{"id":130958,"date":"2024-04-16T09:08:21","date_gmt":"2024-04-16T07:08:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/130958-colombia-alternative-sanctions-silence-on-punishment.html"},"modified":"2024-05-28T13:52:30","modified_gmt":"2024-05-28T11:52:30","slug":"colombia-jep-devela-sus-sanciones-alternativas-pero-guarda-silencio-sobre-castigos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/130958-colombia-jep-devela-sus-sanciones-alternativas-pero-guarda-silencio-sobre-castigos.html","title":{"rendered":"Colombia: la JEP devela sus sanciones alternativas pero guarda silencio sobre castigos"},"content":{"rendered":"\n

Tras seis a\u00f1os de trabajo y tres de sus imputaciones pioneras, el tribunal especial de la justicia transicional colombiana, conocido \u2013\u00a0 como la JEP \u2013 \u00a0se acerca por fin a imponer sus primeras sanciones. Con el lanzamiento de un proyecto de restauraci\u00f3n ambiental, comenz\u00f3 a develar c\u00f3mo funcionar\u00e1 el aspecto reparador de sus sanciones especiales. Pero a\u00fan mantiene en la nebulosa c\u00f3mo ser\u00e1 su componente retributivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

La ma\u00f1ana del 2 de abril, 31 ex militares madrugaron para reunirse en la laguna de Chisac\u00e1, enclavada en lo alto de los Andes a 20 kil\u00f3metros de Bogot\u00e1. Frente a un grupo de v\u00edctimas de las localidades de Usme y Ciudad Bol\u00edvar, dos de las m\u00e1s pobres de la capital colombiana, dieron los primeros pasos simb\u00f3licos<\/a> de una tarea que realizar\u00e1n a partir de ahora durante varios meses y, algunos de ellos, a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Gabriel de Jes\u00fas Rinc\u00f3n, un coronel retirado del Ej\u00e9rcito imputado por cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad por la justicia transicional colombiana, se acuclill\u00f3 y sostuvo un peque\u00f1o arbolito de un metro de altura. A su lado, el mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte, tambi\u00e9n acusado de cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, pale\u00f3 tierra al hoyo donde ahora crecer\u00e1. Juntos sembraron un ejemplar de salvio negro, un \u00e1rbol nativo<\/a> de hojas rugosas y perfumadas, pero tambi\u00e9n el germen de un proyecto de restauraci\u00f3n ambiental con el que buscan redimirse por su responsabilidad en cientos de asesinatos. \u201cEs un paso fundamental para poder mirar de frente a las personas a las cuales le causamos el dolor m\u00e1s grande de no poder ver a sus familiares y seres queridos\u201d, dijo Rinc\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Primer piloto del \u201csistema restaurativo\u201d<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Desde mediados de marzo, ellos dos y otros 44 ex militares que participaron en la ejecuci\u00f3n extrajudicial de al menos 6.402 civiles luego pasados falsamente por guerrilleros muertos en combate \u2013 <\/strong>un fen\u00f3meno criminal que los colombianos conocen con el eufemismo de los \u2018falsos positivos\u2019 \u2013 <\/strong> trabajan restaurando los bosques de alta monta\u00f1a aleda\u00f1os a Bogot\u00e1. Lo est\u00e1n haciendo en el marco del primer piloto con que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial del sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz de 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comenz\u00f3 a esbozar por fin las sanciones que recibir\u00e1n quienes cometieron atrocidades durante medio siglo de conflicto armado en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Con la puesta en marcha de lo que llam\u00f3 el \u201csistema restaurativo\u201d, la JEP avanza - seis a\u00f1os tras abrir sus puertas y tres a\u00f1os tras su primera imputaci\u00f3n - en despejar una de sus mayores inc\u00f3gnitas: \u00bfc\u00f3mo ser\u00e1n sus sanciones \u2018especiales\u2019 o \u2018alternativas\u2019, que buscan un punto medio entre el enfoque tradicional punitivista de c\u00e1rcel con la posibilidad de lograr la paz? Solo que por ahora el tribunal especial est\u00e1 haciendo casi todo el \u00e9nfasis en el car\u00e1cter reparador que deben tener esas sanciones, seg\u00fan el acuerdo de paz, pero casi nada en el componente retributivo que tambi\u00e9n deben cumplir.<\/p>\n\n\n\n

