En su \u00faltimo d\u00eda, el 7 de agosto de 2026, el saliente gobierno hizo una auto-denuncia en la que pidi\u00f3 a la Corte Penal Internacional evaluar de nuevo el caso de Colombia. No era un acto com\u00fan: solo en cuatro ocasiones un pa\u00eds ha hecho una auto-remisi\u00f3n a la Corte desde que naci\u00f3 en 2002.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el <\/a>documento<\/a>, el gobierno colombiano argument\u00f3 que hay \u201cun cambio significativo en las circunstancias\u201d y que el pa\u00eds ya no tiene la capacidad o voluntad de investigar, juzgar y sancionar los cr\u00edmenes m\u00e1s graves ocurridos durante medio siglo de conflicto armado, contrario a lo que viene afirmando desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada. Por tanto, le pidi\u00f3 a la Corte Penal, \u201cen caso de que se cumpla el umbral legal, abrir una investigaci\u00f3n sobre delitos pasados y en curso\u201d.<\/p>\n\n\n\n La jugada de Petro podr\u00eda contrarrestar algunas de las maniobras de De la Espriella y sus aliados pol\u00edticos contra la JEP<\/a>, de reducir su presupuesto y buscar crear una nueva instancia en la justicia penal militar que revise las condenas contra ex militares.<\/p>\n\n\n\n Pero tambi\u00e9n podr\u00eda devolverse como un bumer\u00e1n contra la propia justicia transicional, ya que Colombia lleva a\u00f1os empe\u00f1ada en demostrar que su modelo cumple con los est\u00e1ndares del Estatuto de Roma y es efectivo para juzgar los cr\u00edmenes m\u00e1s atroces. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n de abrir un caso podr\u00eda poner en entredicho los grandes avances que ha hecho la propia JEP y subrayar sus falencias, sobre todo con las sanciones.<\/p>\n\n\n\n La auto-denuncia de Petro pas\u00f3 de agache durante dos meses tras el final de su gobierno. Ni la Presidencia ni la Canciller\u00eda ni el Ministerio de Justicia, los entes que se suelen ocupar de la relaci\u00f3n con la Corte Penal Internacional, dijeron una palabra sobre la decisi\u00f3n de pedirle que reabra el caso sobre Colombia. El documento completo<\/a> s\u00f3lo se hizo p\u00fablico la semana pasada y fue firmado por Petro mismo.<\/p>\n\n\n\n Fue una disputa procedimental entre dos instancias de la CPI la que llev\u00f3 a la presidenta de ese tribunal a <\/a>levantar el velo de confidencialidad<\/a> el jueves 7 de octubre. Eso llev\u00f3 a que el cruce de decisiones entre la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal y la Fiscal\u00eda en las \u00faltimas semanas fuese publicado en el sitio web de la Corte.<\/p>\n\n\n\n Lo que emerge de ese conflicto es lo siguiente. El 25 de septiembre, el fiscal encargado Mame Mandiaye Niang <\/a>present\u00f3 una apelaci\u00f3n<\/a> a una decisi\u00f3n que hab\u00edan tomado los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares tres semanas atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n En ese dictamen, los jueces hab\u00edan desestimado por completo la denuncia presentada por Colombia argumentando que \u201cconsiste principalmente en referencias varias a inquietudes, riesgos especulativos y escenarios hipot\u00e9ticos que pueden o no materializarse en el futuro\u201d.<\/p>\n\n\n\n En otras palabras, juzg\u00f3 que no ten\u00eda ning\u00fan m\u00e9rito.<\/p>\n\n\n\n La fiscal\u00eda de la CPI, bajo el mando de Niang desde que un episodio de acoso sexual le cost\u00f3 el puesto a Khan en julio, objet\u00f3 esa interpretaci\u00f3n y pidi\u00f3 a la Sala de Apelaciones del tribunal revocar la decisi\u00f3n. A su juicio, la decisi\u00f3n original no tuvo en cuenta la argumentaci\u00f3n del gobierno Petro sobre el \u201ccambio significativo en las circunstancias\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esas cinco palabras son claves. En el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, es el t\u00e9rmino que permite al tribunal internacional asumir la competencia para investigar los cr\u00edmenes en un lugar en caso de que el pa\u00eds en cuesti\u00f3n no est\u00e9 en capacidad o tenga la voluntad de investigar, juzgar o sancionar los cr\u00edmenes graves.