{"id":88786,"date":"2022-03-14T11:22:17","date_gmt":"2022-03-14T10:22:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/88786-first-rift-between-colombia-peace-tribunal-victims.html"},"modified":"2022-03-15T09:02:58","modified_gmt":"2022-03-15T08:02:58","slug":"primera-fisura-entre-la-jurisdiccion-de-paz-de-colombia-y-las-victimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/88786-primera-fisura-entre-la-jurisdiccion-de-paz-de-colombia-y-las-victimas.html","title":{"rendered":"Primera fisura entre la Jurisdicci\u00f3n de Paz de Colombia y las v\u00edctimas"},"content":{"rendered":"\n

La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz de Colombia est\u00e1 a punto de abrir tres nuevos casos, que pueden ser sus \u00faltimos. Sin embargo, su decisi\u00f3n de centrarse en los actores armados y apartarse de su enfoque anterior, centrado en investigar cr\u00edmenes simb\u00f3licos, est\u00e1 suscitando un aluvi\u00f3n de cr\u00edticas por parte de las v\u00edctimas, muchas de las cuales consideran que una estrategia tan amplia podr\u00eda no reflejar su sufrimiento.<\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

A mediados de febrero, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz de Colombia anunci\u00f3<\/a> que pr\u00f3ximamente abrir\u00e1 tres nuevos macro-casos: esos futuros expedientes se centrar\u00e1n en cr\u00edmenes cometidos por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por agentes del Estado, as\u00ed como en la forma en que las minor\u00edas \u00e9tnicas fueron atacadas durante el conflicto armado del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Con esta decisi\u00f3n, el tribunal especial derivado del acuerdo de paz de 2016 \u2013y conocido localmente como la JEP- cambi\u00f3 significativamente su enfoque en la forma de elegir sus casos, pasando de investigar delitos puntuales y regiones geogr\u00e1ficas a centrarse m\u00e1s ampliamente en una serie de comportamientos de actores espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, este anuncio, que se explica en parte por la lentitud con la que se han movido sus siete primeros casos, ha suscitado una oleada de cr\u00edticas sin precedentes por parte de las v\u00edctimas y los grupos de derechos humanos, sobre todo porque podr\u00edan ser las \u00faltimas investigaciones que abra. Aunque la elecci\u00f3n de los casos inevitablemente no suele satisfacer las expectativas de todas las v\u00edctimas \u2013que con frecuencia abogan por que se priorice el delito que les afect\u00f3-, \u00e9sta es quiz\u00e1 la primera vez que v\u00edctimas de muy diversa \u00edndole cuestionan la metodolog\u00eda de la JEP y qu\u00e9 tanto sus magistrados tienen en cuenta sus observaciones.<\/p>\n\n\n\n

El cambio de opini\u00f3n de la JEP<\/h2>\n\n\n\n

En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, la JEP ha trabajado en siete macro-casos. Cuatro de ellos se centran en cr\u00edmenes altamente simb\u00f3licos cometidos por dos actores diferentes: los secuestros y el reclutamiento forzoso de ni\u00f1os soldados llevados a cabo por las FARC, as\u00ed como las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato masivo de miembros del partido de izquierda Uni\u00f3n Patri\u00f3tica por parte de agentes del Estado . En otros tres casos se investigan m\u00faltiples delitos cometidos por diferentes grupos en tres regiones concretas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El 18 de febrero, la JEP anunci\u00f3<\/a> su \u201cdecisi\u00f3n indeclinable\u201d de abrir tres nuevos casos. El primero se centrar\u00e1 en otros delitos cometidos por las FARC, incluyendo la violencia sexual, el desplazamiento forzado, la desaparici\u00f3n forzada, el uso de minas antipersonal y las tomas a pueblos. Una segunda investigar\u00e1 delitos cometidos por oficiales del Ej\u00e9rcito, polic\u00edas y otros agentes del Estado, con \u00e9nfasis en la violencia sexual, la tortura, el despojo de tierras y las masacres, incluidos cr\u00edmenes cometidos en connivencia con grupos paramilitares. Un \u00faltimo caso examinar\u00e1 el sufrimiento de ind\u00edgenas y afrocolombianos, que conjuntamente<\/a> representan el 10% de la poblaci\u00f3n de Colombia y el 18% de las v\u00edctimas registradas.<\/p>\n\n\n\n

