Rodrigo Granda: la tormenta diplomática que sacudió a Colombia

La breve detención en México de Rodrigo Granda, un ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y firmante del acuerdo de paz colombiano, desató una tormenta diplomática. Paraguay lo acusa del asesinato de la hija de un ex presidente, mientras Colombia está ad portas de condenarlo por el crimen de guerra y de lesa humanidad de secuestro. El caso revela la tensión entre la justicia transicional y la justicia de otros países.

Rodrigo Granda: la tormenta diplomática que sacudió a ColombiaRodrigo Granda (chaleco rojo), antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llega al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá el 20 de octubre de 2021 tras haber sido detenido brevemente en México en virtud de una "notificación roja" de Interpol. © Mauricio Moreno / El Tiempo / AFP
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Durante un par de horas, la justicia transicional colombiana vivió un terremoto. La tarde del 19 de octubre, Rodrigo Granda –uno de los ex negociadores de paz de la guerrilla de las FARC- fue retenido en el aeropuerto de Ciudad de México por una orden de captura internacional en su contra. La circular roja de Interpol se debía a que Paraguay acusa al ex jefe guerrillero del secuestro y asesinato hace 17 años de Cecilia Cubas, hija de un ex presidente de ese país, y solicitó a México extraditarlo para poder juzgarlo.

Unas horas después, el gobierno mexicano decidió permitir a Granda retornar a Colombia, eligiendo así no atender la solicitud de extradición de Paraguay y despertando la ira del gobierno de Mario Abdo. Su deportación exprés evitó lo que podría haberse podido convertirse en una larga saga jurídica como la que mantuvo al dictador chileno Augusto Pinochet en Londres durante año y medio.

Aunque la orden de captura de Paraguay data de 2008, la detención llegaba en un momento especialmente delicado: en los próximos dos meses Granda se convertirá en uno de los primeros condenados de la justicia transicional colombiana resultante del acuerdo de paz de 2016. Granda, conocido como el ‘canciller’ de las Farc, es uno de los siete acusados por la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su primer macro caso, que versa justamente sobre los miles de secuestros cometidos por esa guerrilla y que el tribunal ya calificó jurídicamente como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En abril, Rodrigo Granda comunicó oficialmente a la JEP que aceptaba los cargos y a finales de este año, quizás en noviembre, se realizará la audiencia pública en donde se formalizará. Luego el tribunal le impondrá su sanción, que será -si cumple con las cuatro condiciones de reconocer su responsabilidad, aportar verdad, reparar a sus víctimas y no volver a delinquir- una pena no carcelaria pero con restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Si no las cumple, recibirá una pena en prisión de 15 a 20 años.

A pesar de que el manejo que le dio México a la crisis significa que Granda podrá continuar en la JEP, su breve detención levanta preguntas sobre qué pasará con los delitos cometidos por integrantes de las FARC en otros países o contra ciudadanos extranjeros – o incluso si otro país abre un caso contra alguno de ellos invocando la jurisdicción universal.

Y, sobre todo, cuál será la estrategia del Gobierno y la justicia transicional colombianos para persuadir a esos otros países –para quienes sus procesos y penas alternativas no son vinculantes- de que Colombia sí está cumpliendo con sus deberes de investigar estas atrocidades y satisfaciendo los derechos de las víctimas de sus países.

El crimen que sacudió a Paraguay

El 21 de septiembre de 2004, desconocidos interceptaron el carro que conducía Cecilia Cubas en San Lorenzo, una ciudad universitaria en el área metropolitana de Asunción. Un grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuyó el secuestro y exigió un rescate de 3 millones de dólares, enviando a su familia pruebas de vida en las que se veía a la empresaria de 31 años cada vez más demacrada físicamente.

El caso tuvo gran despliegue mediático debido a que este tipo de delitos no eran comunes en Paraguay y porque la víctima provenía de una prominente familia política. Su padre Raúl Cubas Grau había sido ministro de Hacienda y fue electo presidente en 1998, aunque se vio obligado a renunciar al cargo tras solo siete meses después de que su vicepresidente Luis María Argaña fuese asesinado, y su madre Mirta Gusinsky fue senadora.

Tras dos meses de silencio de los secuestradores, el 16 de febrero de 2005 los fiscales allanaron una casa en Ñemby, otra localidad cercana a la capital paraguaya. Bajo el piso falso de la cocina encontraron un túnel y, dentro, los restos de una persona con señales de tortura y de haber sido enterrada viva. Las pruebas forenses confirmaron que era Cecilia.

Cuatro personas fueron condenadas por el escabroso crimen, a penas de prisión de entre 25 y 35 años. Entre ellos estuvo Osmar Martínez, señalado por el Ministerio Público paraguayo de ser el cerebro del secuestro y el nexo con las FARC. Según los fiscales, Martínez había estado en Caracas meses antes del secuestro en un curso de entrenamiento con Rodrigo Granda.

