Entre las décadas de 1950 y 1990, América Latina sufrió dictaduras que cometieron crímenes de lesa humanidad contra los disidentes. Tras el retorno a la democracia, y luego de un largo proceso de esfuerzo colectivo, se estableció el histórico pacto del “Nunca Más”. Este consenso se institucionalizó a través de políticas de justicia penal, la creación de sitios de memoria, reparaciones para las víctimas e iniciativas educativas para las nuevas generaciones. Parecía que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia se había convertido en una garantía de no repetición de los crímenes del pasado.
Hoy, este consenso se encuentra bajo amenaza por parte de gobiernos de extrema derecha que atacan estas políticas desde múltiples frentes. “Lo que vemos hoy es que los avances logrados en el pasado (...) enfrentan, por un lado, desafíos persistentes como la impunidad en muchos países y, por el otro, nuevas amenazas vinculadas al auge de discursos que expresan narrativas negacionistas, relativistas y reivindicatorias de los pasados autoritarios”, afirma Verónica Torras, coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Sitios de Memoria y directora de Memoria Abierta Argentina. “Son discursos que prácticamente hacen apología de los crímenes de Estado que vivió la región”.
Argentina: la “motosierra ideológica” de Milei
Argentina fue el primer país de la región en concluir una comisión de la verdad en 1983. Como pionero en memoria, verdad y justicia, el país ha procesado hasta la fecha a más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad. También impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, permitiendo la restitución de la identidad de niños desaparecidos de forma forzada. Además, es uno de los pocos países que ha establecido numerosos sitios de memoria y ha promulgado legislación específica para protegerlos.
Todos estos logros están bajo acecho. Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, las políticas de memoria, verdad y justicia se han visto afectadas por grandes recortes bajo la hoja de lo que la administración denomina su “motosierra ideológica”. Esta estrategia, que ha impactado a una amplia gama de políticas de derechos humanos, se ha traducido en este campo específico en reducciones drásticas de recursos humanos y financieros, el desmantelamiento de equipos especializados, la eliminación de cargos clave, la abolición de estructuras y programas, y la interrupción de la coordinación institucional.
Estas acciones se resumen en el informe Bajo Asedio: Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia frente a la ofensiva revisionista, elaborado por una coalición de organizaciones clave de derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, dedicadas a restituir la identidad de los niños desaparecidos durante la dictadura; H.I.J.O.S. Capital (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG líder en investigación y litigio jurídico; y Memoria Abierta, una alianza enfocada en la preservación del patrimonio histórico.
Esta ofensiva ha sido frontal y ha estado acompaña de una retórica confrontativa, muy visible en videos oficiales difundidos en el Día de la Memoria, donde el gobierno ha promovido la idea de una “memoria completa”, equiparando el terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones armadas. Para Verónica Torras, coordinadora de Memoria Abierta, este discurso es peligroso porque “termina relativizando la responsabilidad de los actores estatales en graves violaciones a los derechos humanos”, “desvía el foco” hacia otros grupos y diluye la responsabilidad jurídica del Estado, que utilizó todo su aparato para perseguir y exterminar a la población civil. Torras señala que esto representa un intento de “desafiar verdades históricas y judiciales ya establecidas”, justificando crímenes de lesa humanidad y debilitando las garantías de no repetición.
Expertos de las Naciones Unidas, encabezados por Bernard Duhaime, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, han instado a las autoridades a abstenerse de utilizar la desinformación y los discursos de odio respecto a estos crímenes y sus víctimas. “Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, manifestaron en una declaración publicada el 26 de marzo de 2026.
De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las crecientes narrativas revisionistas en el Cono Sur. En un comunicado publicado el 24 de marzo de 2026, la Comisión advirtió que estas tendencias “vulneran la obligación permanente e irrenunciable de los Estados” de mantener las garantías de no repetición. Asimismo, durante el 195.º período de sesiones de la CIDH, los expertos señalaron un cambio cualitativo en la región, observando que los discursos negacionistas ya no son marginales, sino que ahora están “liderados por las propias instituciones”, lo que resulta en un desmantelamiento técnico de las políticas que sostienen la democracia.
Chile: ¿una estrategia más sutil?
Desde el vecino Chile, lo que ocurre en Argentina se observa con profunda preocupación, funcionando como un espejo. El ascenso de la extrema derecha bajo la administración del presidente José Antonio Kast despierta temores de que se replique la “motosierra ideológica” de Milei, rompiendo el consenso multipartidario que las administraciones chilenas habían mantenido desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el retorno a la democracia en 1990.
Aunque el actual ejecutivo afirma que continuará con las políticas de memoria, los críticos ven señales alarmantes en la retórica negacionista y relativista asociada a Kast. Por ejemplo, el exlegislador y actual subsecretario de justicia, Luis Silva, describió a Pinochet como un “estadista” durante una entrevista en 2023, mientras que el diputado de extrema derecha Johannes Kaiser desató la indignación al cuestionar las circunstancias de las ejecuciones perpetradas durante la dictadura, lo que llevó a los familiares de las víctimas a evaluar acciones legales. Estas narrativas, argumentan los críticos, sirven para deslegitimar las verdades judiciales establecidas y justificar posibles recortes presupuestarios a los sitios de memoria.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, considera que la nueva administración no es tan frontal como su vecina argentina: “El gobierno ha dicho que su intención es mantener estas políticas, pero (...) se ha hecho lo contrario: se ha despedido a personas a cargo de estas políticas, han circulado oficios del ministerio de hacienda señalando que este tipo de políticas se van a quedar sin presupuesto”, explica a Justice Info.
