Al final de cuentas, los ex jefes guerrilleros -incluido su \u00faltimo comandante en jefe, Rodrigo Londo\u00f1o o \u2018Timochenko\u2019- reconocieron su responsabilidad por esos cr\u00edmenes y por la pol\u00edtica criminal de las FARC que la Sala de Reconocimiento de la JEP document\u00f3<\/a> en una investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os. Los siete han pedido perd\u00f3n p\u00fablicamente<\/a> a sus v\u00edctimas, aportado verdad y participan en iniciativas para repararlas. Todas ellas son condiciones para que pudieran recibir una sanci\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9vola de 5 a 8 a\u00f1os en un entorno no penitenciario, como estipul\u00f3 el acuerdo de paz que firmaron hace una d\u00e9cada con el gobierno colombiano.<\/p>\n\n\n\n La sentencia de segunda instancia<\/a> del tribunal especial, sin embargo, trajo algo novedoso: le dio la raz\u00f3n a las v\u00edctimas y expertos en justicia transicional que insistieron en que la decisi\u00f3n original de la propia JEP de septiembre de 2025 no era suficientemente clara sobre las condiciones en que deben cumplir sus sanciones. <\/p>\n\n\n\n \u201cLa condena debe ser efectiva y no indeterminada\u201d, dijo<\/a> el magistrado Eduardo Cifuentes al anunciar la nueva decisi\u00f3n que reemplaza la anterior. \u201cProsperaron las apelaciones de las v\u00edctimas y del Ministerio P\u00fablico, que advirtieron que la sentencia de primera instancia adolec\u00eda de indeterminaci\u00f3n y carec\u00eda del componente retributivo de la sanci\u00f3n propia\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Tras examinar<\/a> 52 recursos legales de v\u00edctimas, organizaciones de v\u00edctimas y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como 17 de los condenados a la sentencia original, los magistrados de apelaci\u00f3n concluyeron que \u201cel juez de primera instancia -es decir, sus colegas de la secci\u00f3n de primera instancia del tribunal especial- no defini\u00f3 con claridad, precisi\u00f3n y completitud todos los elementos que integran la sanci\u00f3n propia\u201d. Por esta raz\u00f3n, se\u00f1alaron, se requer\u00eda \u201cincorporar los correctivos necesarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Con esta afirmaci\u00f3n le dieron la raz\u00f3n a quienes ven\u00edan insistendo en que, a\u00fan a pesar del car\u00e1cter hist\u00f3rico de la sentencia, \u00e9sta todav\u00eda dejaba muchos cabos sueltos. Como cont\u00f3 Justice Info<\/em><\/a>, donde quedaron las mayores dudas fue en el componente retributivo de la sanci\u00f3n, que el acuerdo de paz llam\u00f3 \u2018restricci\u00f3n efectiva de la libertad\u2019. Ese t\u00e9rmino ambiguo buscaba diferenciarlo de una prisi\u00f3n ordinaria al tiempo que cumplir la obligaci\u00f3n del Estado colombiano, bajo el derecho internacional y su propia legislaci\u00f3n, de aplicar sanciones efectivas para cr\u00edmenes atroces.<\/p>\n\n\n\n Delinearlo bien es fundamental para cumplir la innovadora f\u00f3rmula transicional colombiana, que se centra en investigar, juzgar y sancionar a los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y representativos mediante sanciones que combinan dos tipos de finalidades: el castigo y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Entre las preguntas que quedaron vagamente esbozadas estaban qu\u00e9 tanto se pueden mover los condenados, en qu\u00e9 condiciones estar\u00e1n recluidos y qui\u00e9n los monitorear\u00e1 durante la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y despu\u00e9s de la fecha de cierre de la justicia transicional en 2034.<\/p>\n\n\n\n De hecho, los magistrados de apelaci\u00f3n de la JEP lo afirmaron en palabras que dif\u00edcilmente pueden ser le\u00eddas como algo distinto a un fuerte jal\u00f3n de orejas a sus colegas que firmaron la decisi\u00f3n original. \u201cCuando la sentencia de primera instancia confunde el objeto de la sanci\u00f3n con sus mecanismos de verificaci\u00f3n, o cuando omite precisar los elementos m\u00ednimos de la restricci\u00f3n efectiva de derechos y libertades, corresponde a la segunda instancia restablecer la legalidad de la decisi\u00f3n mediante la fijaci\u00f3n clara de los elementos materiales de la sanci\u00f3n\u201d, escribieron.