{"id":90990,"date":"2022-04-19T13:30:32","date_gmt":"2022-04-19T11:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/90990-what-behind-numbers-disappeared-colombian-armed-conflict.html"},"modified":"2025-03-25T19:31:53","modified_gmt":"2025-03-25T18:31:53","slug":"que-hay-detras-cifras-desaparecidos-conflicto-armado-colombiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/es\/90990-que-hay-detras-cifras-desaparecidos-conflicto-armado-colombiano.html","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de las cifras de desaparecidos en el conflicto armado colombiano?"},"content":{"rendered":"\n

Existen cifras contradictorias sobre la desaparici\u00f3n forzada en Colombia. A lo largo de los a\u00f1os han aparecido diferentes registros que tienen alcances y prop\u00f3sitos distintos. Esto ha generado alarma en el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la ONU recientemente. La investigadora Adriana Rudling nos gu\u00eda a trav\u00e9s de la historia de los diferentes registros y llama a una clarificaci\u00f3n p\u00fablica de los n\u00fameros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Cuando el a\u00f1o pasado<\/a> publiqu\u00e9 un art\u00edculo con la acad\u00e9mica socio-legal Lorena Vega sobre la desaparici\u00f3n forzada, un editor nos llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la \u201ccifra realmente impactante\u201d de 80.000 desapariciones forzadas \u201caplicada s\u00f3lo a Colombia\u201d. Su asombro fue tal que me pidi\u00f3 que aclarara este n\u00famero en otro correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

Se suele pensar que los n\u00fameros ocultan el horror de los conflictos armados deshumanizando a las v\u00edctimas. Dada la naturaleza y la magnitud del crimen de desaparici\u00f3n forzada, muchas iniciativas de la sociedad civil intentan devolver a las v\u00edctimas su individualidad y a las familias un medio para conmemorarlas a trav\u00e9s de bordados<\/a>, instalaciones<\/a>, documentales<\/a> o proyectos transmedia<\/a>. Otros trabajos como el realizado por Equitas<\/a> en Colombia o Menos D\u00edas Aqu\u00ed<\/a> en M\u00e9xico reflejan el poder contraforense<\/a> de los ciudadanos ante la incapacidad del Estado o la negaci\u00f3n de este delito.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, nuestra comprensi\u00f3n tanto de las violaciones de derechos humanos a gran escala como de las medidas de justicia transicional adoptadas para hacerles frente se ha construido a trav\u00e9s de los registros de v\u00edctimas. Esta es una de las razones por las que las cifras de desapariciones en el conflicto armado y su comprensi\u00f3n son tan importantes en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

En comparaci\u00f3n con Per\u00fa o Guatemala, los<\/a> <\/a>registros colombianos de da\u00f1os relacionados con el conflicto<\/a> presentan dos particularidades. En primer lugar, a pesar del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las hostilidades entre el gobierno y varios grupos armados no estatales, incluidos grupos disidentes de las FARC, contin\u00faan, y se siguen registrando nuevos actos victimizantes<\/a> en casi todas las categor\u00edas de los registros existentes. En segundo lugar, la fecha de inicio del conflicto armado en el pa\u00eds sigue siendo objeto de un debate generalizado. Esto explica que, a pesar de ser ambas instituciones del sistema de justicia transicional derivadas del mismo acuerdo de paz, la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV<\/a>) utilice el a\u00f1o 1958 y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) use sobre todo el a\u00f1o 1948.<\/p>\n\n\n\n

