los aw\u00e1, justo cuando trabajaron en llave con la JEP para documentar los cr\u00edmenes de las FARC en su contra y cuando por fin atisban una justicia que les hab\u00eda sido esquiva, evidencia los l\u00edmites que tiene la justicia transicional frente a las violencias del presente. Un l\u00edmite de tiempo por un lado, ya que el tribunal puede investigar hechos cometidos hasta 2016, pero tambi\u00e9n de mandato frente a perpetradores dado que solo puede centrarse en las FARC y los agentes estatales, y no en grupos dedicados al crimen organizado o al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl nuestro es un escenario de justicia transicional donde el conflicto armado sigue, donde se desmoviliz\u00f3 una guerrilla pero estamos lejos de que se acabe la guerra. Eso, sin embargo, no le quita sentido y valor a los caminos de justicia que se han venido andando, que son los intentos de pluralismo jur\u00eddico m\u00e1s audaces que hemos visto en Colombia\u201d, dice la abogada e historiadora Gloria Lopera, quien ha estudiado<\/a> la historia jur\u00eddica de los territorios ind\u00edgenas. Resultado de ese trabajo intercultural es una de las propuestas que ya hay de sanci\u00f3n restaurativa, que contempla la reconstrucci\u00f3n por parte de ex guerrilleros de las FARC \u2013incluyendo los acusados pero tambi\u00e9n otros- de una casa de sabidur\u00eda y la restauraci\u00f3n de los ecosistemas en Tortuga\u00f1a Telemb\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Para Lopera, esos avances son el resultado de la composici\u00f3n diversa de la JEP \u2013donde hay cuatro magistrados ind\u00edgenas y cuatro afro- y por su decisi\u00f3n de tomarse en serio el di\u00e1logo intercultural. \u201cNo salen de la nada\u201d, dice.<\/p>\n\n\n

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t
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\"Environmental<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\tColombia's transitional justice\u00a0cannot agree on how to prosecute environmental crimes\r\n\t\t<\/a>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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