Son decisiones hist\u00f3ricas por varios motivos. Los 19 condenados han admitido su responsabilidad en esos cr\u00edmenes en conmovedoras audiencias p\u00fablicas<\/a> y han pedido perd\u00f3n a sus v\u00edctimas tanto en p\u00fablico como en privado. En ese proceso los colombianos vieron a Rodrigo Londo\u00f1o o \u2018Timochenko\u2019, \u00faltimo comandante en jefe de las FARC, decir \u201csent\u00ed asco de las acciones que hicimos\u201d y al coronel H\u00e9ber Hern\u00e1n G\u00f3mez Naranjo lamentar<\/a> \u201clos frutos malditos de una oscura alianza\u201d con paramilitares. Ambos, ex guerrilleros y militares, fueron condenados por cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad, las calificaciones jur\u00eddicas de mayor reproche a nivel internacional.<\/p>\n\n\n\n Esto hace que sean el logro m\u00e1s tangible hasta ahora de la innovadora f\u00f3rmula transicional colombiana, que privilegia la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas por encima de las penas carcelarias. Si bien su anuncio calm\u00f3 muchas de las preocupaciones que se incubaron durante la larga espera<\/a>, todav\u00eda dejan preguntas cruciales abiertas, incluyendo en qu\u00e9 condiciones ser\u00e1n recluidos y si eso cumple el componente restrictivo que deben tener las sanciones. De la respuesta a estas inquietudes puede depender la legitimidad que estas decisiones tengan a largo plazo entre los colombianos y de si el modelo colombiano seguir\u00e1 siendo un referente \u2013y un camino posible para cerrar conflictos- en el mundo.<\/p>\n\n\n\n En los dos fallos, la secci\u00f3n superior de la JEP valid\u00f3 los hallazgos que los equipos liderados por los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Parra plasmaron en las detalladas imputaciones presentadas en 2021. Subray\u00f3 que las FARC secuestraron a miles de personas<\/a> buscando rescates econ\u00f3micos, presionar un canje por guerrilleros encarcelados y reafirmar su control social y territorial, infligi\u00e9ndoles tratos degradantes durante el cautiverio y causando enorme sufrimiento a sus familiares. Asimismo, reiter\u00f3 que militares asesinaron a civiles indefensos<\/a> y vulnerables \u2013primero habitantes locales y luego personas de otras ciudades enga\u00f1adas con falsas ofertas de trabajo- para pasarlos falsamente por guerrilleros muertos en combate para inflar sus logros.<\/p>\n\n\n\n Estas condenas eran la pieza que a\u00fan faltaba de la innovadora f\u00f3rmula transicional<\/a> colombiana, que se centra en investigar, juzgar y sancionar a los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y representativos. Lo hace mediante un sistema de dos carriles y sanciones que combinan dos tipos de finalidades<\/a>: el castigo y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Los perpetradores que reconocen su responsabilidad, aportan verdad y reparan a sus v\u00edctimas pueden optar por una sanci\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9vola de 5 a 8 a\u00f1os de restricci\u00f3n efectiva de la libertad en un entorno no penitenciario, mientras los que deciden no hacerlo se exponen a penas m\u00e1s largas y carcelarias.<\/p>\n\n\n\n A la ex c\u00fapula de las FARC, la JEP le impuso el tope alto de esa sanci\u00f3n: 8 a\u00f1os durante los cuales deber\u00e1n trabajar en proyectos para reparar el da\u00f1o que causaron. Lo hizo en virtud de \u201cla enorme gravedad de los cr\u00edmenes juzgados y la alta posici\u00f3n de liderazgo, mando y control que ten\u00edan los sancionados en la organizaci\u00f3n armada, lo que aument\u00f3 su culpabilidad y, en consecuencia, su responsabilidad\u201d. A los militares les impuso desde cinco y medio hasta ocho a\u00f1os, dado que algunos ya hab\u00edan estado en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El primer resultado del carril adversarial deber\u00eda conocerse en octubre. Tras un a\u00f1o y catorce audiencias, otra secci\u00f3n del mismo tribunal decidir\u00e1 si el coronel Hern\u00e1n Mej\u00eda, quien fue imputado en el mismo subcaso Caribe de falsos positivos pero opt\u00f3 por no admitir su rol e ir en vez a un juicio adversarial<\/a>, es condenado a hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n o si lo absuelve.