La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses puso a Venezuela en el centro de la atención internacional. El debate se ha centrado en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, dejando de lado los crímenes en los que estarían implicados los regímenes de Chávez y Maduro.
“Para el mundo, esta es una noticia complicada porque implica, en cierto modo, el fracaso de los mecanismos e instancias de resolución de conflictos que ofrece el derecho internacional”, explica Paola de Alemán, doctora en ciencias políticas y directora del Instituto de Estudios Políticos Forma, Venezuela. “La pregunta no es por qué Donald Trump actuó así, sino por qué una persona como Maduro permaneció en el poder frente a la mirada cómplice de todos”, enfatiza.
Narcoterrorismo: una continuidad de evidencia
La acción ejecutada el 3 de enero por fuerzas estadounidenses estuvo precedida por una acusación formal presentada ante un tribunal federal en Nueva York. Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos funcionarios enfrentan cargos de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, conspiración narco-terrorista y conspiración para usar y poseer armas automáticas.
En los cargos se destaca su posible vínculo con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, así como su conexión con “esquemas probados y previamente procesados”, señala el periodista y activista venezolano Luis Carlos Díaz. Recuerda un precedente judicial ante un tribunal en Nueva York: el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019, que incluyó abundante evidencia sobre logística narco-criminal.
Esa continuidad de evidencia y el hecho de que Estados Unidos considerara a Maduro un presidente ilegítimo tras las elecciones del 28 de julio de 2024, explican por qué el caso avanzó rápidamente a la etapa previa al juicio, donde se define qué evidencia llegará a la sala.
La eliminación de la acusación de que encabezaba el Cártel de los Soles llegó al debate público. La acusación original de 2020 incluía esa caracterización, pero la versión presentada en 2026 la eliminó. No porque “el cártel no exista”, aclara Díaz, quien ha seguido durante años los procesos de justicia y transición en Venezuela, sino porque no era eficiente para este juicio. “No acusas a alguien por pertenecer a un cártel, sino por los crímenes que cometes siendo parte de él”, resume.
Si no hay acuerdo entre Maduro y el Estado que lo acusa, el juicio continuará ante el jurado; si hay condena, vendrán la sentencia y la eventual apelación ante una corte federal superior. Nada de esto depende de lo que pase en Caracas.
Del narco a los crímenes de lesa humanidad
En La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, investiga crímenes de lesa humanidad como detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos generalizados vinculados a la represión estatal en 2014 y 2017. La “Situación de Venezuela I” pasó el examen preliminar que evaluaba la competencia de la Corte y se encuentra en fase de investigación.
“La Corte no solo se centra en si los crímenes ocurrieron o no, determina quién dio las órdenes, quién tiene las más altas responsabilidades en esos crímenes”, señala Díaz.
El Estado venezolano ha mostrado gestos de cooperación, pero ha quedado claro que su propósito final era ralentizar el proceso. Caracas también presentó una “Situación Venezuela II” ante la Corte para investigar las sanciones estadounidenses, pero la solicitud sigue en examen preliminar.
En la fase de investigación, la CPI debe encontrar uno o más casos concretos donde pueda demostrarse la cadena de decisiones que condujo a la ejecución de esos crímenes. Una vez que la Fiscalía arme ese rompecabezas, vendrían las órdenes de captura.
“Existe la posibilidad de que las órdenes ya existan pero estén selladas”, explica Díaz. Esto puede ser una estrategia que opta por entregarlas a agencias de inteligencia en lugar de hacerlas públicas. “No es para proteger al criminal, es más bien para atraparlo”, añade.
Lo que viene es el tramo más decisivo del proceso: la captura o entrega de los acusados, la audiencia de confirmación de cargos y, si se superan esos umbrales, el juicio, la sentencia, las apelaciones y las reparaciones a las víctimas.
Precisamente estas medidas de reparación lo hacen tan distinto del proceso que tiene lugar en Estados Unidos. Mientras esa fiscalía persigue delitos que afectan su seguridad nacional y busca castigo, La Haya investiga crímenes que afectan a víctimas de una comunidad y puede ordenar reparaciones. Esto es clave porque abre un paso hacia la justicia transicional, que incluye reconocimiento, memoria y garantías de no repetición, no solo castigo.