Un informe pericial señaló también que ambos habrían intercambiado al menos 32 correos antes y durante el plagio de Cubas, en los que Granda le daba consejos sobre la planeación del rapto y la conducción de la negociación, según contó ABC Color. Los fiscales acusaron al jefe guerrillero de ser el dueño de la cuenta trotador505@hotmail.com y un juez ordenó su captura por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso en 2008. Por todo esto, Silvia Cubas lo describe como el “director técnico” del secuestro de su hermana.

Rodrigo Granda
Rodrigo Granda, conocido como el ‘canciller’ de las FARC, es uno de los siete ex rebeldes acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). © Daniel Munoz / AFP

Los secuestros internacionales de las FARC

Los secuestros fueron por años la práctica más infame de las FARC, con imágenes de prisioneros enjaulados y encadenados en medio de la selva capturando la atención de medios en todo el mundo y cosechando el repudio de la sociedad colombiana. Su magnitud fue tal que hay 2.456 víctimas acreditadas ante la JEP como partes en el caso.

Entre sus víctimas también hubo varios ciudadanos extranjeros. El auto de acusación del tribunal documenta al menos diez de estos casos. Quizás el más conocido sea el de Keith Stansell, Marc Goncalves y Thomas Howell, tres contratistas de defensa estadounidenses que realizaban un sobrevuelo de detección de cultivos de coca y cuya aeronave fue derribada por la guerrilla. Permanecieron secuestrados durante cinco años, hasta que fueron liberados en la misma operación militar Jaque en 2008 en que recobró la libertad la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Pero son más. El más antiguo que encontró el tribunal fue el del canadiense Eric Leupin, cónsul honorario de Holanda, que describió su rapto en 1974 en el Nevado del Huila como “haber estado en otro planeta”. Se multiplicaron en los años 90: en 1996 el hacendado italiano Danilo Conta estuvo secuestrado durante seis meses en Samaná (Caldas). Dos años después, cuatro turistas estadounidenses y uno italiano fueron secuestrados mientras buscaban al huidizo y amenazado tororoí de Cundinamarca, una de las 1.921 especies que hacen de Colombia el país con mayor número de aves en el mundo. En 2001, tres funcionarios alemanes de la agencia de cooperación GTZ fueron secuestrados en Silvia (Cauca).

En algunos casos la presión política logró evitar desenlaces trágicos. Un ingeniero mexicano plagiado en Ortega (Tolima) fue liberado dos semanas después de que el presidente Vicente Fox amenazó en 2002 a las FARC con suspender la visa de los integrantes de la ‘comisión internacional’ que mantuvo la guerrilla en ese país durante el fallido proceso de paz del Caguán.

En otros, la guerrilla decidió asesinar a sus rehenes. En 2003, fue encontrado el cuerpo del japonés Chikao Muramatsu, vicepresidente de una empresa de autopartes, por quienes las FARC llevaban dos años exigiendo un absurdo rescate de 27 millones de dólares. Cuatro años atrás, asesinaron a tres activistas indígenas estadounidenses que acompañaban al pueblo u’wa en su oposición a un proyecto petrolero de Oxy, a quienes habían plagiado en febrero de 1999 en Cubará (Boyacá), por orden del fallecido comandante Germán Suárez ‘Grannobles’, y cuyos restos abandonaron una semana después en la frontera con Venezuela.


Para la JEP, este caso de Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Larry Gay Lahe’ena’e revela “la particular vulnerabilidad de las personas de nacionalidad extranjera que fueron consideradas pertenecían a cuerpos de inteligencia foráneos, especialmente la CIA” y la percepción errada de que por no ser colombianos eran ricos. De hecho, la madre y la pareja de Freitas son dos de los extranjeros que están acreditados como víctimas intervinientes en el caso en Colombia.

Justicia transicional colombiana vs. justicia paraguaya

Los principales escollos en el caso Granda están en que el secuestro de Cecilia Cubas ocurrió en otro país y que las FARC no dieron la orden, sino que dos de sus integrantes –Granda y Orlay Jurado ‘Hermes Aguilar’- habrían actuado como facilitadores. Aún así, el proceso liderado por la JEP podría aportar algunas de las verdades que la familia Cubas aún busca – siempre y cuando logre escapar del conflicto de jurisdicciones que quedó latente en México.

La razón es que la justicia transicional colombiana no investiga casos individuales, sino que centra sus esfuerzos en macro-casos que develan las políticas y patrones de los crímenes más emblemáticos y los ilustra con ejemplos representativos. Es así como la acusación de secuestro –una atrocidad tan simbólica que es su ‘caso 01’- referencia las historias de cientos de víctimas con nombre propio y detalles concretos.