<\/p>\n\n\n\n Figuran tambi\u00e9n en el acuerdo que firm\u00f3 el ex fiscal Karim Khan con Colombia en 2021 <\/a>cuando cerr\u00f3 el examen preliminar<\/a> de 17 a\u00f1os sobre el pa\u00eds, el m\u00e1s largo que ha tenido la Corte. \u201cSi hay un cambio fundamental en las circunstancias, si no se da espacio [a la JEP], se podr\u00e1 reabrir\u201d, advirti\u00f3 Khan al gobierno de Iv\u00e1n Duque, que <\/a>hab\u00eda intentado sabotear<\/a> a la justicia transicional al objetar su ley interna de funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n Por eso, el fiscal Niang que reemplaz\u00f3 a Khan solicit\u00f3 que se respete la competencia de la Fiscal\u00eda que dirige para determinar si la denuncia que hizo el gobierno Petro es v\u00e1lida y si amerita iniciar una investigaci\u00f3n sobre el caso.<\/p>\n\n\n\n La denuncia que Colombia present\u00f3 el \u00faltimo d\u00eda del gobierno Petro gira -seg\u00fan la apelaci\u00f3n del fiscal Niang- en torno a una serie de cr\u00edmenes del pasado y en curso que \u201cpodr\u00edan ya no ser investigados ni juzgados de manera genuina por las autoridades colombianas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por cr\u00edmenes del pasado se refiri\u00f3 a aquellos por los cuales \u201cla Fiscal\u00eda hab\u00eda concluido anteriormente que exist\u00edan fundamentos razonables para creer que se hab\u00edan cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra, incluyendo desplazamiento forzado, cr\u00edmenes sexuales y de g\u00e9nero, y asesinatos de civiles presentados como bajas de combate (falsos positivos<\/a>)\u201d. Frente a estos tres delitos, la denuncia de Petro dice existen \u201cbaches en la rendici\u00f3n de cuentas\u201d, sin que la apelaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda explicite a qu\u00e9 se refiere.<\/p>\n\n\n\n Por cr\u00edmenes en curso se refer\u00eda a \u201cla violencia en curso que afecta a ex combatientes de las FARC-EP, l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos\u201d. Estos \u00faltimos delitos, que no formaban parte expl\u00edcitamente del examen preliminar abierto por la Fiscal\u00eda de la CPI contra Colombia en 2004, son una realidad en la Colombia de las \u00faltimas d\u00e9cadas \u2013 incluyendo la que gobern\u00f3 Petro.<\/p>\n\n\n\n En diez a\u00f1os desde la firma del acuerdo de paz, la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de la ONU ha documentado<\/a> 501 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC que depusieron sus armas y se reintegraron a la vida civil, de un total de 13 mil firmantes de paz. Tambi\u00e9n ha registrado 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. A su vez, al menos 548 defensores ambientales o del territorio han sido asesinados o desaparecidos<\/a> en Colombia desde 2012, seg\u00fan el listado que compila la ONG internacional Global Witness \u2013 el n\u00famero m\u00e1s alto en el mundo.<\/p>\n\n\n\n Los cr\u00edmenes que formaban parte del examen preliminar de la CPI est\u00e1n en el centro de lo que el la JEP viene investigando. El que m\u00e1s ha visto avances es el caso sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, conocidas con el eufemismo de \u2018falsos positivos\u2019.<\/p>\n\n\n\n A la fecha, los magistrados Catalina D\u00edaz, Oscar Parra y Alejandro Ramelli de la Sala de Reconocimiento han develado nueve imputaciones colectivas detallando cientos de estos asesinatos de personas asesinadas por militares del Ej\u00e9rcito colombiano y falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate. En ellas, han acusado a 169 ex militares de cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad. Entre ellos hay 17 generales y 46 coroneles retirados, incluyendo tres ex Comandantes del Ej\u00e9rcito Nacional (los generales \u00d3scar Enrique Gonz\u00e1lez, Jaime Lasprilla y Mario Montoya, c\u00e9lebre por <\/a>ordenar a sus soldados<\/a> que le trajeran \u201clitros de sangre\u201d).