<\/p>\n\n\n\n Los hist\u00f3ricos fallos llegaron siete a\u00f1os despu\u00e9s de que la JEP abriera sus puertas, un tiempo que quiz\u00e1s no es largo comparado con los ritmos de la Corte Penal Internacional (CPI) o de tribunales de la ONU como los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. Pero que, sin embargo, resulta dif\u00edcil de entender para un tribunal que ya ha acusado a 251 personas<\/a> y que, en los casos de secuestro y de falsos positivos, hab\u00eda presentado sus imputaciones originales hace cuatro a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n De hecho, el tiempo entre el momento en que estas acusaciones grupales quedaron en firme (lo que la JEP llama \u2018resoluciones de conclusiones\u2019) y las condenas fue m\u00e1s largo que el que le tom\u00f3 a los equipos de la Sala de Reconocimiento investigar y construir los casos. Algo parad\u00f3jico dado que las ventajas del modelo colombiano eran, siguiendo el consejo de la ex fiscal internacional Louise Arbour, incentivar el reconocimiento de los perpetradores y desentra\u00f1ar los patrones de macro-criminalidad en vez de abordar caso por caso, para acortar los procedimientos y lograr verdades judiciales que tocan a m\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n La JEP detall\u00f3 con claridad, por primera vez, c\u00f3mo funcionar\u00e1 el componente restaurativo de sus sanciones. Los siete ex jefes guerrilleros y los doce militares condenados, \u201cen lugar de permanecer inactivos tras las rejas (\u2026) trabajar\u00e1n activamente en la reconstrucci\u00f3n del tejido social y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Lo har\u00e1n en proyectos consultados con las v\u00edctimas y que guardan relaci\u00f3n con sus cr\u00edmenes, que el tribunal llama \u201cel coraz\u00f3n de la sanci\u00f3n propia\u201d. Los ex miembros de FARC deber\u00e1n buscar a las personas que a\u00fan siguen desaparecidas, educar en el riesgo de minas antipersonal, trabajar en restauraci\u00f3n ambiental y apoyar iniciativas de memoria, incluyendo instalar baldosas honrando a las v\u00edctimas de secuestro, similares a los adoquines dorados en ciudades alemanas que conmemoran a los muertos en el Holocausto. Los militares lo har\u00e1n en infraestructura comunitaria, programas de memoria y proyectos productivos con sus v\u00edctimas, incluyendo ind\u00edgenas de los pueblos wiwa y kankuamo, y afrodescendientes del Consejo Comunitario Kusuto MaGende. En palabras de la JEP, la idea es \u201ctrabajar directa y sostenidamente en la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u201d, en vez de \u201csufrir una pena privativa de libertad pasiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n En ambos casos, la JEP permiti\u00f3 un descuento del tiempo de la sanci\u00f3n. A los ex guerrilleros les permiti\u00f3 descontar de esa obligaci\u00f3n de reparaci\u00f3n el tiempo que invirtieron en acciones restaurativas similares<\/a> previo a su condena. Aplicando una f\u00f3rmula de un d\u00eda descontado por cada dos usados en estas iniciativas, la JEP autoriz\u00f3 a la mayor\u00eda a descontar siete meses y a uno de ellos, Jaime Parra el \u2018M\u00e9dico\u2019, once. A algunos militares les impuso sanciones restaurativas m\u00e1s cortas porque estuvieron detenidos en la justicia ordinaria.