El 6.º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) se reunió el pasado 11 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), en paralelo a la COP30 sobre el clima, celebrada allí entre el 10 y el 21 de noviembre. Tras dos sesiones preparatorias, los 17 jueces de este tribunal simbólico elaboraron un texto de cuatro páginas titulado "Un nuevo compromiso con la Madre Naturaleza".
Comparado con los veredictos anteriores del Tribunal, el documento no se distingue por su carácter innovador. Es cierto que retoma algunos avances recientes del llamado "derecho blando" (normas no obligatorias). Entre ellos, la Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2025 sobre la emergencia climática y los derechos humanos, que considera el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho en algunos países de América Latina como una "evolución normativa" capaz de reforzar la protección de los ecosistemas. También se menciona la declaración final del último Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, celebrado en octubre de 2025 en Abu Dabi, que "alienta a los Estados a prohibir la exploración y extracción de combustibles fósiles" en la Amazonia, "garantizando al mismo tiempo la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales" en la preservación de la biodiversidad.
Pero, en esencia, la última decisión del TIDN insiste en lo que el Tribunal viene señalando, veredicto tras veredicto, desde su creación en 2014:
"Las olas de calor que causan la muerte de miles de personas están asociadas a las actividades humanas que provocan el cambio climático y el colapso ecológico global. Las crisis actuales tienen su origen en sistemas económicos, políticos, jurídicos y sociales establecidos por las culturas industriales orientadas al crecimiento. Todos formamos parte de la Tierra, una comunidad indivisible y viva de seres interrelacionados e interdependientes, con un destino común, aunque con derechos diferenciados. El Tribunal llama a un profundo cambio cultural, espiritual y filosófico, subraya la necesidad de reconocer los derechos fundamentales de la Madre Tierra a existir, crear, restaurar, sanar y exigir reparación por los daños causados durante siglos de capitalismo extractivo. Sin este cambio de rumbo radical, sólo unos pocos sobrevivirán al colapso ecológico y social, mientras millones de especies enfrentan la extinción".
La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra
Desde hace once años, el TIDN se reúne para examinar la legalidad de grandes proyectos industriales a la luz de un texto fundacional: la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Este documento fue adoptado en abril de 2010, al término de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático realizada en Cochabamba (Bolivia), por iniciativa del entonces presidente Evo Morales, tras el fracaso de la COP15 de Copenhague en 2009.
Para Morales, este fracaso estuvo directamente vinculado a la negativa de los países ricos a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y a financiar la adaptación de los países pobres al cambio climático. La conferencia de Cochabamba reunió a cerca de 30.000 representantes de los pueblos amerindios, comunidades indígenas y movimientos sociales de todo el mundo, con el objetivo de impulsar una acción colectiva y estructurada frente a esta situación de injusticia.
La declaración final recoge la experiencia de estas comunidades, muchas de ellas habitantes de regiones montañosas o forestales, territorios poco poblados, donde la vida se desarrolla en contacto directo con la naturaleza vasta y generosa, pero cada vez más fragilizada -e incluso destruida- por el cambio climático, los grandes emprendimientos mineros y las extensas explotaciones agroindustriales, basadas en la deforestación.
La Declaración Universal de los Derechos la Madre Tierra sostiene que esta "es una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres interrelacionados", y afirma que, así como los seres humanos poseen derechos humanos, "todos los demás seres tienen derechos específicos, adecuados a su condición y a su función". De esta concepción se desprende una serie de derechos que recuerdan a los consagrados en declaraciones, convenios y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos: el derecho a la vida, al respeto, a la identidad, a la salud integral y a la reparación frente a la violación de los derechos.
A estos se suman otros derechos fundamentales, como el acceso al agua como fuente de vida, al aire limpio y a un entorno libre de contaminación y polución, es decir, a un medio ambiente sano, un derecho cuya incorporación al corpus jurídico humanitario internacional es relativamente reciente. La Declaración concluye estableciendo obligaciones específicas para los seres humanos, entre ellas la de "aprender a vivir en armonía con la Madre Tierra" y la de "promover sistemas económicos coherentes con los derechos" allí reconocidos.