<\/p>\n\n\n\n Aunque muchos, sobre todo de menor rango, hab\u00edan sido condenados por la justicia ordinaria y estaban pagando c\u00e1rcel, ninguna de esas decisiones judiciales hab\u00eda documentado con ese nivel de detalle la manera coordinada y premeditada como seleccionaban a sus v\u00edctimas, falsificaban operativos y premiaban a quienes participaban - en \u00faltimas, c\u00f3mo impart\u00edan las \u00f3rdenes y aseguraban la impunidad.<\/p>\n\n\n\n Doce de esos ex militares, que reconocieron su rol en 135 ejecuciones extrajudiciales en la regi\u00f3n Caribe, <\/a>fueron ya condenados<\/a> en septiembre de 2025, en una de las primeras dos sentencias de la JEP. Otro de ellos, el coronel Hern\u00e1n Mej\u00eda, quien no admiti\u00f3 su rol y se fue a un juicio adversarial, <\/a>fue condenado<\/a> en diciembre de 2025 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, la pena m\u00e1s alta contemplada por el tribunal especial.<\/p>\n\n\n\n Los dem\u00e1s siguen a la espera de una decisi\u00f3n final. La demora de los magistrados del tribunal en convertir esas imputaciones en sentencias condenatorias no es f\u00e1cil de entender dado que el 90% de los acusados eligi\u00f3 reconocer su responsabilidad p\u00fablicamente, aportar verdad, pedir perd\u00f3n a sus v\u00edctimas y contribuir a repararlas. Esa admisi\u00f3n en teor\u00eda agilizar\u00eda los tiempos de la justicia y reducir\u00eda la carga de probar uno a uno los hechos. A\u00fan as\u00ed, los 10 ex militares y un civil imputados por <\/a>falsos positivos en el Catatumbo<\/a> siguen esperando una sentencia tras tres a\u00f1os con una imputaci\u00f3n en firme y cuatro despu\u00e9s de la audiencia p\u00fablica en que pidieron perd\u00f3n a sus v\u00edctimas. Otros tres grupos est\u00e1n en una situaci\u00f3n similar.<\/p>\n\n\n\n En el carril adversarial, dise\u00f1ado para quienes optan por no reconocer, s\u00f3lo avanza el juicio contra el coronel David Herley Guzm\u00e1n y uno m\u00e1s, el coronel Juan Carlos Figueroa, espera sentencia tras haber <\/a>reconocido tard\u00edamente<\/a> su responsabilidad en pleno juicio. Otros 20 est\u00e1n a la espera del juicio, de una acusaci\u00f3n individual por parte de la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n (la fiscal\u00eda de la JEP) o han interpuesto recursos para frenar los casos en su contra.<\/p>\n\n\n\n El otro lunar en este macro-caso podr\u00eda ser que muchas v\u00edctimas de falsos positivos, cuyos casos no fueron incluidos en las acusaciones colectivas develadas hasta ahora, a\u00fan tienen la expectativa de verlos investigados tambi\u00e9n. La Sala de Reconocimiento <\/a>describi\u00f3 esos subcasos como una priorizaci\u00f3n<\/a>, pero ha evitado hasta la fecha se\u00f1alar si ese es el universo total de ejecuciones extrajudiciales que seleccionar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n En los otros delitos que figuraban en el examen preliminar sobre Colombia en la Corte Penal Internacional, los avances de la JEP han sido mixtos.<\/p>\n\n\n\n Hay un macro caso andando centrado en violencia sexual y de g\u00e9nero pero, al haber sido <\/a>el \u00faltimo en ser abierto<\/a>, s\u00f3lo se ha anunciado una imputaci\u00f3n parcial. Ocurri\u00f3 como parte de la primera acusaci\u00f3n del macrocaso separado sobre otros delitos de las FARC, llamado \u2018sombrilla\u2019 porque incluye cr\u00edmenes cometidos por esa guerrilla distintos al secuestro y el reclutamiento de menores que tienen su propio caso completo.<\/p>\n\n\n\n Siete ex jefes guerrilleros, incluidos Milton Toncel, Fabi\u00e1n Ram\u00edrez y Bertulfo Caicedo, fueron imputados por violaci\u00f3n o violencia sexual. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, como parte de su estrategia de control territorial, usaron la violencia sexual como castigo contra mujeres generalmente campesinas.