<\/p>\n\n\n\n Para todos los sancionados, estos beneficios est\u00e1n condicionados a que en efecto participen en los proyectos restaurativos, sigan aportando verdad y no vuelvan a delinquir \u2013 lo que el acuerdo de paz llama el \u2018r\u00e9gimen de condicionalidad\u2019. Sus sanciones, dice la JEP, buscan \u201cno beneficiar a los perpetradores con penas reducidas, sino optimizar los derechos de las v\u00edctimas en un contexto transicional diferente al de la justicia retributiva cl\u00e1sica\u201d.<\/p>\n\n\n\n Pese a que la JEP se ha quejado de las dificultades para financiar estos proyectos y a coordinar con el Gobierno para ponerlos en marcha, m\u00e1s a\u00fan en un a\u00f1o en que Colombia perdi\u00f3 millonarios recursos<\/a> de cooperaci\u00f3n internacional, decidi\u00f3 crearlos desde cero en vez de apelar a medidas de reparaci\u00f3n colectiva resultantes del acuerdo de paz o de la Ley de V\u00edctimas de 2011<\/a> que ya est\u00e1n andando. Estos incluyen los planes de retorno y de reparaci\u00f3n colectiva de v\u00edctimas, as\u00ed como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron dise\u00f1ados con 300 mil v\u00edctimas y habitantes de los municipios hist\u00f3ricamente m\u00e1s golpeados por la guerra.<\/p>\n\n\n\n \u201cHay un sinn\u00famero de razones para que esa sea la opci\u00f3n: est\u00e1n en las regiones donde hubo las mayores afectaciones por el conflicto, ya son el resultado de haberle preguntado a las comunidades y a las v\u00edctimas, y fueron el resultado de una enorme inversi\u00f3n estatal en tiempo y recursos. Los tres tienen rutas ya probadas\u201d, dice Emilio Archila, ex consejero de implementaci\u00f3n del acuerdo que lider\u00f3 su planificaci\u00f3n durante cuatro a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Donde est\u00e1n las mayores dudas es en el componente retributivo de la sanci\u00f3n, que el acuerdo de paz llam\u00f3 \u2018restricci\u00f3n efectiva de la libertad\u2019. Es un t\u00e9rmino ambiguo que buscaba diferenciarlo de una prisi\u00f3n ordinaria al tiempo que cumplir la obligaci\u00f3n del Estado colombiano, bajo el derecho internacional y su propia legislaci\u00f3n, de aplicar sanciones efectivas para cr\u00edmenes atroces.<\/p>\n\n\n\n Las dos sentencias estipulan que los condenados ver\u00e1n una \u201crestricci\u00f3n de sus derechos y libertades\u201d. Ser\u00e1n monitoreados por un comit\u00e9 tripartito: la secretar\u00eda ejecutiva del tribunal har\u00e1 el trabajo diario, la secci\u00f3n del mismo que emiti\u00f3 las sentencias har\u00e1 seguimiento judicial y la misi\u00f3n especial de Naciones Unidas en Colombia ser\u00e1 garante. Esa vigilancia se har\u00e1 mediante visitas in situ y con un \u201cdispositivo electr\u00f3nico no invasivo (tipo PDA)\u201d, con funciones de georreferenciaci\u00f3n y geocercas para alertar si salen de un determinado per\u00edmetro. En palabras<\/a> del presidente del tribunal Alejandro Ramelli, \u201cno se trata de un tr\u00e1mite: son sancionas vigiladas por la JEP y la comunidad internacional, as\u00ed como por las comunidades donde se desarrollen estas sentencias\u201d.