<\/p>\n\n\n\n Los magistrados de apelaci\u00f3n se\u00f1alaron que la secci\u00f3n de primera instancia \u201cexplic\u00f3 c\u00f3mo se controlar\u00eda el cumplimiento, pero no delimit\u00f3 con suficiente claridad qu\u00e9 har\u00edan los comparecientes, en qu\u00e9 lugares, por cu\u00e1nto tiempo o las restricciones concretas que deb\u00edan ser cumplidas\u201d. En efecto, la sentencia original estipul\u00f3 que los condenados tendr\u00edan una restricci\u00f3n de sus derechos y libertades, pero no cu\u00e1les.<\/p>\n\n\n\n Por este motivo, el fallo de apelaci\u00f3n desglos\u00f3 cinco condiciones que los siete condenados de las FARC deber\u00e1n cumplir durante su sanci\u00f3n: primero, deber\u00e1n tener una \u201cresidencia fija\u201d en un lugar designado cerca de donde est\u00e9n realizando su trabajo restaurativo; segundo, tendr\u00e1n un \u201cr\u00e9gimen de horario estricto\u201d para sus actividades restaurativas, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. durante el cual \u201cdeber\u00e1n permanecer en los lugares de ejecuci\u00f3n de los proyectos asignados\u201d; tercero, tendr\u00e1n una \u201cprohibici\u00f3n de desplazamiento\u201d fuera del departamento donde realizan su actividad restaurativa, salvo autorizaci\u00f3n previa del tribunal especial; cuarto, rige una \u201cprohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds\u201d durante ese periodo, salvo por permiso del tribunal especial que describe como \u201cexcepcional\u201d; y, por \u00faltimo, tienen un \u201cdeber de portar el dispositivo de seguimiento electr\u00f3nico\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los magistrados tambi\u00e9n explicaron que el lugar de residencia de cada condenado ser\u00e1 \u201cen el municipio o \u00e1rea urbana en que se desarrollen las actividades restaurativas asignadas en el semestre correspondiente, conforme a las fases y sedes definidas en dicho cronograma\u201d. Si alguno tiene actividades en varios departamentos, explicaron, \u201cla residencia se fijar\u00e1 progresivamente conforme avance la ejecuci\u00f3n del cronograma (\u2026) de manera que en cada momento del per\u00edodo de sanci\u00f3n el compareciente conozca con certeza el lugar en que debe residir\u201d.<\/p>\n\n\n\n En otro aparte, los magistrados de apelaci\u00f3n se\u00f1alaron que \u201cmientras el compareciente permanezca dentro del territorio indicado, podr\u00e1 desplazarse libremente en \u00e9l durante los horarios de ocio, sin necesidad de solicitar autorizaci\u00f3n\u201d. A su juicio, \u201cesta precisi\u00f3n resulta necesaria para evitar interpretaciones que conviertan la sanci\u00f3n propia en una medida de confinamiento domiciliario incompatible con la naturaleza restaurativa y reparadora\u201d de sus actividades.<\/p>\n\n\n\n La nueva decisi\u00f3n no resolvi\u00f3, sin embargo, cu\u00e1l ser\u00e1 el per\u00edmetro de ese lugar de residencia, m\u00e1s all\u00e1 del hecho de que se encuentra dentro del departamento de residencia asignado.<\/p>\n\n\n\n Esto podr\u00eda ir en contrav\u00eda del acuerdo de paz y la ley procedimental de la JEP, que le ordenaban fijar \u201cde forma concreta los espacios territoriales donde se ubicar\u00e1n los sancionados durante los periodos horarios de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las sanciones propias del sistema, que tendr\u00e1n un tama\u00f1o m\u00e1ximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalizaci\u00f3n\u201d en las que dejaron sus armas. Esas \u00e1reas ten\u00edan entre 5 y 15 hect\u00e1reas (menos de 0.2 kil\u00f3metros cuadrados), mientras que los departamentos colombianos tienen \u00e1reas que van desde 52 (en el caso de San Andr\u00e9s) hasta 109 mil kil\u00f3metros cuadrados (el de Amazonas). El gobierno de Bogot\u00e1 ya solicit\u00f3 una aclaraci\u00f3n a la JEP.