<\/p>\n\n\n\n Al menos dos otros casos han incluido imputaciones similares. En el de reclutamiento de menores, 27 integrantes de las FARC -incluidos seis de su \u00faltima c\u00fapula- <\/a>fueron acusados<\/a>, entre otros delitos, de los cr\u00edmenes de guerra de violaci\u00f3n y esclavitud sexual. Buscando \u201cprohibir de facto y a toda costa el ejercicio de la maternidad y paternidad\u201d en sus filas, sometieron a cientos de ni\u00f1as a violencias reproductivas como la anticoncepci\u00f3n forzada (que vivi\u00f3 una de cada cuatro v\u00edctimas acreditadas) y los abortos forzados (que vivi\u00f3 una de cada cinco).<\/p>\n\n\n\n Asimismo, en <\/a>el de secuestro<\/a>, varios ex guerrilleros fueron imputados por violencia sexual y en el regional del Cauca cinco <\/a>fueron acusados<\/a> hace un mes. A\u00fan no ha habido acusaciones por violencia sexual contra militares, aunque un sargento retirado fue imputado por persecuci\u00f3n por su victimizaci\u00f3n de una persona LGBT.<\/p>\n\n\n\n En cambio, la rendici\u00f3n de cuentas sobre el desplazamiento es m\u00e1s compleja: al no haber sido priorizado como macro caso por la Sala de Reconocimiento de la JEP, ha sido imputado en varios, pero siempre junto con otros delitos distintos. En agosto de este a\u00f1o, 25 ex guerrilleros <\/a>fueron acusados<\/a> en el caso sombrilla del crimen de guerra de desplazamiento de personas civiles. Sin embargo, al estar subsumido dentro de una investigaci\u00f3n que abarc\u00f3 desde tomas de pueblos y masacres hasta el <\/a>magnicidio de un ex candidato presidencial<\/a>, ha sido poco visible. Algo similar ocurri\u00f3 en la <\/a>primera imputaci\u00f3n<\/a> del caso por cr\u00edmenes contra pueblos \u00e9tnicos, en la Sierra Nevada de Santa Marta.<\/p>\n\n\n\n Esa realidad contrasta con su peso en la guerra en Colombia: de 10,4 millones de v\u00edctimas <\/a>oficialmente reconocidas<\/a> en el pa\u00eds (uno de cada cinco colombianos), 9,2 millones fueron forzadas de desplazarse. Los siguientes delitos m\u00e1s frecuentes, el homicidio y las amenazas, tienen un n\u00famero de v\u00edctimas ocho y diez veces menor, seg\u00fan el <\/a>Registro \u00danico de V\u00edctimas<\/a> del gobierno.<\/p>\n\n\n\n La jugada de Petro ocurre cuando la justicia transicional se volvi\u00f3 de nuevo saco de boxeo pol\u00edtico. La JEP est\u00e1 enfrentada con el gobierno nacional en una agria disputa por su presupuesto, despu\u00e9s de que el partido de gobierno <\/a>propusiera un proyecto de ley<\/a> para recortarle 100 mil millones de pesos y De la Espriella, que en campa\u00f1a prometi\u00f3 acabar con la justicia transicional que <\/a>antes defend\u00eda<\/a>, lo respaldara. En el primer debate, aprobaron un recorte de 170 mil millones.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, el Centro Democr\u00e1tico que forma parte de su coalici\u00f3n de gobierno propuso un <\/a>proyecto de ley creando una instancia de revisi\u00f3n<\/a> de sentencias para los militares condenados por la JEP en la justicia penal militar, donde menos avanzaron las investigaciones por falsos positivos.<\/p>\n\n\n\n El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, <\/a>envi\u00f3 una carta<\/a> a Fiscal\u00eda de la CPI el 18 de septiembre aduciendo que las dos propuestas \u201cdebilitan las condiciones materiales, jur\u00eddicas e institucionales indispensables para el funcionamiento de la JEP, afectan el avance y la autenticidad de los procedimientos nacionales de rendici\u00f3n de cuentas y representan un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno\u201d con la CPI.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n llega justo cuando el gobierno Trump, a trav\u00e9s del Secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra Pete Hegseth, viene presionando a los gobiernos latinoamericanos a salirse de la CPI y del Estatuto de Roma. Aunque De la Espriella no se ha manifestado al respecto (e incluso, de hacerlo, la Corte no perder\u00eda competencia por los cr\u00edmenes cometidos en Colombia hacia atr\u00e1s y durante el primer a\u00f1o de este gobierno), hace un mes <\/a>retir\u00f3 la candidatura<\/a> de la jurista y ex embajadora Carolina Olarte-B\u00e1cares a ser magistrada de la CPI, pese a que era la \u00fanica postulada de Am\u00e9rica Latina y el Caribe y fue evaluada como \u201caltamente calificada\u201d por el comit\u00e9 asesor.