De inspiración cultural amerindia, la Declaración también toma como referencia en la Constitución ecuatoriana, aprobada por referéndum en 2008 por iniciativa del expresidente Rafael Correa, que dedica un capítulo entero a los "derechos de la naturaleza". Encuentra además un antecedente directo en la ley boliviana del 21 de diciembre de 2010 sobre los Derechos de la Madre Tierra.
El texto es promovido a escala internacional por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus siglas en inglés). Una red que agrupa a más de 5.000 organizaciones y personas de alrededor de un centenar de países de los cinco continentes. Su objetivo es "crear un sistema jurídico que considere a la naturaleza como una entidad dotada de derechos, y no como un bien exportable". Para avanzar en esta dirección a partir de casos concretos, la alianza organizó en 2014 la primera sesión del TIDN en Quito (Ecuador).
"Inspirado en los tribunales penales internacionales y en el Tribunal Permanente de los Pueblos, el TIDN busca fomentar un sistema internacional de derechos de la naturaleza", resumen los académicos estadounidenses Craig M. Kauffman y Pamela L. Martin, autores de un libro de referencia sobre este tema.
Una jurisprudencia aún muy teórica
Desde su creación, el TIDN se reunió en seis ocasiones, tanto en América del Sur como en Europa, generalmente al margen de las COP sobre el clima. También organizó dos sesiones regionales dedicadas a los ecosistemas acuáticos en Chile y Europa, así como seis sesiones locales centradas en casos específicos: el oleoducto Mountain Valley, en el sureste de Estados Unidos; el impacto de minería canadiense en Ecuador y Serbia; o la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia.
El tribunal ha examinado decenas de casos, a menudo con la ayuda de misiones que reúnen a víctimas, expertos, activistas y representantes políticos sobre el terreno. Algunos de estos conflictos también fueron llevados ante tribunales estatales por violaciones de los derechos culturales, humanos o medioambientales. El TIDN articula su labor con la legislación vigente, tanto con el el corpus internacional de derechos humanos como con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), ambos citados como fuentes jurídicas en los estatutos del Tribunal.
La propia ONU sigue con atención la labor del Tribunal. Durante la sexta reunión del TIDN en Belém, participaron Mary Lawlor y Michel Forst, relatores especiales de la ONU para la protección de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, quienes dieron testimonio sobre la respuesta del organismo internacional frente a los cientos de asesinatos de defensores del medio ambiente registrados en los últimos años.
Pese a su coherencia interna y su articulación con el derecho vigente, la jurisprudencia dictada por el TIDN continúa siendo, por ahora, eminentemente teórica. Mientras tanto, los entornos habitados por los pueblos indígenas y los ecosistemas del planeta siguen degradándose bajo el impacto de actividad industrial, en muchos casos, hasta un punto crítico para comunidades humanas que agrupan a miles - incluso decenas de miles- de personas.
Este contraste dio a los debates en Belém un tono particularmente dramático. Una jefa indígena del norte recordó, por ejemplo, el genocidio que continúa sufriendo su nación, situada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, decenas de manifestantes amazónicos culminaban su "marcha por el clima y la salud" con un intento de irrupción a la sede de la COP30, antes de ser repelidos por las fuerzas de seguridad brasileñas. La idea de que las COP sobre el clima son desfiles inútiles, incluso hostiles por estar demasiado infiltradas por los lobbies petroleros e industriales, se expresó en varias ocasiones durante esta sexta edición del Tribunal.
En 2025, la crisis ecosistémica global es, sin duda, objeto de concienciación por la comunidad internacional, lo que se traduce en el plano jurídico en el reconocimiento de un derecho humano universal a un medioambiente saludable. Mientras tanto, el TIDN abre el camino a un cambio paradigmático que consistiría en conceder derechos fundamentales a lo que se conoce como la naturaleza, es decir, al conjunto de seres vivos no humanos. Pero estos profundos cambios, que reflejan una lenta evolución en la forma en que el ser humano se considera a sí mismo en su relación con el medio ambiente, solo se refieren a la proclamación del derecho. La economía industrial sigue su curso y, hasta la fecha, hace que estos nuevos derechos sean en gran medida ineficaces.