Restaurar el bosque para resarcir<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u201c\u00bfQu\u00e9 queremos con este proyecto? Resarcir su buen nombre mediante estos trabajos de restauraci\u00f3n\u201d, dijo el coronel Rinc\u00f3n, quien fue segundo al mando de la Brigada M\u00f3vil 15 que cometi\u00f3<\/a> 120 ejecuciones extrajudiciales, 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato en la regi\u00f3n del Catatumbo. Su colega de siembra, el mayor Soto Bracamonte, fue integrante de la Brigada XVI en Casanare que asesin\u00f3 a 303 personas<\/a>. Ambos fueron imputados como m\u00e1ximos responsables de lo que la JEP llam\u00f3 \u201caparatos criminales enquistados\u201d en unidades militares.<\/p>\n\n\n\n

Junto con ellos est\u00e1n trabajando desde mediados de marzo otros 10 m\u00e1ximos responsables, que tambi\u00e9n fueron imputados y comunicaron a la JEP su decisi\u00f3n de reconocer su responsabilidad, aportar verdad y reparar a las v\u00edctimas, condiciones ineludibles para calificar a una sanci\u00f3n especial. Los 34 restantes no han sido imputados: algunos podr\u00edan serlo en los meses que vienen, mientras los restantes probablemente ser\u00e1n considerados part\u00edcipes no determinantes de esos cr\u00edmenes. El tribunal considera<\/a> que todos est\u00e1n en \u201ccumplimiento anticipado de sanciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"Un
M\u00e1s de 40 antiguos militares, incluyendo una decena imputados por la Jurisdiction Especial para la Paz (JEP) y otros que no lo han sido, est\u00e1n restaurando 15 hect\u00e1reas de bosque en las inmediaciones de Bogot\u00e1. Foto: JEP.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Sus tareas reparadoras consisten en sembrar \u00e1rboles nativos de array\u00e1n, garrocho o sauco, mantener viveros y controlar plantas invasivas como el retamo espinoso originario de Europa occidental y ampliamente extendido por las monta\u00f1as colombianas. Lo est\u00e1n haciendo en terrenos propiedad de la empresa estatal de acueducto de Bogot\u00e1, con apoyo t\u00e9cnico del Jard\u00edn Bot\u00e1nico de la ciudad y la ong ambiental Fundaci\u00f3n Natura. Su objetivo final es ayudar a que estos terrenos degradados recuperen su funci\u00f3n ambiental dentro del estrat\u00e9gico corredor que une los p\u00e1ramos de Chingaza y Sumapaz, verdaderas f\u00e1bricas de agua que abastecen<\/a> a m\u00e1s de diez millones de personas (en momentos en que, ir\u00f3nicamente, Bogot\u00e1 empez\u00f3 a racionar el uso de agua<\/a> por una prolongada sequ\u00eda).<\/p>\n\n\n\n

Un nuevo camino para que perpetradores reparen a v\u00edctimas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El de Rinc\u00f3n es un s\u00edmil que retom\u00f3 el magistrado Roberto Vidal, tercer presidente de la JEP en sus seis a\u00f1os de operaciones, al equiparar las sanciones especiales de la justicia transicional con el esfuerzo de recuperar un ecosistema y los servicios ambientales que provee. \u201cLos bi\u00f3logos entienden muy bien que restaurar el ambiente es un proceso delicado y complejo, de largo plazo, en el que hay que rehacer el suelo y las plantas. Pero no es solo un problema material, sino de reconstruir la relaci\u00f3n del hombre con la naturaleza\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