<\/p>\n\n\n\n En algunos puntos, los magistrados de apelaci\u00f3n le dieron la raz\u00f3n a la sentencia original. Por ejemplo, cuando determin\u00f3 que el monitoreo de las sanciones usar\u00e1 \u2018asistentes digitales personales\u2019 o PDA parecidos a un celular pues \u201cpermiten verificar de manera continua y objetiva el cumplimiento de las restricciones territoriales y temporales impuestas a los comparecientes\u201d. \u201cNo tienen una finalidad custodial o penitenciaria, como ocurre con los brazaletes electr\u00f3nicos\u201d, explicaron, sino que cumplen una \u201cexclusivamente de verificaci\u00f3n\u201d. A juicio, \u201cconstituyen una restricci\u00f3n razonable de los derechos comprometidos\u201d, aunque tambi\u00e9n se\u00f1alaron que \u201cel monitoreo no puede limitarse a saber \u2018d\u00f3nde est\u00e1\u2019 el compareciente\u201d sino que \u201cdebe verificar qu\u00e9 hace, c\u00f3mo lo hace, si cumple con los horarios, si respeta las restricciones, y, en el caso del componente restaurativo, si se cumple con los indicadores prestablecidos y contribuye efectivamente a la reparaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n Son reglas que los ex jefes de la FARC buscaban tumbar. En su apelaci\u00f3n, cuestionaron que se les \u201chubiera impuesto restricciones y mecanismos de monitoreo que (\u2026) exceden el marco normativo de las sanciones propias, como son las geocercas, dispositivos electr\u00f3nicos y limitaciones de movimiento equiparables a medidas de aseguramiento del sistema penal ordinario\u201d. Esas condiciones, argumentaron sin \u00e9xito, \u201ctransformar\u00edan la sanci\u00f3n restaurativa en una pena retributiva encubierta\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un derecho que la JEP hab\u00eda decidido no limitar es el de la participaci\u00f3n pol\u00edtica, un debate que la ha acompa\u00f1ado<\/a> desde que ex guerrilleros empezaron a llegar a cargos de elecci\u00f3n popular. En la decisi\u00f3n de primera instancia, hab\u00eda establecido<\/a> que las sanciones son compatibles con el ejercicio de funciones p\u00fablicas, con dos reglas: la actividad pol\u00edtica no puede usarse para emitir \u201cdiscursos negacionistas o revictimizantes\u201d y, en caso de tensi\u00f3n entre ambas, primar\u00eda la sanci\u00f3n. Solo que, en ausencia de reglas claras sobre el componente retributivo, no era posible determinar el alcance de esas actividades pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n La sentencia de apelaci\u00f3n clarific\u00f3 que la sanci\u00f3n prevalece sobre la participaci\u00f3n pol\u00edtica, que \u201cdebe ejercerse de forma que se haga compatible con el cumplimiento efectivo de la sanci\u00f3n penal transicional\u201d. Corresponde entonces al tribunal valorar, caso por caso, \u201csi la actividad pol\u00edtica concreta que pretendan desarrollar los sancionados interfiere o no con el cumplimiento efectivo de los trabajos restaurativos\u201d. Algunas actividades, como participar en debates, votar o participar en espacios de construcci\u00f3n de paz, ser\u00edan en principio compatibles y se podr\u00eda reajustar los horarios de las actividades de reparaci\u00f3n para permitirlo.<\/p>\n\n\n\n En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, esto no tendr\u00e1 un efecto para ellos. Dos de los condenados por secuestro, Juli\u00e1n Gallo y Pablo Catatumbo Torres, fueron senadores por el partido Comunes en virtud de las provisiones de participaci\u00f3n pol\u00edtica del acuerdo de paz que les dieron diez esca\u00f1os en el Congreso durante dos periodos legislativos. Sin embargo, terminaron sus periodos legislativos el 20 de julio pasado y no buscaron la reelecci\u00f3n. Otros dos ex jefes guerrilleros, Pedro Baracutao y Jairo Cala, que tambi\u00e9n fueron legisladores y est\u00e1n imputados en otros casos, tambi\u00e9n terminaron sus periodos. Sin embargo, era uno de los grandes pendientes.