Al hacer este anuncio, el tribunal explic\u00f3 que ya posee una gran cantidad de informaci\u00f3n sobre el conflicto armado, despu\u00e9s de que su grupo de an\u00e1lisis contextual estudiara 458 informes presentados por grupos de v\u00edctimas y organismos estatales, e identificara 258.000 delitos. Sus magistrados sostienen<\/a> que centrarse en estos otros patrones delictivos de las FARC y de los agentes del Estado tiene sentido, ahora que han construido un conocimiento profundo sobre los comportamientos de cada actor a lo largo del tiempo y de la geograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n anunciaron una serie de audiencias p\u00fablicas en seis ciudades para recoger las observaciones de las v\u00edctimas y los grupos de derechos humanos. La \u00faltima de ellas finaliz\u00f3 el pasado viernes en Bogot\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Un reloj que hace corre<\/h2>\n\n\n\n

Hasta ahora, la JEP se ha cuidado mucho de no expresar que la escogencia de estos cr\u00edmenes equivale a decidir que renunciar\u00e1 a la persecuci\u00f3n penal de los dem\u00e1s, pero tanto las v\u00edctimas como los magistrados son conscientes de que este es el escenario m\u00e1s probable en un pa\u00eds que soport\u00f3 un conflicto armado de 52 a\u00f1os que dej\u00f3 9,2 millones de v\u00edctimas. Sobre todo porque el reloj corre para el tribunal, cuya duraci\u00f3n ser\u00e1 de 15 a\u00f1os (aunque admite una pr\u00f3rroga adicional para cumplir con las tareas residuales). En teor\u00eda, la JEP tiene hasta 2028 para presentar acusaciones contra los m\u00e1ximos responsables de cr\u00edmenes graves y hasta 2033 para completar los juicios.<\/p>\n\n\n\n

Justo despu\u00e9s de revelar sus nuevos expedientes, la JEP tambi\u00e9n anunci\u00f3 las fechas de las audiencias p\u00fablicas en las que su primera tanda de 17 acusados aceptar\u00e1 los cargos que se les imputan. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril, siete ex comandantes de las FARC se enfrentar\u00e1n oficialmente a sus v\u00edctimas y reconocer\u00e1n su responsabilidad en miles de secuestros<\/a>. Tres semanas m\u00e1s tarde, el 21 y 22 de abril, diez ex integrantes del Ej\u00e9rcito admitir\u00e1n formalmente su papel en el asesinato de 247 civiles<\/a>, que luego hicieron pasar ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, en una tragedia que los colombianos conocen como los \u2018falsos positivos\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Su admisi\u00f3n allana el camino para que la JEP dicte sus primeras condenas desde que abri\u00f3 sus puertas a principios de 2018. Se espera que reciban penas de entre 5 y 8 a\u00f1os en un entorno no penitenciario, siempre que los magistrados consideren que est\u00e1n respondiendo a las demandas de las v\u00edctimas de verdad y reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Este calendario, sin embargo, evidencia el tiempo que est\u00e1 tomando cada caso. Las dos primeras acusaciones se dieron a conocer<\/a> despu\u00e9s de tres a\u00f1os y medio de investigaciones, y se necesit\u00f3 otro a\u00f1o m\u00e1s para procesar las observaciones de las v\u00edctimas y recibir una respuesta formal de los acusados. Y todav\u00eda pasar\u00e1n unos meses m\u00e1s antes de que los magistrados de la JEP determinen las sanciones. Esto significa que se han necesitado por lo menos cinco a\u00f1os para un fallo, un lapso de tiempo que no tiene en cuenta que estos dos primeros casos a\u00fan tienen otras acusaciones pendientes contra comandantes regionales de las FARC y militares de otras unidades priorizadas.<\/p>\n\n\n\n

Un motivo de mayor preocupaci\u00f3n es que los otros cinco macro-casos abiertos est\u00e1n todav\u00eda en fase de investigaci\u00f3n. En teor\u00eda, el caso regional centrado en Nari\u00f1o, en la costa del Pac\u00edfico, y el que examina el exterminio de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica est\u00e1n cerca de la fase de acusaci\u00f3n, pero no se ha hecho ning\u00fan anuncio oficial.<\/p>\n\n\n\n