De manera similar, argument\u00f3 Vidal, la JEP busca que su trabajo y sus sanciones reconstruyan las relaciones entre v\u00edctimas, perpetradores y comunidades locales. \u201cHasta ahora hemos trabajado en el pa\u00eds alrededor del juzgamiento e imposici\u00f3n de penas de c\u00e1rcel, aislando a los perpetradores de la sociedad. Con estos proyectos intentamos un nuevo camino, en el que los comparecientes pueden trabajar aportando a la restauraci\u00f3n de las v\u00edctimas y, entre todos, buscar un proceso de reconciliaci\u00f3n\u201d, dijo<\/a>. Otro imputado, el general retirado Henry Torres Escalante, hizo eco de esa idea y prometi\u00f3 que \u201clas segundas oportunidades a los infractores han resultado mucho m\u00e1s favorables para las v\u00edctimas porque minimizan el riesgo de revictimizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del de los bosques del Usme, hay otros dos \u201cproyectos restaurativos exploratorios\u201d concertados con las v\u00edctimas. En el Pac\u00edfico nari\u00f1ense, donde la JEP imput\u00f3 a 15 antiguos mandos regionales<\/a> de las FARC, ex integrantes de esa guerrilla reconstruir\u00e1n una casa de sabidur\u00eda y su camino de acceso en el resguardo Tortuga\u00f1a Telemb\u00ed, lugar de una masacre emblem\u00e1tica<\/a> contra los ind\u00edgenas aw\u00e1. En el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, sede de uno de los tres macro casos originales de la JEP que tras cinco a\u00f1os de investigaci\u00f3n a\u00fan no han visto una acusaci\u00f3n, 18 ex guerrilleros y militares trabajar\u00e1n juntos en una iniciativa de educaci\u00f3n en el riesgo de minas antipersonal. En los meses venideros, pueden surgir proyectos<\/a> en infraestructura, educaci\u00f3n y b\u00fasqueda de personas desaparecidas.<\/p>\n\n\n\n

Preguntas sin responder<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Si bien el lanzamiento de los pilotos avanza una tarea pendiente desde hace seis a\u00f1os, tiene todav\u00eda un hueco notable: al concentrarse en la faceta reparadora de sus sanciones especiales, el tribunal especial est\u00e1 omitiendo la otra.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo de paz firmado con las FARC ide\u00f3 una f\u00f3rmula innovadora que no se ha probado en ning\u00fan otro lugar, cuyo resultado es un sistema de doble v\u00eda que mezcla dos tipos de penas<\/a>: el castigo y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Cuando los perpetradores reconocen su responsabilidad, pueden optar a una sanci\u00f3n especial de 5 a 8 a\u00f1os en un entorno no penitenciario. En caso contrario, van a un juicio adversarial y se enfrentan penas de hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Ese primer carril, si bien no contempla prisi\u00f3n, implica \u201crestricciones efectivas de libertades y derechos\u201d, incluyendo horarios claros, residencias espec\u00edficas (unidades militares para soldados y \u00e1reas no mayores a los campamentos de reincorporaci\u00f3n de 20 hect\u00e1reas donde los integrantes de las FARC dejaron las armas para \u00e9stos), permisos de traslado y un mecanismo de verificaci\u00f3n liderado por la misi\u00f3n de ONU en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, muchos detalles siguen siendo un misterio. \u00bfQu\u00e9 tipo de entornos no carcelarios ser\u00e1n? \u00bfQu\u00e9 har\u00e1 el restante centenar de personas imputadas hasta ahora? \u00bfLa misi\u00f3n de la ONU verificar\u00e1 a todos los sancionados o, como se\u00f1al\u00f3 en 2022<\/a>, apenas unas \u201ctendencias generales de cumplimiento y casos individuales concretos\u201d? \u00bfLos que entraron en pol\u00edtica, incluyendo dos actuales congresistas que han sido imputados, se ver\u00e1n obligados a abandonar sus cargos p\u00fablicos una vez sean condenados o podr\u00e1n seguir desempe\u00f1\u00e1ndolos? \u00bfSe les descontar\u00e1 alg\u00fan tiempo anterior a sus penas? Esta \u00faltima es una de las m\u00e1s sensibles porque, aunque el acuerdo lo permite siempre que hayan estado reparando a las v\u00edctimas y que su libertad estuviese efectivamente restringida, a hoy no existe un sistema para controlar qui\u00e9n ha cumplido y qui\u00e9n no, y la mayor\u00eda de ex guerrilleros ya no est\u00e1 en los campamentos de reincorporaci\u00f3n sino que deambula libremente por el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En seis a\u00f1os, la JEP ha creado grupos de trabajo sobre sanciones y su anterior presidente Eduardo Cifuentes esboz\u00f3<\/a> lo que llam\u00f3 el \u2018complejo restaurativo\u2019, pero estas preguntas no encontraron respuesta. En el proyecto ambiental cerca de Bogot\u00e1, los comparecientes cumplen horarios y son transportados hasta el bosque donde trabajan, pero la JEP no ha dicho cu\u00e1les son las condiciones de restricci\u00f3n efectiva de la libertad que est\u00e1n cumpliendo.<\/p>\n\n\n\n