<\/p>\n\n\n\n En el otro componente de la sanci\u00f3n, el restaurativo, los magistrados de apelaci\u00f3n tambi\u00e9n introdujeron varios cambios. El m\u00e1s importante es que estas labores de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas -llamadas \u2018trabajos, obras y actividades con contenido reparador\u2019 o TOAR- \u201cse ejecutan necesariamente bajo condiciones de restricci\u00f3n, ya que la finalidad de la sanci\u00f3n exige que todo trabajo restaurativo se desarrolle en un marco de supervisi\u00f3n, sujeci\u00f3n territorial y cumplimiento de horarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta condici\u00f3n tambi\u00e9n aplica para las actividades reparadoras en que los hoy condenados participaron antes de su sentencia, lo que la JEP denomin\u00f3 \u2018TOAR anticipados\u2019 y esto tiene implicaciones inmediatas, ya que la sentencia de primera instancia hab\u00eda aprobado descuentos en el tiempo de sanci\u00f3n a varios de los condenados por ese tipo de actividades. Aplicando una f\u00f3rmula de un d\u00eda descontado por cada dos invertidos en estas iniciativas, la JEP autoriz\u00f3<\/a> a la mayor\u00eda a descontar siete meses y a uno de ellos, Jaime Parra el \u2018M\u00e9dico\u2019, once.<\/p>\n\n\n\n Solo que la sentencia de apelaci\u00f3n observ\u00f3 que la decisi\u00f3n original los hab\u00eda aprobado ponderando el contenido reparador de las actividades pero no cumpli\u00f3 la otra condici\u00f3n de \u201cprever una ubicaci\u00f3n territorial espec\u00edfica\u201d. Por este motivo, revers\u00f3 la aprobaci\u00f3n de descuentos de tiempo para algunos de los condenados. Por ejemplo, a los siete les impidi\u00f3 descontar tiempo por el desminado humanitario en Brice\u00f1o (Antioquia) dado que \u201cno se acredit\u00f3 la participaci\u00f3n directa, personal y material de los comparecientes en las labores\u201d sino que \u201csu intervenci\u00f3n se limit\u00f3 a funciones de gesti\u00f3n, articulaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento comunitario del proyecto\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn esa depuraci\u00f3n\u201d, explic\u00f3 la nueva sentencia, \u201cse excluyeron todas las actuaciones que (\u2026) corresponden en realidad a actividades imponibles a todos los comparecientes para el acceso y mantenimiento de beneficios en el marco de su r\u00e9gimen de condicionalidad\u201d, como participar en actos de perd\u00f3n a v\u00edctimas o aportar informaci\u00f3n a la JEP o a la Unidad de B\u00fasqueda de Personas Desaparecidas.<\/p>\n\n\n\n A su juicio, supondr\u00eda un \u201cdoble beneficio\u201d en tanto ser\u00edan simult\u00e1neamente condiciones de acceso a la justicia transicional y parte de la sanci\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9vola. Tambi\u00e9n excluy\u00f3 las actividades de planeaci\u00f3n por, en sus palabras, \u201cno corresponder al cumplimiento de la sanci\u00f3n sino a las condiciones m\u00ednimas necesarias para su dise\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, la sentencia de apelaci\u00f3n estableci\u00f3 que la decisi\u00f3n original no hab\u00eda tenido en cuenta muchas actividades restaurativas que las propias v\u00edctimas acreditadas en el macro caso hab\u00edan propuesto y orden\u00f3 volver a evaluar 30 de ellas, con el \u00e1nimo de incorporar un criterio territorial en la reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En su sentencia, los magistrados de apelaci\u00f3n de la JEP tambi\u00e9n conminaron al gobierno nacional, hoy liderado por un contradictor<\/a>, a apoyar el cumplimiento de las sanciones. En su sentencia argumentaron que tiene un \u201cdeber concreto\u201d de \u201cadoptar todas las medidas necesarias para que se ejecuten las sanciones propias, en sus componentes restaurativo -TOAR- y retributivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de las \u00f3rdenes de la JEP a De la Espriella, la legitimidad que estas decisiones tengan a largo plazo entre los colombianos depender\u00e1 en gran medida de qui\u00e9n y c\u00f3mo se garantiza que las personas que ya fueron condenadas en efecto cumplan con los dos componentes de la sanci\u00f3n. Ese es un \u00e1mbito donde el Ejecutivo es un actor clave, algo que nunca vieron los gobiernos de Iv\u00e1n Duque y Gustavo Petro (o la JEP por cierto).