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora nada parece indicar que la Fiscal\u00eda de la CPI crea que la situaci\u00f3n ha cambiado en Colombia. La vicefiscal Nazhat Shameem Khan <\/a>visit\u00f3 Colombia en mayo<\/a> y subray\u00f3 los avances de la justicia transicional. El 9 de mayo visit\u00f3 el juez costarricense Sergio Ugalde, quien preside la Sala de Cuestiones Preliminares.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en un hecho llamativo, el 7 de octubre la Fiscal\u00eda <\/a>se\u00f1al\u00f3<\/a> ante una consulta de El Pa\u00eds<\/em> que que podr\u00eda reabrir el examen preliminar si se produce un cambio significativo de circunstancias. No dijo m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Que la Corte Penal Internacional reabra el caso sobre Colombia le traer\u00eda al gobierno De la Espriella una visibilidad negativa internacional que hoy no tiene y golpear\u00eda su discurso de ser duro con el crimen. Si apoya el proyecto de ley del uribismo, que podr\u00eda abrir la puerta para que ex militares condenados como Hern\u00e1n Mej\u00eda vean sus sentencias revocadas, el gobierno ser\u00e1 visto como el responsable de haber facilitado la impunidad para altos mandos que ordenaron, promovieron o escondieron miles de falsos positivos.<\/p>\n\n\n\n Pero tambi\u00e9n ser\u00eda un duro golpe para el pa\u00eds, que lleva a\u00f1os intentando persuadir a la CPI de que su modelo transicional cumple con los est\u00e1ndares del Estatuto de Roma de investigar, juzgar y sancionar los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y ha sido visto como una historia de \u00e9xito de \u201ccomplementariedad positiva\u201d entre la CPI y un sistema judicial nacional.<\/p>\n\n\n\n Podr\u00eda de paso perjudicar a la propia JEP, que ha sido renuente a <\/a>cumplir con el componente retributivo<\/a> de sus sanciones como estipula el acuerdo de paz. La CPI viene <\/a>insistiendo desde hace a\u00f1os<\/a> en que su aval al modelo transicional colombiano depende de \u201cla imposici\u00f3n de sanciones penales efectivas que cumplan con los objetivos adecuados de la sentencia: retribuci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, reparaci\u00f3n y disuasi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n Una sentencia de apelaci\u00f3n en julio corrigi\u00f3<\/a> muchos de los problemas de la primera sentencia<\/a> contra el Secretariado de las FARC por miles de secuestros. Pero todav\u00eda persisten algunos, como cu\u00e1l ser\u00e1 el per\u00edmetro de su lugar de residencia mientras cumplen la sanci\u00f3n, qui\u00e9n los monitorear\u00e1 despu\u00e9s de la fecha de cierre de la justicia transicional en 2034 o si los trabajos de reparaci\u00f3n estar\u00e1n articulados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron dise\u00f1ados con 300 mil v\u00edctimas y habitantes de los municipios hist\u00f3ricamente m\u00e1s golpeados por la guerra.<\/p>\n\n\n\n En el mejor de los casos, la movida de Petro -cuyo gobierno no jug\u00f3 un rol visible en resolver esos problemas- podr\u00eda presionar a la JEP a cumplir el componente retributivo de la sanci\u00f3n y al gobierno De la Espriella a darle a la justicia transicional el presupuesto que necesita para cumplir con su tarea. En el peor, le da a De la Espriella la excusa perfecta para seguir escalando la pelea con la JEP.<\/p>\n\n\n\u201cUn cambio significativo en las circunstancias\u201d<\/h2>\n\n\n\n
Los delitos que Petro pidi\u00f3 investigar<\/h2>\n\n\n\n
Grandes avances en los falsos positivos<\/h2>\n\n\n\n
Un r\u00e9cord mixto y menos visible en violencia sexual y desplazamiento<\/h2>\n\n\n\n
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\u00bfUn freno al gobierno De la Espriella o un golpe al modelo colombiano?<\/h2>\n\n\n\n
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