El 13 de julio, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio pronunció un discurso en el que prometió desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), una de las piedras angulares de la justicia internacional, “ladrillo por ladrillo”.
“Estados Unidos está lanzando una campaña diplomática con un mensaje sencillo: Estados soberanos por encima del globalismo. Quienes se benefician de la seguridad estadounidense no deben quedarse de brazos cruzados mientras se ataca a quienes garantizan esa seguridad”, escribió al día siguiente en una columna de opinión. Era una frase dirigida, entre otros, a los gobiernos de América Latina que forman parte de su nueva alianza geopolítica, el Escudo de las Américas, para enfrentar el crimen organizado y alejarlos de hacer negocios con China.
En los dos meses desde entonces, la campaña diplomática anunciada por Rubio aterrizó con fuerza en la región. Mediante una estrategia que combina exhortaciones públicas, visitas de alto nivel y lobby diplomático, el gobierno de Donald Trump viene presionando a los países latinoamericanos con gobiernos de derecha a abandonar la Corte y el Estatuto de Roma, que es su tratado fundacional.
Hasta ahora la estrategia ha tenido resultados mixtos: solo ha anunciado su salida Venezuela, que tiene una investigación abierta de la Fiscalía de la CPI por posibles crímenes de lesa humanidad desde 2022 y donde el gobierno Trump ejerce enorme influencia desde que capturó al dictador Nicolás Maduro. Chile y Costa Rica descartaron públicamente seguir sus pasos, mientras los otros países han adoptado tímidamente la narrativa de Rubio o guardan silencio.
Hegseth aumenta la presión
Un mes tras el discurso de Rubio, el Secretario de Guerra Pete Hegseth reanudó la presión iniciada por su colega de gabinete. Durante un foro el 12 de agosto en Ciudad de Panamá del Escudo de las Américas, la alianza creada por el gobierno de Donald Trump para combatir el crimen organizado pero también asegurar la alineación geopolítica de la región en torno suyo, instó “encarecidamente” a los miembros de la alianza a “retirarse de la CPI y rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y a sus tribunales de su soberanía”.
Hegseth argumentó que la Corte podría investigar también los operativos conjuntos hechos por Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos contra el crimen organizado, que describió como “100 por ciento lícitos según las normas del derecho de los conflictos armados”.
Varios operativos liderados por tropas estadounidenses ya han levantado alarmas. Los bombardeos en el Caribe y el Pacífico han dejado 234 personas muertas en ejecuciones extrajudiciales en las que, contrario a lo que argumenta Hegseth, no se cumplen las condiciones de existencia de un conflicto armado. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas Volker Türk los calificó así y señaló que violan el derecho internacional de derechos humanos. Una investigación liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) mostró que 19 de las víctimas eran humildes habitantes de las costas que se rebuscaban para sostener a sus familias como podían y que no habían tenido derecho a la defensa.
El caso curioso de Venezuela
Hasta ahora ningún país de América Latina, a excepción de Venezuela, ha anunciado su salida de la CPI o del Estatuto de Roma que la soporta.
Venezuela, el único país hasta ahora en satisfacer las expectativas del gobierno
Trump, es un caso particular: ha estado regida desde hace casi tres décadas por el mismo partido político y su gobierno está bajo investigación de la fiscalía de la CPI desde 2021 por posibles crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y otros abusos generalizados ocurridos durante la represión estatal en 2014 y 2017. Tras ocho años en examen preliminar y cinco en investigación, el caso no ha visto ninguna imputación y se vio afectado por la apuesta del ex fiscal Karim Khan de creer al régimen chavista que investigaría y sancionaría los delitos (siguiendo el principio de complementariedad), cosa que no hizo, así como por el episodio de acoso sexual que eventualmente le costó a Khan el puesto en julio.
Al final, el presidente Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, tras lo cual asumió el poder quien hasta ese momento era su número dos, Delcy Rodríguez. Bajo el nuevo gobierno interino se han dado cambios como la liberación de más de 900 presos políticos y el levantamiento de la censura a medios independientes, aunque siguen pendientes muchas reformas necesarias para una transición a la democracia.
El 24 de julio, el canciller Félix Plasencia anunció la salida del país de la CPI, atribuyéndola a una orden de Rodríguez y argumentando un “sesgo geográfico demostrado” que va “en detrimento del Sur global”. Esa decisión, que se hará efectiva en un año, tenía sin embargo un precedente de épocas de Maduro: en diciembre de 2025, la Asamblea Nacional de control oficialista había aprobado una ley avalando la salida de la CPI. Maduro fue capturado sólo tres semanas después.
Curiosamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos celebró públicamente la decisión de Rodríguez, resaltando la “colaboración del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI”. Acusó al tribunal internacional de investigar a Maduro “desde 2018 sin ningún resultado”, mientras el gobierno Trump ya lo estaba llevando a la justicia. No mencionó que los delitos que le imputó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyen narcoterrorismo, narcotráfico y uso de armas, pero ninguno por las graves violaciones de derechos humanos en el país.
De mostrar músculo a hacer cálculos políticos
El primer funcionario latinoamericano en públicamente descartar abandonar la Corte fue el Canciller chileno Francisco Pérez Mackenna en una rueda de prensa el 14 de agosto. “Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional y, sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI”, dijo, sin dar más detalles pero en medio de un gran debate público nacional por los pros y contras de sumarse a la iniciativa de Washington.
Le siguió su par costarricense una semana después. “Costa Rica reafirma su respaldo a la Corte Penal Internacional”, dijo Manuel Tovar. Tampoco dio detalles, aunque fue destituido hace pocos días por la presidenta Laura Fernández por no haberle notificado de una reunión con el gobierno estadounidense.