<\/p>\n\n\n\n Para un gobierno que llega con un discurso de mano dura contra el crimen, aterrizar el componente retributivo de las sanciones podr\u00eda darle un logro. Y en un contexto de crisis fiscal nacional<\/a>, apelar a pol\u00edticas p\u00fablicas ya existentes que dependen del gobierno nacional, como los planes de reparaci\u00f3n colectiva de v\u00edctimas o los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)<\/a> que fueron dise\u00f1ados de manera participativa con 300 mil habitantes de los municipios hist\u00f3ricamente m\u00e1s golpeados por la guerra podr\u00eda allanar muchas de las preguntas sobre los trabajos reparadores que pusieron por escrito los magistrados de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En \u00faltimas, la sentencia condenatoria de segunda instancia de la JEP contra los ex jefes de las FARC resuelve en el papel algunas de las mayores inquietudes que dej\u00f3 la primera, pero c\u00f3mo se ejecuten en la pr\u00e1ctica determinar\u00e1 si el modelo colombiano seguir\u00e1 siendo un modelo posible para cerrar conflictos.<\/p>\n\n\n UN CAMBIO -DE NUEVO- EN LA TEOR\u00cdA DE IMPUTACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n Hubo otro cambio significativo entre las dos decisiones, que no afecta el grueso de la sentencia pero que devela la diferencia de visiones al interior de la justicia transicional colombiana.<\/p>\n En la sentencia de primera instancia, los magistrados decidieron responsabilizar a los ex integrantes del Secretariado de las FARC por su \u2018posici\u00f3n de garante\u2019. Es decir, los hizo responsables de todos los secuestros cometidos por la guerrilla, incluyendo aquellos ocurridos cuando ellos no eran miembros de su c\u00fapula, al considerar que generaron un riesgo para la poblaci\u00f3n y debieron garantizar que en zonas donde mandaban no fuese secuestrado ni asesinado nadie \u2013 una forma de responsabilidad similar a la autor\u00eda por omisi\u00f3n.<\/p>\n Al hacerlo, cambiaron la teor\u00eda de imputaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n hecha inicialmente por sus colegas de la Sala de Reconocimiento, que verificaron uno por uno qu\u00e9 posici\u00f3n ten\u00eda dentro del grupo, sobre qu\u00e9 estructuras ten\u00eda control y c\u00f3mo funcionaba el mando en cada una, para luego decidir qui\u00e9nes eran los m\u00e1ximos responsables por dar la orden de cometer los cr\u00edmenes o tuvo la capacidad real de prevenirlos.<\/p>\n Bajo esta teor\u00eda, de que todos deb\u00edan responder por todo y no era necesario probar los casos concretos, la primera sentencia conden\u00f3 a los siete ex jefes guerrilleros a la misma sanci\u00f3n de 8 a\u00f1os, en vez de calcularla seg\u00fan el tiempo que hab\u00edan tenido de mando.<\/p>\n Los magistrados de apelaci\u00f3n retomaron la l\u00f3gica de la primera imputaci\u00f3n, determinando que eran autores mediatos: en otras palabras, responsables por las conductas que ordenaron o pod\u00edan controlar. Por ello volvieron a los tiempos de sanci\u00f3n originalmente imputados, con cuatro de ellos -Londo\u00f1o, Jaime Parra, Milton Toncel y Pablo Catatumbo- sentenciados a ocho a\u00f1os, Pastor Alape a siete, Juli\u00e1n Gallo a seis y Rodrigo Granda a cinco.<\/p>\n<\/div>\n\n\u201cEl juez de primera instancia no defini\u00f3 todos los elementos de la sanci\u00f3n propia\u201d<\/h2>\n\n\n\n
Reglas m\u00e1s claras para el componente retributivo\u2026<\/h2>\n\n\n\n
![\"El](\"https:\/\/www.justiceinfo.net\/wp-content\/uploads\/Colombia_Jurisdiccion-especial-para-la-paz-Eduardo-Cifuentes-apelacion_@JEP.jpg\")
\u2026 pero podr\u00e1n moverse en todo un departamento<\/h2>\n\n\n\n
Las sanciones prevalecen sobre la participaci\u00f3n pol\u00edtica<\/h2>\n\n\n\n
M\u00e1s reglas para los proyectos restaurativos y los descuentos de tiempo<\/h2>\n\n\n\n
El camino hacia delante con el nuevo gobierno De la Espriella<\/h2>\n\n\n\n
![\"Rodrigo](\"https:\/\/www.justiceinfo.net\/wp-content\/uploads\/Colombia_FARC-hearing-kidnapping-Rodrigo-Londono-Julian-Gallo-Pastor-Alape_@JEP-540x360.jpg\")
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t