Presi\u00f3n de las FARC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Esa reticencia de la JEP a definir el r\u00e9gimen de sanciones podr\u00eda estar relacionada con la resistencia que todav\u00eda genera la idea en muchos de sus comparecientes. El 7 de febrero, los siete integrantes de la antigua c\u00fapula de las FARC \u2013 conocida como su secretariado \u2013 enviaron una carta p\u00fablica<\/a> al presidente Gustavo Petro criticando que, a su juicio, la JEP estaba empe\u00f1ada en \u201calejarse del esp\u00edritu y la letra de lo acordado\u201d y que sus interpretaciones lo estaban llevando a \u201cun terreno judicial punitivista\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre sus quejas est\u00e1n el bajo ritmo de concesi\u00f3n de amnist\u00edas y de renuncia a la persecuci\u00f3n penal de ex guerrilleros rasos, la \u201capertura interminable de macrocasos\u201d, la imputaci\u00f3n de antiguos mandos medios o que haya m\u00faltiples imputaciones a una persona (como le ocurri\u00f3 al senador Pablo Catatumbo, doblemente imputado por secuestro<\/a> y por el caso regional de Nari\u00f1o<\/a>). En su visi\u00f3n, esto \u201cvulnera la seguridad jur\u00eddica\u201d de los ex combatientes y mina su confianza en la justicia transicional, facilitando que muchos opten por retomar las armas. Esta \u00faltima afirmaci\u00f3n result\u00f3 muy controvertida y fue interpretada<\/a> como una amenaza.<\/p>\n\n\n\n

En una segunda carta<\/a> dos semanas despu\u00e9s, esta vez dirigida a los ex guerrilleros firmantes del acuerdo, los antiguos l\u00edderes de las FARC bajaron el tono a su advertencia y calificaron cualquier decisi\u00f3n de volver a la guerra como \u201cequivocada\u201d. Pero redoblaron sus cr\u00edticas sobre el supuesto \u201cdescarrilamiento\u201d de la JEP y en particular contra las sanciones, incluyendo el \u201cno reconocimiento de los periodos de privaci\u00f3n de la libertad\u201d o el \u201cirrespeto a las sanciones restaurativas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Una prueba de fuego de legitimidad pol\u00edtica y p\u00fablica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La legitimidad social a largo plazo del modelo transicional colombiano podr\u00eda depender de que se cumpla el componente retributivo. De un lado, ha sido un punto contencioso en pol\u00edtica. Aprovechando la ambig\u00fcedad de las sanciones y la realidad de que ex mandos de las FARC pudieran no pisar una c\u00e1rcel, los sectores pol\u00edticos opuestos al acuerdo de paz retrataron ese enfoque novedoso de rendici\u00f3n de cuentas como impunidad. Cuando el 50,2% de los colombianos rechaz\u00f3 el texto original en el plebiscito de 2016, lograron en la renegociaci\u00f3n subsiguiente que el texto definitivo delineara mejor el aspecto retributivo. Dos de esos l\u00edderes pol\u00edticos, Iv\u00e1n Duque y Marta Luc\u00eda Ram\u00edrez, ganaron las siguientes elecciones presidenciales en 2018, pero luego dejaron pasar sus cuatro a\u00f1os de gobierno sin casi insistir en definir los pendientes.<\/p>\n\n\n\n

En la pr\u00e1ctica, el gobierno Duque prefiri\u00f3 obstaculizar<\/a> a la JEP y luego ignorarla<\/a>, en vez de darse cuenta que - aunque el tribunal es la instituci\u00f3n del Estado que fija las sanciones - depende del Gobierno nacional para establecer los espacios de restricci\u00f3n y qui\u00e9nes los custodian (aspectos que en todo caso requieren presupuesto y una planeaci\u00f3n de meses). Apenas en junio de 2022 sac\u00f3 un documento de pol\u00edtica p\u00fablica<\/a>, donde esboz\u00f3 algunas l\u00edneas generales, pero - a mes y medio del cambio de gobierno - result\u00f3 poco y muy tard\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