Ecuador no ha hecho ningún anuncio, pero ocho días después de la visita de Rubio a Quito para afianzar la agenda regional de seguridad, el presidente Daniel Noboa fustigó al tribunal internacional en una entrevista de radio. “Se están ideologizando ciertas instituciones mundiales que ya no tratan temas de manera objetiva. Por ejemplo, la Corte Internacional Penal ya se ha ideologizado demasiado. Más que ser instituciones imparciales, se vuelven herramientas de ciertas corrientes para atacar”, dijo, haciendo eco de la postura del gobierno Trump pero sin elaborar más.
En las cuentas de dos de esos países pueden haber pesado sus actuales apuestas diplomáticas. Costa Rica lidera la candidatura de su ex vicepresidenta y ex ministra Rebeca Grynspan para suceder a António Guterres como secretaria general de Naciones Unidas. En esa elección ya lideró una de las votaciones informales en el Consejo de Seguridad, siendo su rival más cercana la ex ministra guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.
Ecuador, por su parte, está respaldando a su embajador Marcelo Vázquez-Bermúdez para ganar un asiento de juez en la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya como la CPI. Asimismo el jurista ecuatoriano, Osvaldo Zavala, actualmente el registrador de la CPI, se reunió en el último mes con el ministro del Interior John Reimberg. También escribió una columna de opinión defendiendo el Estatuto de Roma y advirtiendo que “ciertos Estados que no son parte (…) se proponen desmantelar el sistema redefiniendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional como un desafío a la soberanía”. En realidad, argumentó Zavala, “la estabilidad de un Estado de derecho se mide por su capacidad de permanecer dentro de los marcos de la legalidad internacional”.
Colombia retira a su candidata a juez de la CPI
Fuera de esos tres, hay una decena países que actualmente tienen gobiernos de derecha y forman parte del Escudo de las Américas (también llamado Coalición Anti-Carteles de las Américas o A3C).
En Colombia, el gobierno nuevo de Abelardo de la Espriella no ha hecho ninguna manifestación sobre la CPI, aunque una decisión reciente muestra que la presión de Washington podría estar funcionando. Una semana después de la visita de Rubio a Barranquilla, retiró la candidatura de la jurista y ex embajadora Carolina Olarte-Bácares a ser magistrada de la CPI, pese a que era la única postulada de América Latina y el Caribe y fue evaluada como “altamente calificada” por el comité asesor. La decisión también sorprendió porque altos funcionarios del gobierno entrante le habían asegurado que respaldarían su postulación y la candidatura fue presentada por los miembros del grupo nacional de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje, el canal más serio para hacerlo, aunque el gobierno también ha echado para atrás otros nombramientos de funcionarios públicos que trabajaron en los gobiernos de Juan Manuel Santos o Gustavo Petro (de quien Olarte-Bácares fue embajadora en La Haya).
Las posturas sobre la CPI de los integrantes del actual gobierno han sido diversas. Mientras el canciller Omar Bula ha insistido desde hace años en que la Corte está supuestamente bajo la influencia del financiero y filántropo estadounidense George Soros, blanco frecuente de las teorías de conspiración de la ultra derecha ligada a Trump, el secretario jurídico Andrés Barreto fue candidato a juez de la CPI en 2020 y el propio De la Espriella citaba el Estatuto de Roma en el libro sobre justicia transicional que auto-publicó hace una década.
Una decisión del gobierno colombiano de salirse del tribunal internacional podría tener un efecto de bumerán. Podría terminar favoreciendo a los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para los que el gobierno De la Espriella dice querer penas más severas que las que han recibido en la justicia transicional. En realidad, la CPI es uno de los mayores puntos de presión para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial del sistema transicional colombiano, sí cumpla con el componente retributivo de sus sanciones que estipula el acuerdo de paz de 2016. Esto porque, cuando la Corte cerró el examen preliminar sobre el país que había durado 17 años y avaló su modelo transicional, señaló que seguiría monitoreando el cumplimiento de las sanciones y en teoría podría reabrir la investigación.
Presión desde Israel, silencio de los demás
En todo caso, la presión también está llegando de otros lados. En una reunión la semana pasada en Nueva York, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu -quien está imputado por la Fiscalía de la CPI por presuntamente haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza- instó a los presidentes de Bolivia, Panamá y Paraguay a retirarse de la corte. Ninguno de ellos ni sus gobiernos han fijado una posición públicamente. Tampoco lo ha hecho Argentina, cuyo presidente Javier Milei ha sido crítico de la lentitud de la Fiscalía de la CPI en el caso de Venezuela.
Dos personas que siguen la justicia internacional consultadas por Justice Info relataron haber recibido información de segunda mano indicando que el gobierno Trump tenía previsto organizar un acto en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para anunciar, posiblemente, la retirada de varios países de la CPI. El acto finalmente no se celebró. Una fuente diplomática indicó a Justice Info que se esperaba que, en el discurso de Trump, se anunciaran sanciones totales contra la Corte, acompañadas de la decisión de varios países de retirarse de la misma. Pero con esta última no sucediendo, potencialmente la primera tampoco ocurrió.
Las semanas que vendrán mostrarán qué tan efectiva es la presión de Rubio, Hegseth y Washington en las capitales latinoamericanas. Los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil en octubre y las de mitaca al Congreso en Estados Unidos podrían ayudar a determinar si la región se suma a sacarle ladrillos a la Corte.