Registros de la sociedad civil: Noche y Niebla<\/h2>\n\n\n\n

El primer registro colombiano de violaciones de derechos humanos que incluye la desaparici\u00f3n forzada tiene su origen en el trabajo de la sociedad civil. El padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita y figura clave del movimiento de derechos humanos que ayud\u00f3 a fundar la primera organizaci\u00f3n de familiares de v\u00edctimas de desaparici\u00f3n<\/a> forzada, cre\u00f3 tambi\u00e9n el Banco de Datos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Violencia<\/a> Pol\u00edtica junto con el padre Alejandro Angulo. Cuando empezaron a recopilar datos, que consist\u00edan principalmente en recortes de peri\u00f3dicos y testimonios, a finales de la d\u00e9cada de los 80 tomaron como modelo esfuerzos similares en el Cono Sur, principalmente en Argentina y Chile, durante los reg\u00edmenes militares de esos pa\u00edses. A mediados de los a\u00f1os 90, lanzaron una revista llamada Noche y Niebla<\/a> -en honor al famoso documental de Alain Resnais sobre el Holocausto- para darle a la base de datos un medio p\u00fablico. El primer n\u00famero conten\u00eda datos sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y desapariciones forzadas por parte de agentes estatales y no estatales, as\u00ed como de autores no identificados, que hab\u00edan ocurrido entre julio y agosto de 1996. Ese mismo a\u00f1o, otra organizaci\u00f3n de la sociedad civil, la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), public\u00f3 su base de datos del desplazamiento forzado<\/a> que incluye estimaciones que se remontan a 1985. Dado que la desaparici\u00f3n forzada ha sido utilizada a menudo por actores paramilitares<\/a> de derecha y por narcotraficantes como t\u00e1ctica de terror para inducir el desplazamiento for<\/a>zado y facilitar la acumulaci\u00f3n de tierras, la combinaci\u00f3n de estas dos bases de datos permiti\u00f3 a los colombianos conocer por primera vez la verdadera magnitud de los da\u00f1os relacionados al conflicto.<\/p>\n\n\n\n

El primer registro estatal<\/h2>\n\n\n\n

En gran medida gracias a la movilizaci\u00f3n social y jur\u00eddica de ASFADDES<\/a>, la organizaci\u00f3n de familiares creada con la ayuda del padre Giraldo, el delito de desaparici\u00f3n forzada se tipific\u00f3 mediante una ley en el <\/a>a\u00f1o 2000<\/a> tras la prohibici\u00f3n introducida en la Constituci\u00f3n de Colombia de 1991. Si bien es cierto que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n conoc\u00eda casos de desapariciones forzadas en el \u00ednterin, esta legislaci\u00f3n cre\u00f3 el primer Registro Nacional deDesaparecidos (RND) de \u00e1mbito nacional y sancionado por el Estado, y le encarg\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses su coordinaci\u00f3n. Seg\u00fan un decreto de 2005<\/a>, el objetivo principal de este registro es ayudar a la identificaci\u00f3n de los restos humanos, dirigir la b\u00fasqueda de los desaparecidos y facilitar el seguimiento de los casos. Cabe destacar que, aunque la ley de 2000 habla de los actores armados y de la fuerza p\u00fablica como posibles responsables, este registro no se circunscribe estrictamente al conflicto armado. Dado que la existencia del conflicto armado no se reconoci\u00f3 en Colombia sino una d\u00e9cada despu\u00e9s, este registro sigue funcionando hoy en d\u00eda como registro general de personas desaparecidas.<\/p>\n\n\n\n

Desde 2004, el RND tambi\u00e9n incluye las resoluciones del sistema de justicia penal ordinario<\/a>, as\u00ed como los procedimientos especiales de <\/a>justicia transicional<\/a> en virtud de una ley de 2005 que desmoviliz\u00f3 a los grupos paramilitares. El RND incluye m\u00e1s de 33.000 v\u00edctimas de presuntas desapariciones forzadas y a poco m\u00e1s de 134.000 personas clasificadas como \"sin informaci\u00f3n\" desde 1930<\/a>. Simult\u00e1neamente, la justicia penal ordinaria<\/a> registra alrededor de 102.000 v\u00edctimas entre 1968 y 2021. Dadas las diferentes fechas de inicio, la dudosa clasificaci\u00f3n de un n\u00famero tan elevado de v\u00edctimas y la falta de un v\u00ednculo directo con el conflicto armado, las organizaciones de la sociedad<\/a> civil no consideran que estos sean registros fiables de v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n