El asunto más preocupante, advierte Gajardo, es el colapso del piso moral compartido que había sustentado a la política chilena durante décadas. El ejecutivo “no ha sido claro ni categórico en mantener la condena a los crímenes de lesa humanidad que todos los gobiernos han sostenido desde el retorno a la democracia”, afirma. Para ilustrar el riesgo, señala a la administración de derecha de Sebastián Piñera, que en su momento había avanzado para poner fin a las condiciones carcelarias de lujo para el personal militar. Instalaciones como Punta Peuco permitían a los perpetradores cumplir condenas con privilegios exclusivos, incluyendo suites privadas y cocinas personales, en un sistema de “cárcel-hotel” que contrastaba drásticamente con las condiciones penitenciarias estándar del país. Sin embargo, la extrema derecha de Kast se ha distanciado de estas acciones, e incluso políticos de su partido y él mismo han visitado a prisioneros de la dictadura.
Para él, otro ejemplo de este retroceso es el caso de la antigua Colonia Dignidad, el enclave alemán que funcionó como centro de torturas durante el régimen de Pinochet. El actual gobierno ha revertido la expropiación de 117 hectáreas del predio, una medida que buscaba preservarlo como sitio de memoria y que había sido impulsada por administraciones anteriores. Para Gajardo, aunque las autoridades alegan motivos presupuestarios, frenar este proceso no es coherente: “Las acciones deben ser consistentes con lo que se declara. En cambio, lo que se ha hecho es todo lo contrario”, sostiene.
Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, declaró a medios extranjeros que “frenar la expropiación no es neutro”: dado el valor probatorio continuo del lugar, “es una forma de debilitar las condiciones para avanzar en verdad y justicia”, asegura.
Paraguay: el espejo del abandono estatal
En Paraguay tuvo lugar “El Stronato”, la dictadura más larga de la región, que se extendió entre 1954 y 1989 bajo el mando del general Alfredo Stroessner. En este país no se registra un ataque reciente, sino una falla estructural de larga data que ahora sirve de advertencia para los países vecinos. Mientras que Argentina y Chile construyeron marcos institucionales en torno a la memoria, la verdad y la justicia, el Estado paraguayo nunca asumió plenamente ese compromiso, dejando a la sociedad civil prácticamente sola en la lucha por los derechos y la justicia.
Rogelio Goiburú, director de Reparaciones y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia e hijo del médico desaparecido Agustín Goiburú, encarna esta lucha. Su función es un testimonio del abandono estatal: a pesar de ocupar un cargo oficial, se ve obligado a operar sin presupuesto. “La Comisión de Verdad y Justicia emitió un informe en 2004 con 200 recomendaciones para garantizar la no repetición, pero la gran mayoría siguen sin cumplirse por falta de voluntad política”, relata Goiburú a Justice Info.
Explica que ha logrado recuperar 44 cuerpos e identificar a 18 víctimas en lugares de entierro clandestinos, que van desde sedes policiales y antiguas residencias privadas del dictador hasta fincas rurales remotas, pero estos esfuerzos dependen enteramente del apoyo externo. Aunque ha identificado 30 nuevos sitios para realizar excavaciones, incluyendo fosas comunes secretas ocultas durante décadas, el Estado paraguayo continúa dándole la espalda a la búsqueda.
Este descuido también está institucionalizado en la educación. A diferencia de otros procesos educativos consolidados en la región, el estudio de la historia reciente y el autoritarismo no es obligatorio en Paraguay, dejando la responsabilidad de enseñar los crímenes de “El Stronato” a la discreción de los docentes, quienes a menudo evitan hacerlo. El resultado es un borrado de la memoria histórica que, según Goiburú, mantiene el retorno al autoritarismo “siempre latente”. Sin políticas públicas que fortalezcan las instituciones y la conciencia colectiva, la responsabilidad recae únicamente en un pequeño grupo de víctimas y activistas que continúan su lucha y realizan esta labor con recursos limitados.
El fin de las políticas ganadas con “sacrificio, sudor y lágrimas”
Lo que ocurre en Paraguay refleja las advertencias lanzadas por Torras y Gajardo en Argentina y Chile. Si se desmantelan las capacidades estatales, el peso de la memoria recaerá por completo en las organizaciones de la sociedad civil, cuyo alcance es limitado. El discurso negacionista y el hostigamiento a las instituciones no son meros debates sobre el pasado, señala Torras, sino amenazas concretas a los logros alcanzados con “pasión, sacrificio, sudor y lágrimas”. El asedio que se despliega en el Cono Sur, por lo tanto, pone en peligro el legado del “Nunca Más”.
Esta crisis en las políticas de memoria no es exclusiva del ascenso de la extrema derecha, sino que revela una fragilidad sistémica más amplia en toda la región. Para Torras, el panorama actual representa “lo peor de ambos mundos” para la justicia transicional. “Allí donde tenemos gobiernos progresistas, vemos que los avances han sido muy tibios o prácticamente inexistentes, y donde tenemos gobiernos de derecha, sabemos que se han producido retrocesos significativos en lo que se había logrado”, afirma.
Ante este escenario de repliegue institucional, la resistencia de los sobrevivientes y la fiscalización internacional se mantienen como las principales defensas de la democracia. El actual asedio a la memoria revela que estas políticas no son simples formalidades administrativas, sino el fundamento mismo del Estado de derecho. Como escribió Romero en una columna de opinión reciente: “La verdad no es reversible. La justicia no es negociable. La memoria no es opcional. Porque frente a la impunidad y el negacionismo, lo que queda, y lo que seguirá incomodando al poder, es la verdad”.