Las v\u00edctimas (y los pol\u00edticos) reaccionan<\/h2>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n del tribunal de abrir los llamados \u2018casos sombrilla\u2019 ha despertado frustraci\u00f3n entre las v\u00edctimas y organizaciones de derechos humanos. Muchos consideran que las seis audiencias convocadas por la JEP para debatir la priorizaci\u00f3n de los casos resultaron inocuas, dado que los magistrados parecer\u00edan haber tomado ya una decisi\u00f3n sobre los pr\u00f3ximos casos. Y les preocupa especialmente lo que esto pueda dejar de lado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros sabemos que tiene que haber priorizaci\u00f3n, pero tienen que hacerlo de forma que las v\u00edctimas se sientan incluidas, as\u00ed sepan que su caso no va a estar\u201d, dice Adriana Arboleda, abogada de la Corporaci\u00f3n para la Libertad Judicial de Medell\u00edn. Su ONG ha pedido a la JEP que abra un caso geogr\u00e1fico sobre el barrio Comuna 13 de la segunda ciudad m\u00e1s grande del pa\u00eds, donde -sostienen- agentes del Estado dirigidos por el general del Ej\u00e9rcito colombiano Mario Montoya desaparecieron y desplazaron a miles de personas en connivencia con los paramilitares. Su preocupaci\u00f3n, dice, es que \u201cpor la l\u00f3gica del tiempo, termines sacrificando pedagog\u00eda y participaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En febrero, 85 grupos de v\u00edctimas y de derechos humanos redactaron una carta p\u00fablica<\/a> en la que ped\u00edan a la JEP que pospusiera las audiencias hasta que el tribunal pudiera abordar su preocupaci\u00f3n de que el proceso de decisi\u00f3n est\u00e1 \u201cvulnerando la garant\u00eda del principio de centralidad de las v\u00edctimas\u201d en los procedimientos. Algunos llegaron incluso a presentar acciones de tutela contra el tribunal en un intento de forzar la consideraci\u00f3n de sus casos. A ra\u00edz de uno de estos recursos de amparo presentado por una v\u00edctima no identificada del carro bomba de las FARC en 2003 dentro del club social El Nogal de Bogot\u00e1, la JEP estableci\u00f3<\/a> un plazo de mediados de abril para el anuncio definitivo del caso.<\/p>\n\n\n\n

Incluso los pol\u00edticos est\u00e1n presionando a la JEP sobre nuevos casos. El presidente Iv\u00e1n Duque, un abierto cr\u00edtico del sistema de justicia transicional que s\u00f3lo visit\u00f3 la sede<\/a> de la JEP en Bogot\u00e1 por primera vez en noviembre pasado cuando el secretario general de Naciones Unidas, Ant\u00f3nio Guterres, vino para el quinto aniversario del acuerdo de paz, pidi\u00f3 al tribunal, cuya importancia ha intentado diluir constantemente<\/a>, que investigue los cr\u00edmenes cometidos contra soldados y polic\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Las mujeres exigen un caso de violencia sexual<\/h2>\n\n\n\n

Las v\u00edctimas de la violencia sexual han sido quiz\u00e1s el grupo m\u00e1s vocal a la hora de exigir un caso completo en lugar de ser incluidas como parte de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl pa\u00eds necesita un reconocimiento de que esto pas\u00f3. Si no hay un caso, es dif\u00edcil entender lo que sucedi\u00f3 a las mujeres como bot\u00edn, cu\u00e1les fueron los patrones de victimizaci\u00f3n y c\u00f3mo se adue\u00f1aron de territories a trav\u00e9s de los cuerpos de las mujeres\u201d, dice Marina Gallego, l\u00edder de la Ruta Pac\u00edfica de Mujeres. Su organizaci\u00f3n de v\u00edctimas a nivel nacional present\u00f3 a la JEP un informe detallando casos de violencia sexual en Urab\u00e1 y est\u00e1 terminando otro sobre Putumayo.<\/p>\n\n\n\n

Como ha contado JusticeInfo<\/a>, el suyo y otros grupos vienen insistiendo desde hace tres a\u00f1os en la necesidad de un macro-caso que detalle las diferentes formas de violencia de g\u00e9nero, como la violaci\u00f3n, la violencia reproductiva<\/a> -que incluye la anticoncepci\u00f3n forzada, las esterilizaciones y los abortos forzados- y la violencia contra las personas LGBT.<\/p>\n\n\n\n