Registros de reparaciones<\/h2>\n\n\n\n

Las v\u00edctimas de la desaparici\u00f3n forzada volvieron a ser objeto de inter\u00e9s del Estado en el \u00e1mbito de pol\u00edticas de reparaci\u00f3n. Dado que los procedimientos especiales de los paramilitares que se desmovilizaban en virtud de la legislaci\u00f3n de 2005 estaban retrasando la reparaci\u00f3n, el Estado estableci\u00f3 su primer programa de reparaciones administrativas relacionadas con el conflicto. Un decreto de 2008<\/a> cre\u00f3 un procedimiento de registro de beneficiarios que inclu\u00eda a las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada. Sin embargo, dada la naturaleza de desmovilizaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n del 2005 a la que respaldaba, este registro dejaba por fuera por dise\u00f1o a las v\u00edctimas de los actores armados que no se desmovilizaron bajo esa legislaci\u00f3n, as\u00ed como a los agentes del Estado y los grupos insurgentes de izquierda (guerrillas).<\/p>\n\n\n\n

El actual Registro \u00danico de V\u00edctimas <\/em>(RUV), establecido por una ley de 2011<\/a> conocida como la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, incluye a todas las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada, independientemente de si su autor est\u00e1 identificado, en proceso de desmovilizaci\u00f3n o si su juicio ha terminado. La limitaci\u00f3n que impone con respecto a la recepci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n es que el delito debe haber tenido lugar despu\u00e9s del 1 de enero de 1985. Dado que el prop\u00f3sito de los registros de 2008 y 2011 es espec\u00edficamente la reparaci\u00f3n, aportan un enfoque diferente al problema<\/a>. El RUV contiene actualmente poco m\u00e1s de 50.500 v\u00edctimas directas y 138.000 v\u00edctimas indirectas<\/a>. El primer n\u00famero se refiere a las personas que cumplen las condiciones de la ley de 2000 para la desaparici\u00f3n forzada y que son reconocidas como v\u00edctimas relacionadas con el conflicto por la agencia estatal pertinente, y el segundo n\u00famero a sus familiares supervivientes que deben ser reparados.<\/p>\n\n\n\n

Dos registros m\u00e1s<\/h2>\n\n\n\n

El Observatorio de la Memoria y el Conflicto<\/a> es la fuente de informaci\u00f3n m\u00e1s amplia sobre el conflicto armado interno en Colombia hasta la fecha. Su ventaja es que integra tanto fuentes estatales como de la sociedad civil<\/a>, incluyendo testimonios, y se remonta a 1958. Forma parte del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, una instituci\u00f3n gubernamental creada en 2011, pero a diferencia del Registro \u00danico (RUV) establecido por la misma legislaci\u00f3n, no tiene una finalidad restauradora. M\u00e1s bien, busca el esclarecimiento y el reconocimiento hist\u00f3rico<\/a>. Lanzado en 2018, este registro habla de aproximadamente 80.000 v\u00edctimas directas<\/a> de desaparici\u00f3n forzada entre 1958 y 2022.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan su decreto fundacional de 2017<\/a>, la labor de la Unidad de B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se centra en las personas \u201cpresuntamente desaparecidas en el contexto y en raz\u00f3n del conflicto armado\u201d. Seg\u00fan el acuerdo de paz con las FARC, esto incluye a los civiles as\u00ed como a los (presuntos) excombatientes reportados como desaparecidos como resultado de un secuestro, desaparici\u00f3n forzada, reclutamiento forzado o muerte en hostilidades seguida del ocultamiento del cuerpo que tuvieron lugar antes del 1 de diciembre de 2016. La UBPD es un \u00f3rgano extrajudicial y humanitario. Dado que su trabajo no se limita a la tipolog\u00eda penal de la desaparici\u00f3n forzada, su registro se basa en el RND y lo alimenta sin superponerse totalmente. Mientras que los datos del<\/a> <\/a>registro<\/a> de la UBPD muestran que se remonta a 1921 y que actualmente contiene m\u00e1s de 99.000 v\u00edctimas, la directora de la UBPD, Luz Marina Monz\u00f3n, se ha referido a 120.000 desaparecidos<\/a> y a 1948 como fecha de inicio del conflicto<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Confianza y transparencia<\/h2>\n\n\n\n