<\/p>\n\n\n\n Aunque las sentencias dicen repetidamente que cumplen con est\u00e1ndares internacionales, este esquema deja inquietudes importantes. La sentencia contra las FARC habla de un \u201cper\u00edmetro autorizado\u201d, pero en ning\u00fan momento detalla cu\u00e1l ser\u00e1. Eso va en contrav\u00eda del acuerdo de paz y la ley procedimental<\/a> de la JEP, que le ordenaban fijar \u201cde forma concreta los espacios territoriales donde se ubicar\u00e1n los sancionados durante los periodos horarios de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendr\u00e1n un tama\u00f1o m\u00e1ximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalizaci\u00f3n\u201d en las que hicieron la dejaci\u00f3n de armas. Esas \u00e1reas ten\u00edan entre 5 y 15 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n En cambio, el fallo contra los ex militares aporta m\u00e1s detalles sobre la restricci\u00f3n, mencionando la extensi\u00f3n de las zonas veredales y explicando que \u201cse ubicar\u00e1n en el municipio m\u00e1s cercano al lugar donde se desarrollar\u00e1 el proyecto\u201d restaurativo y que \u201cno podr\u00e1n cambiar de ciudad o municipio de residencia sin el conocimiento y la autorizaci\u00f3n previa por parte de esta Jurisdicci\u00f3n\u201d. En caso de no tener una residencia, podr\u00e1n cumplir esas mismas condiciones en una unidad militar.<\/p>\n\n\n\n Esta falta de claridad sobre la restricci\u00f3n, sobre todo de los ex FARC, significa que hay un riesgo de que la JEP podr\u00eda no cumplir con su obligaci\u00f3n de que las \u201csentencias impuestas (\u2026) enunciar\u00e1n de manera precisa el contenido de la sanci\u00f3n, lugar de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, as\u00ed como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables\u201d. Tampoco est\u00e1 claro si esa diferencia incumple la norma de la ley procedimental de el tratamiento penal para las FARC y agentes del Estado sea \u201cequitativo, equilibrado y simult\u00e1neo\u201d.<\/p>\n\n\n\n A eso se suma que ninguno de los fallos deja claro si los aparatos de vigilancia son brazaletes que se llevan en el cuerpo o beepers que cargan, solo que \u201cdeber\u00e1n ser usados de manera permanente hasta que termine su sanci\u00f3n\u201d. Y que, al asumir la secretar\u00eda ejecutiva de la JEP el grueso del trabajo de monitoreo, no es claro qu\u00e9 pasar\u00e1 al llegar a la fecha de cierre del tribunal especial en 2034 (sobre todo con todas las sentencias que a\u00fan faltan).<\/p>\n\n\n\n Un derecho que la JEP decidi\u00f3 no limitar es el de la participaci\u00f3n pol\u00edtica, un debate que la ha acompa\u00f1ado desde que antiguos guerrilleros empezaron a llegar a cargos de elecci\u00f3n popular<\/a>. Al final decidi\u00f3 que las sanciones son compatibles con el ejercicio de funciones p\u00fablicas, con dos reglas: la actividad pol\u00edtica no puede usarse para emitir \u201cdiscursos negacionistas o revictimizantes\u201d y, en caso de tensi\u00f3n entre una y otra, primar\u00e1 la sanci\u00f3n. Solo que, en ausencia de un per\u00edmetro claro, no es posible determinar d\u00f3nde se pueden hacer actividades pol\u00edticas compatibles con la sanci\u00f3n. Y dado que el tribunal ponder\u00f3 la participaci\u00f3n pol\u00edtica con la sanci\u00f3n especial en general y no con las sanciones particulares que impuso en este caso, no es claro c\u00f3mo se define cu\u00e1ndo hay una incompatibilidad y si es en los lugares f\u00edsicos o en los horarios de cumplimiento de los trabajos reparadores.<\/p>\n\n\n\n Esa decisi\u00f3n beneficia en el corto plazo a los ex FARC Juli\u00e1n Gallo y Pablo Catatumbo Torres, hoy senadores<\/a> por el partido Comunes en virtud de las provisiones de participaci\u00f3n pol\u00edtica del acuerdo de paz que les dieron diez esca\u00f1os en el Congreso durante dos periodos legislativos (que terminan en julio pr\u00f3ximo), as\u00ed como a otros dos ex jefes guerrilleros, Pedro Baracutao y Jairo Cala, que tambi\u00e9n son legisladores y est\u00e1n imputados en otros casos. A largo plazo, les permite a todos lanzarse a cargos de elecci\u00f3n popular en las elecciones del 2026.