Para lograrlo, sin embargo, Colombia deberá persuadir a Paraguay de que, aunque los procesos de su justicia transicional no son vinculantes para otros países, las condenas a cabecillas de las FARC pueden también proveer justicia en un caso que sigue siendo una herida abierta allí.

La carta de la JEP a Paraguay

La JEP, consciente de la orden de captura contra Rodrigo Granda en Paraguay, envió una carta en septiembre de este año al gobierno de ese país.

En la carta firmada por la magistrada a cargo del caso, informó a las autoridades judiciales paraguayas sobre los avances en el caso: sobre la acusación a los ex comandantes de la guerrilla y la calificación jurídica –la más alta posible- que dio al delito, sobre la decisión de Granda de aceptar los cargos y sobre su manifestación de voluntad de aportar verdad en el caso Cubas. Adicionalmente pidió a la Fiscalía General paraguaya remitir el expediente del caso Cubas para contrastar lo que diga Granda.


Documentos aportados por el Ministro de Justicia de Colombia:


Dado que es una institución de la rama judicial y que quien firma los convenios de cooperación judicial es el ejecutivo, la JEP trasladó esa carta al gobierno del presidente Iván Duque para su envío a Asunción ese mismo mes de septiembre. Como prueba del envío, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz nos envió la carta de la JEP, la misiva del Ministerio a la Fiscal General paraguaya y el reporte del servicio postal.

Pero, consultados por JusticeInfo en colaboración con el diario paraguayo ABC Color, los paraguayos niegan haberla recibido. “No llegó ninguna carta de ningún tipo. Hice el chequeo inclusive con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional por si la misiva hubiera ingresado por ese lugar, pero nada tenemos. No llegó nada a Paraguay vía diplomática”, dijo el Canciller Euclides Acevedo a ABC Color.

La Fiscal General Sandra Quiñónez, célebre porque lideró originalmente la investigación del caso hace 17 años, no respondió a preguntas de JusticeInfo, pese a que la carta del Ministerio de Justicia colombiano del 22 de septiembre fue dirigida a ella. Quiñónez nos remitió a su periodista de cabecera, Ignacio Martínez, quien tampoco respondió las preguntas.

“No estamos al tanto de la carta, no tenemos conocimiento ni en Asuntos Internacionales ni en la Fiscalía General del Estado, tampoco los fiscales a cargo del caso Cecilia Cubas. Si hubo una transmisión, tuvo que ser diplomática”, dijo el fiscal especializado en asuntos internacionales Manuel Doldán a ABC Color, pese a que la carta del gobierno colombiano copia a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

Esto es significativo porque la decisión de Paraguay sobre el caso depende en gran medida de que sus jueces, fiscales y diplomáticos puedan valorar los avances de la JEP en Colombia.  Si Paraguay entiende que el caso satisface los derechos de víctimas paraguayas de las FARC, podría renunciar a la persecución penal de Granda – y condicionar esa acción a que aporte las verdades que clama la familia de Cecilia Cubas.

“Pensamos que la JEP es competente para conocer este asunto y que la vía más expedita, como lo ha manifestado Rodrigo [Granda], es comparecer ante la jurisdicción para esclarecer estos hechos, que son desde el punto de vista personal, material y temporal hechos relacionados con el conflicto armado”, dijo Diego Martínez, abogado de Granda en el proceso.

Si en cambio Paraguay continúa con el proceso judicial y condena a Granda, como prometió esta semana su canciller, esa sentencia se mantendría vigente. Si terminara extraditado allí en el corto plazo, pondría en entredicho su condena en Colombia y en paréntesis los compromisos de verdad y reparación que asumió con miles de víctimas de secuestro allí. Si el pedido se mantiene después de que él purgue su sanción, significaría que seguramente no podría salir del país o, en caso de hacerlo, exponerse a otra saga como la del aeropuerto de Ciudad de México.

Diplomacia transicional

Al final del día, que Paraguay y otros países cuyos nacionales han sido víctimas de las FARC decidan si las decisiones de la justicia transicional colombiana constituyen un cierre jurídico satisfactorio es un asunto de diplomacia y cooperación judicial. Implica que el conjunto del Estado colombiano, no solo el tribunal, mantengan a esos países enterados de los avances, compartan con éstos los testimonios que puedan ser relevantes y, en general, que hagan una pedagogía sobre la apuesta colombiana de juzgar a los máximos responsables y otorgarles penas más benéficas si satisfacen los derechos de las víctimas.

De hecho, es probable que la diplomacia ya haya jugado un rol en la decisión de México -que ha respaldado el acuerdo de paz colombiano y que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- de retornar a Granda a Colombia para que sea condenado por la JEP.

“Por eso la cooperación es tan importante para comunicarle a los otros países lo que estamos haciendo para investigar los crímenes más graves y que nos den la oportunidad de transitar hacia la paz”, dice Mónica Cifuentes, quien fue la gerente jurídica de la negociación.