La desaparici\u00f3n forzada es un crimen de Estado<\/a> por excelencia. Aunque los agentes del Estado pueden no haber estado directamente implicados, como en el caso de los \"falsos positivos\" (ejecuciones extrajudiciales) que se encuentra <\/a>actualmente ante el tribunal de justicia transicional conocido como la JEP,<\/a> son los agentes del Estado que, en \u00faltimas, son responsables de la localizaci\u00f3n, identificaci\u00f3n y devoluci\u00f3n de los restos de las v\u00edctimas a sus familias, as\u00ed como de cualquier acci\u00f3n legal necesaria.<\/p>\n\n\n\n

Cuando empec\u00e9 a investigar la desaparici\u00f3n forzada en Colombia<\/a>, los familiares de las v\u00edctimas me contaron que cuando se dirigieron por primera vez a la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) a mediados de los a\u00f1os 80, la organizaci\u00f3n ten\u00eda dificultades para entender el crimen fuera del contexto de los reg\u00edmenes militares del Cono Sur. Les resultaba sencillamente inimaginable que esto ocurriera en una de las democracias supuestamente m\u00e1s estables de Am\u00e9rica Latina, tal como se entend\u00eda Colombia a pesar de las d\u00e9cadas de conflicto armado. <\/p>\n\n\n\n

Estos registros, por confusos que parezcan, dan una idea de la magnitud del problema. Sus discrepancias en cuanto a los n\u00fameros, que recientemente han causado alarma en el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada<\/a> de la ONU, son tambi\u00e9n una cuesti\u00f3n de caracterizaci\u00f3n de las v\u00edctimas y de actualizaci\u00f3n de sus derechos. Los familiares, que han llevado el peso de la lucha contra la impunidad desde el momento de la documentaci\u00f3n<\/a>, se han movilizado persistentemente a nivel jur\u00eddico y social para cambiar los imaginarios sociales y pol\u00edticos sobre este delito. Cuando algunos Estados han recurrido a la distorsi\u00f3n de las cifras<\/a> para negar este delito, induciendo a una segunda desaparici\u00f3n, la aclaraci\u00f3n p\u00fablica tanto de los registros como de las cifras mismas, tal y como pidi\u00f3 el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la ONU, reducir\u00eda la hist\u00f3rica desconfianza en el Estado colombiano al aumentar la transparencia.<\/p>\n\n\n

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\n

\"AdrianaADRIANA RUDLING<\/strong><\/p>\n

Adriana Rudling, doctora en pol\u00edtica por la Universidad de Sheffield (Reino Unido), es investigadora posdoctoral en el Instituto Chr Michelsen de Bergen (Noruega) y becaria visitante posdoctoral en el Instituto Pensar de Bogot\u00e1 (Colombia). Sus intereses de investigaci\u00f3n se centran en las interacciones entre las v\u00edctimas de violaciones masivas y sistem\u00e1ticas de los derechos humanos y los mecanismos y medidas adoptadas para hacer frente al pasado violento.<\/p>\n<\/div>\n\n\n

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Existen cifras contradictorias sobre la desaparici\u00f3n forzada en Colombia. A lo largo de los a\u00f1os han aparecido diferentes registros que tienen alcances y prop\u00f3sitos distintos. Esto ha generado alarma en el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la ONU recientemente. 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