<\/p>\n\n\n\n El aterrizaje definitivo de esa restricci\u00f3n efectiva de la libertad para los 19 condenados puede ser determinante para que las sanciones impuestas a los ex jefes guerrilleros y militares sean bien recibidas a largo plazo por las v\u00edctimas y la sociedad colombiana.<\/p>\n\n\n\n Es una tarea que arranca dif\u00edcil. Dos encuestas, hechas por los polit\u00f3logos Sandra Botero<\/a> y Juan Carlos Rodr\u00edguez Raga<\/a> con cinco a\u00f1os de diferencia, preguntaron a m\u00e1s de 1.500 colombianos por un hipot\u00e9tico personaje culpable de homicidio que recib\u00eda detenci\u00f3n domiciliaria y trabajaba en desminado humanitario. En ambos escenarios, un mayor n\u00famero de encuestados valor\u00f3 mejor un enfoque punitivo de pena carcelaria que una sanci\u00f3n m\u00e1s leve pero con enfoque restaurador.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n por fuera del pa\u00eds ha habido advertencias. Karim Khan, el fiscal (hoy suspendido) de la CPI, estipul\u00f3 en el \u2018acuerdo de cooperaci\u00f3n\u2019<\/a> con el que cerr\u00f3 su investigaci\u00f3n preliminar<\/a> sobre Colombia en 2021 que podr\u00eda reversar su decisi\u00f3n si hubiese \u201ccualquier cambio significativo en las circunstancias\u201d. Entre los escenarios sobre los que advirti\u00f3 est\u00e1 \u201cla aplicaci\u00f3n de sanciones penales efectivas y proporcionadas de naturaleza retributiva y reparadora\u201d.<\/p>\n\n\n\n Para sumarle otra complejidad, a ocho meses de las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales, las sanciones de la justicia transicional podr\u00edan volver a ser saco de boxeo pol\u00edtico. El expresidente \u00c1lvaro Uribe, recientemente condenado en primera instancia por soborno de testigos, reactiv\u00f3 sus ataques contra la JEP, acus\u00e1ndola<\/a> de forzar a militares a \u201cdeclarar delitos no cometidos\u201d y proponiendo para ellos una revisi\u00f3n en la justicia ordinaria con penas de hasta cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n De las claridades que d\u00e9 el tribunal especial a estas dudas puede depender que, como dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa -kankuama como muchas de las v\u00edctimas de falsos positivos- antes de guardar simb\u00f3licamente la segunda sentencia en una mochila ind\u00edgena, \u201cla justicia transicional y prospectiva que implementa la JEP no solo sirve para responder al pasado, sino tambi\u00e9n como punto de partida para impulsar reformas y garantizar la no repetici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n Los 7 l\u00edderes de las FARC condenados a 8 a\u00f1os<\/strong><\/p>\n Los 12 miembros del ej\u00e9rcito nacional condenados<\/strong><\/p>\n\u201cLa enorme gravedad de los cr\u00edmenes juzgados\u201d<\/h2>\n\n\n\n
Una demora inexplicable<\/h2>\n\n\n\n
![\"En](\"https:\/\/www.justiceinfo.net\/wp-content\/uploads\/Colombia_false-positives-victims-JEP_@Alejandro-Martinez-AFP.jpg\" "\\"Familiar")
Proyectos para reparar los da\u00f1os causados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 tanto se pueden mover los condenados?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"En](\"https:\/\/www.justiceinfo.net\/wp-content\/uploads\/Colombia-7-FARC-hearing-JEP_@Juan-Pablo-Pino-AFP.jpg\" "\\"7")
S\u00ed a la participaci\u00f3n en pol\u00edtica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El legado del modelo colombiano<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n
![\"Siete](\"https:\/\/www.justiceinfo.net\/wp-content\/uploads\/Colombia_JEP-7-infographic-map_@Justice-Info-540x360.jpg\")
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t