Lo que hist\u00f3ricamente fue un delito invisibilizado ha pasado al primer plano, en medio de la toma de conciencia global que ha desencadenado el movimiento #MeToo, y se ha convertido incluso en un saco de boxeo<\/a> en la transici\u00f3n colombiana. En total, 34.592 personas<\/a> han sido v\u00edctimas de violencia sexual, 90% de las cuales son mujeres. Aunque pueda parecer una cifra peque\u00f1a en medio de un universo de 9,2 millones de v\u00edctimas, el n\u00famero de personas que denuncian estos casos ha crecido mucho m\u00e1s r\u00e1pido que el de otros delitos en los \u00faltimos siete a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, esta exigencia se expres\u00f3 en todas y cada una de las audiencias p\u00fablicas convocadas por la JEP para debatir la priorizaci\u00f3n de casos, seg\u00fan dos personas con conocimiento directo. Asimismo, ocupa un lugar destacado en los 421 informes presentados a la JEP que describen cr\u00edmenes: m\u00e1s de un tercio -130- abordan la violencia sexual y de g\u00e9nero. Esto s\u00f3lo lo sit\u00faa por detr\u00e1s de los homicidios, el desplazamiento forzado, la desaparici\u00f3n forzada y las agresiones f\u00edsicas, muy por encima de delitos tradicionalmente m\u00e1s visibles como los secuestros o el reclutamiento de ni\u00f1os, seg\u00fan un an\u00e1lisis realizado por el tribunal.<\/p>\n\n\n\n

Buscando justicia para las mujeres<\/h2>\n\n\n\n

Los grupos de derechos de la mujer coinciden con las preocupaciones de las v\u00edctimas. \u201cEl nuestro es un acuerdo de paz pionero en incluir la violencia sexual y un enfoque de g\u00e9nero. Eso genera mucha expectativa en las v\u00edctimas, que conf\u00edan en el sistema [de justicia transicional] y en lograr el acceso a la justicia que nunca han logrado\u201d, dice Linda Cabrera de Sisma Mujer, una de las organizaciones feministas m\u00e1s antiguas del pa\u00eds. Su ONG, junto con otras cuatro, ha pedido p\u00fablicamente a la JEP<\/a> que abra un caso que abarque todas las formas de violencia de g\u00e9nero y presionado convencer sin \u00e9xito<\/a> al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que persuadiera al tribunal de hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

Uno de sus argumentos es que la justicia penal ordinaria lleva mucho tiempo en deuda con las sobrevivientes de violencia sexual. De los 634 casos priorizados por dos autos de la Corte Constitucional, solo 14 -el 2,2%- hab\u00edan visto una condena, seg\u00fan un informe de 2016<\/a> elaborado por 12 ONG jur\u00eddicas y de derechos de la mujer. Los niveles de impunidad en los casos de abuso sexual priorizados oscilan entre el 92% y el 97%, concluyeron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo tenemos claro el enfoque de g\u00e9nero en la metodolog\u00eda. Nuestra experiencia es que, cuando se investigan graves violaciones de derechos humanos en simult\u00e1neo, se corre el riesgo de que se invisibilice o se deje a un lado la violencia sexual. Es parte de lo que ha pasado en la historia judicial colombiana\u201d, dice Cabrera.<\/p>\n\n\n\n