Argentina: ¿qué más puede hacer?
El tercer frente judicial ocurre en Argentina y tiene una particularidad: surgió de dos iniciativas distintas que finalmente convergieron en un solo caso.
Primero, el 18 de enero de 2023, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) presentó una denuncia penal ante un tribunal federal argentino contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes como tortura y persecución política en Venezuela. El caso se aceleró porque Maduro planeaba un viaje a Buenos Aires, y en septiembre de 2024 el tribunal emitió una orden de captura contra el presidente, generando titulares y llevando a que cancelara su visita. Fue una de las primeras victorias simbólicas para las víctimas en el terreno internacional, recuerda Díaz.
En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) presentó una denuncia en Argentina centrada exclusivamente en ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad. No cubre torturas o detenciones arbitrarias, delitos ya incluidos en la denuncia previa y que también forman parte del caso ante la CPI.
Los jueces argentinos decidieron unir ambos casos en uno bajo el principio de jurisdicción universal y ya completaron la investigación, emitieron más de una docena de órdenes de captura y activaron la solicitud de extradición de Maduro.
Para Díaz, este “es probablemente el caso más avanzado en la historia de Argentina bajo jurisdicción universal, y el que más ha logrado en términos concretos para las víctimas venezolanas”. Díaz destaca que no compite con la CPI, sino que la complementa, porque aborda otros delitos y suma nuevos responsables a la lista.
Tres escenarios políticos frente a lo inédito
La captura de Maduro genera preocupación respecto a lo que vendrá y para de Alemán es demasiado pronto para hacer un balance. Sin embargo, sí identifica tres posibles escenarios políticos, algunos más probables que otros.
El primero es el de una dictadura tutelada por una fuerza extranjera, donde Delcy Rodríguez gobierna bajo supervisión estadounidense y hace reformas económicas sin apertura política real. Este camino podría estabilizar el país, pero de ningún modo conduciría a una democracia, dice.
De Alemán ve con recelo la viabilidad de este escenario por dos motivos: las redes de corrupción que existen dentro del régimen “que son tan corrosivas y exigen tantos ingresos que son incompatibles con el desarrollo económico”; y el costo político para el presidente Donald Trump. Si ya es complicado explicar lo ocurrido el 3 de enero, ¿cómo explicaría que no condujo a una democracia que respete la voluntad del pueblo?, añade.
Un segundo escenario sería el de un autoritarismo algo más abierto, donde el chavismo vuelve a participar y ganar elecciones tras mejorar las condiciones económicas y liberar ciertas válvulas políticas. “Regresamos un poco al chavismo antes de 2013”, describe de Alemán, con un sistema donde existe competencia electoral, pero el poder permanece concentrado en las mismas manos.
El tercer escenario es el que sí habilitaría una transición democrática: la apertura de un proceso electoral con garantías, liberación de presos, retorno de exiliados y reactivación de la vida cívica. Este, en su opinión, es el único escenario en el que los procesos judiciales actualmente iniciados podrían avanzar hacia una verdadera justicia transicional.
“En Venezuela el sufrimiento ha sido tal y tan grande que, cuando se abra una ventana de oxígeno en la que los venezolanos podamos contar todo lo que hemos sufrido, eso será una avalancha de sed de justicia y las instituciones político-jurídicas de nuestro país y de la comunidad internacional tendrán que encontrar la forma de procesarlo”, afirma.
En ese contexto, los casos en Estados Unidos, La Haya y Argentina no competirían entre sí, dice, sino que operarían de forma complementaria: uno atribuyendo responsabilidades individuales por narcotráfico, otro estableciendo responsabilidad superior y reparaciones a víctimas de crímenes de lesa humanidad, y el tercero documentando y enjuiciando otros crímenes como ejecuciones extrajudiciales y persecución política.
A esta altura es difícil mirar hacia el futuro con certeza, dicen analistas. Solo han pasado diez días y la información que llega desde Washington aún no muestra cuál será la integración de la oposición venezolana en este proceso, o incluso si existirá en absoluto. Quizá la única certeza posible hoy es que la justicia internacional avanzará, pero la transición política dependerá de muchos factores, y aún falta mucho para siquiera considerar la justicia interna.