De otro lado, una encuesta hecha por la polit\u00f3loga Sandra Botero de la Universidad del Rosario cuando iniciaba la JEP sugiere que la evaluaci\u00f3n de los colombianos sobre la justicia transicional var\u00eda seg\u00fan sus castigos. Botero pregunt\u00f3<\/a> a 1663 personas a nivel nacional en 2018 por la sanci\u00f3n hipot\u00e9tica del personaje ficticio Carlos Soto, con dos variaciones: a unos les plante\u00f3 que se trataba de un ex guerrillero y a otros un soldado, a unos una pena carcelaria y a otros un arresto domiciliario con labores de desminado humanitario. Aunque muchas v\u00edctimas privilegian la reparaci\u00f3n, su encuesta mostr\u00f3 que entre ciudadanos comunes el apoyo a la sanci\u00f3n restaurativa fue 0,26 puntos menor a la punitiva, en una escala de 1 a 6. No hubo diferencia entre el ex guerrillero y el soldado.<\/p>\n\n\n\n

Cinco a\u00f1os y cuatro imputaciones de la JEP despu\u00e9s, Juan Carlos Rodr\u00edguez Raga de la Universidad de los Andes retom\u00f3 el mismo personaje y condujo un experimento similar<\/a>. Hizo una \u00fanica pregunta a 1.503 personas en 2023, sobre un soldado culpable de homicidio que recib\u00eda detenci\u00f3n domiciliaria y desminaba. De nuevo, el enfoque punitivo prim\u00f3: la mitad de los encuestados lo valor\u00f3 negativamente y la tercera parte positivamente, con los restantes indiferentes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSabemos que a la justicia transicional se la juzga por sus resultados y opera en un contexto de polarizaci\u00f3n, que la restauraci\u00f3n es muy compleja y que el populismo punitivo es f\u00e1cil de vender. De ah\u00ed lo esencial y urgente de una labor pedag\u00f3gica sobre las sanciones de cara a la ciudadan\u00eda\u201d, dice Botero, que acaba de editar el libro \u2018Paz y opini\u00f3n p\u00fablica en Colombia\u2019<\/a> sobre este tema.<\/p>\n\n\n\n

La advertencia de la CPI<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

No s\u00f3lo los colombianos han alertado a la JEP de esto. Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, estipul\u00f3 en el \u2018acuerdo de cooperaci\u00f3n\u2019<\/a> con el que cerr\u00f3 su investigaci\u00f3n preliminar<\/a> sobre Colombia a finales de 2021 que podr\u00eda reversar su decisi\u00f3n si hubiese \u201ccualquier cambio significativo en las circunstancias\u201d. Entre los escenarios sobre los que advirti\u00f3 est\u00e1 \u201cla aplicaci\u00f3n de sanciones penales efectivas y proporcionadas de naturaleza retributiva y reparadora\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es una decisi\u00f3n que le corresponder\u00e1 fundamentalmente a los 20 magistrados de la secci\u00f3n de segunda instancia de la JEP, pendientes de emitir sentencias para la decena de imputaciones que ya presentaron sus colegas de la Secci\u00f3n de Reconocimiento. Las primeras tres, una de secuestro contra las FARC y dos por ejecuciones extrajudiciales contra militares, llevan m\u00e1s de dos a\u00f1os en sus despachos. La respuesta a esos dilemas que podr\u00edan parecer discusiones meramente jur\u00eddicas, as\u00ed como la efectividad del trabajo de los perpetradores restaurando el bosque en Usme, tienen al final ramificaciones pol\u00edticas que podr\u00edan afectar la legitimidad del modelo transicional colombiano.<\/p>\n\n\n

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t
Recomendado por la redacci\u00f3n<\/div>\r\n\t\t\t
\"Un<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\tEl pecado original interno de la JEP de Colombia\r\n\t\t<\/a>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tras seis a\u00f1os de trabajo y tres de sus imputaciones pioneras, el tribunal especial de la justicia transicional colombiana, conocido \u2013\u00a0 como la JEP \u2013 \u00a0se acerca por fin a imponer sus primeras sanciones. Con el lanzamiento de un proyecto de restauraci\u00f3n ambiental, comenz\u00f3 a develar c\u00f3mo funcionar\u00e1 el aspecto reparador de sus sanciones especiales. 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