Las v\u00edctimas de las minas tambi\u00e9n se sienten excluidas<\/h2>\n\n\n\n

Las v\u00edctimas de otros cr\u00edmenes altamente simb\u00f3licos tambi\u00e9n est\u00e1n alzando su voz en un pa\u00eds que tiene una de las cifras m\u00e1s altas de desplazados y v\u00edctimas de minas antipersonal del mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa JEP las herramientas para que los responsables reconozcan verdades como qui\u00e9nes las enterraban, d\u00f3nde eleg\u00edan hacerlo y c\u00f3mo las creaban\u201d, dice Reinel Barbosa, un agricultor y t\u00e9cnico inform\u00e1tico de 36 a\u00f1os que perdi\u00f3 la pierna izquierda<\/a> tras pisar una mina en 2007 en el Meta. Desde entonces, se ha convertido en uno de los l\u00edderes m\u00e1s importantes de uno de los grupos de v\u00edctimas menos visibles del pa\u00eds, fundando la primera red nacional de asociaciones de v\u00edctimas de minas y abogando desde hace a\u00f1os por aumentar los esfuerzos de desminado humanitario<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"A
Los jueces de la JEP hablan en una audiencia p\u00fablica con ex oficiales del Ej\u00e9rcito que han sobrevivido a explosiones de minas terrestres. \u00a9 JEP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Un caso sobre minas antipersonal tiene sentido en un pa\u00eds con 12.036 v\u00edctimas directas<\/a>, sin contar a sus familiares. Gran parte de esta responsabilidad recae en las FARC, a quienes la Campa\u00f1a Internacional para la Prohibici\u00f3n de las Minas (ICBL) calific\u00f3<\/a> como \u201cprobablemente el usuario m\u00e1s prol\u00edfico de minas antipersonal entre los grupos rebeldes del mundo\u201d, aunque la guerrilla del ELN y los paramilitares de derecha tambi\u00e9n recurrieron a \u00e9stas. Tambi\u00e9n es un crimen en el que la justicia penal ordinaria no ha avanzado mucho, ya que la primera condena por este delito <\/a>-de un guerillero de las FARC- no se produjo sino hasta 2015. La Campa\u00f1a Colombiana contra Minas, el brazo nacional de la ICBL y la ONG que promovi\u00f3 su inclusi\u00f3n en el c\u00f3digo penal<\/a>, no tiene constancia de ninguna otra condena.<\/p>\n\n\n\n

El problema, seg\u00fan Barbosa, es que la mayor\u00eda de las v\u00edctimas de minas no saben con certeza qui\u00e9n las instal\u00f3, dado que estos artefactos suelen explotar a\u00f1os -o incluso d\u00e9cadas- despu\u00e9s de ser enterrados. \u201cMi caso lleva 14 a\u00f1os sin que se sepa el responsible\u201d, dice. Pero, con la informaci\u00f3n que la JEP ya ha recopilado sobre qu\u00e9 unidades de las FARC operaban en diferentes zonas y periodos de tiempo, cree que ser\u00eda posible identificar a comandantes responsables.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal est\u00e1 estudiando la posibilidad de incluir el uso de minas antipersonal en el macro-caso sobre las FARC, como parte de una l\u00ednea de investigaci\u00f3n sobre \u2018medios y m\u00e9todos de guerra\u2019, posiblemente junto con las tomas a poblaciones y los carros bomba. Barbosa dice que su fijaci\u00f3n no es que el uso de minas antipersonal se convierta en caso en s\u00ed mismo, pero advierte que la prioridad para las v\u00edctimas es que los autores rindan cuentas por una t\u00e1ctica de guerra que se empleaba contra los civiles y que a menudo desencadenaba otros cr\u00edmenes como el desplazamiento forzado y el confinamiento.<\/p>\n\n\n\n

Volver a poner a las v\u00edctimas en el centro<\/h2>\n\n\n\n

Aunque entienden las limitaciones de tiempo de la JEP, al exigir que se investiguen los cr\u00edmenes que sufrieron, las v\u00edctimas tambi\u00e9n abogan por que el foco narrativo vuelva a estar sobre ellas, en lugar de los perpetradores.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl lenguaje de la guerra siempre traslada la responsabilidad a las v\u00edctimas. Se habla de \u2018accidentes de minas\u2019, como si se lo provocara uno mismo, cuando fueron atentados planeados milim\u00e9tricamente. Hay que llamar las cosas por su nombre y que quienes las han colocado lo reconozcan, ayuda\u201d, dice Reinel Barbosa.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n est\u00e1n presionando a la JEP para que abra espacios m\u00e1s amplios de di\u00e1logo con las v\u00edctimas para discutir la priorizaci\u00f3n de los casos. Como dice Linda Cabrera, \u201cnos debe al movimiento de mujeres una explicaci\u00f3n del aplazamiento y de la decisi\u00f3n de no abrirlo, si esa es la postura\u201d.<\/p>\n\n\n

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t
Recomendado por la redacci\u00f3n<\/div>\r\n\t\t\t
\"Ex<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\tLa violencia sexual, el nuevo saco de boxeo en la transici\u00f3n Colombiana (Parte 1)\r\n\t\t<\/a>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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