El viernes 9 de octubre -el mismo día que Trump impuso sanciones a toda la Corte Penal Internacional (CPI) en su escalada contra la justicia internacional y que la ex magistrada de ese tribunal Navi Pillay recibió el Premio Nobel de Paz- se hizo pública, en un documento que hasta ese momento había sido considerado secreto, una jugada de poder sorprendente hecha por el ex presidente colombiano Gustavo Petro antes de entregar el cargo a Abelardo de la Espriella.
En su último día, el 7 de agosto de 2026, el saliente gobierno hizo una auto-denuncia en la que pidió a la Corte Penal Internacional evaluar de nuevo el caso de Colombia. No era un acto común: solo en cuatro ocasiones un país ha hecho una auto-remisión a la Corte desde que nació en 2002.
Según el documento, el gobierno colombiano argumentó que hay “un cambio significativo en las circunstancias” y que el país ya no tiene la capacidad o voluntad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante medio siglo de conflicto armado, contrario a lo que viene afirmando desde hace más de una década. Por tanto, le pidió a la Corte Penal, “en caso de que se cumpla el umbral legal, abrir una investigación sobre delitos pasados y en curso”.
La jugada de Petro podría contrarrestar algunas de las maniobras de De la Espriella y sus aliados políticos contra la JEP, de reducir su presupuesto y buscar crear una nueva instancia en la justicia penal militar que revise las condenas contra ex militares.
Pero también podría devolverse como un bumerán contra la propia justicia transicional, ya que Colombia lleva años empeñada en demostrar que su modelo cumple con los estándares del Estatuto de Roma y es efectivo para juzgar los crímenes más atroces. Además, la decisión de abrir un caso podría poner en entredicho los grandes avances que ha hecho la propia JEP y subrayar sus falencias, sobre todo con las sanciones.
“Un cambio significativo en las circunstancias”
La auto-denuncia de Petro pasó de agache durante dos meses tras el final de su gobierno. Ni la Presidencia ni la Cancillería ni el Ministerio de Justicia, los entes que se suelen ocupar de la relación con la Corte Penal Internacional, dijeron una palabra sobre la decisión de pedirle que reabra el caso sobre Colombia. El documento completo sólo se hizo público la semana pasada y fue firmado por Petro mismo.
Fue una disputa procedimental entre dos instancias de la CPI la que llevó a la presidenta de ese tribunal a levantar el velo de confidencialidad el jueves 7 de octubre. Eso llevó a que el cruce de decisiones entre la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal y la Fiscalía en las últimas semanas fuese publicado en el sitio web de la Corte.
Lo que emerge de ese conflicto es lo siguiente. El 25 de septiembre, el fiscal encargado Mame Mandiaye Niang presentó una apelación a una decisión que habían tomado los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares tres semanas atrás.
En ese dictamen, los jueces habían desestimado por completo la denuncia presentada por Colombia argumentando que “consiste principalmente en referencias varias a inquietudes, riesgos especulativos y escenarios hipotéticos que pueden o no materializarse en el futuro”.
En otras palabras, juzgó que no tenía ningún mérito.
La fiscalía de la CPI, bajo el mando de Niang desde que un episodio de acoso sexual le costó el puesto a Khan en julio, objetó esa interpretación y pidió a la Sala de Apelaciones del tribunal revocar la decisión. A su juicio, la decisión original no tuvo en cuenta la argumentación del gobierno Petro sobre el “cambio significativo en las circunstancias”.
Esas cinco palabras son claves. En el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, es el término que permite al tribunal internacional asumir la competencia para investigar los crímenes en un lugar en caso de que el país en cuestión no esté en capacidad o tenga la voluntad de investigar, juzgar o sancionar los crímenes graves.
Figuran también en el acuerdo que firmó el ex fiscal Karim Khan con Colombia en 2021 cuando cerró el examen preliminar de 17 años sobre el país, el más largo que ha tenido la Corte. “Si hay un cambio fundamental en las circunstancias, si no se da espacio [a la JEP], se podrá reabrir”, advirtió Khan al gobierno de Iván Duque, que había intentado sabotear a la justicia transicional al objetar su ley interna de funcionamiento.
Por eso, el fiscal Niang que reemplazó a Khan solicitó que se respete la competencia de la Fiscalía que dirige para determinar si la denuncia que hizo el gobierno Petro es válida y si amerita iniciar una investigación sobre el caso.
Los delitos que Petro pidió investigar
La denuncia que Colombia presentó el último día del gobierno Petro gira -según la apelación del fiscal Niang- en torno a una serie de crímenes del pasado y en curso que “podrían ya no ser investigados ni juzgados de manera genuina por las autoridades colombianas”.
Por crímenes del pasado se refirió a aquellos por los cuales “la Fiscalía había concluido anteriormente que existían fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo desplazamiento forzado, crímenes sexuales y de género, y asesinatos de civiles presentados como bajas de combate (falsos positivos)”. Frente a estos tres delitos, la denuncia de Petro dice existen “baches en la rendición de cuentas”, sin que la apelación de la Fiscalía explicite a qué se refiere.
Por crímenes en curso se refería a “la violencia en curso que afecta a ex combatientes de las FARC-EP, líderes sociales y defensores de derechos humanos”. Estos últimos delitos, que no formaban parte explícitamente del examen preliminar abierto por la Fiscalía de la CPI contra Colombia en 2004, son una realidad en la Colombia de las últimas décadas – incluyendo la que gobernó Petro.
En diez años desde la firma del acuerdo de paz, la Misión de Verificación de la ONU ha documentado 501 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC que depusieron sus armas y se reintegraron a la vida civil, de un total de 13 mil firmantes de paz. También ha registrado 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. A su vez, al menos 548 defensores ambientales o del territorio han sido asesinados o desaparecidos en Colombia desde 2012, según el listado que compila la ONG internacional Global Witness – el número más alto en el mundo.
Grandes avances en los falsos positivos
Los crímenes que formaban parte del examen preliminar de la CPI están en el centro de lo que el la JEP viene investigando. El que más ha visto avances es el caso sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, conocidas con el eufemismo de ‘falsos positivos’.
A la fecha, los magistrados Catalina Díaz, Oscar Parra y Alejandro Ramelli de la Sala de Reconocimiento han develado nueve imputaciones colectivas detallando cientos de estos asesinatos de personas asesinadas por militares del Ejército colombiano y falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate. En ellas, han acusado a 169 ex militares de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre ellos hay 17 generales y 46 coroneles retirados, incluyendo tres ex Comandantes del Ejército Nacional (los generales Óscar Enrique González, Jaime Lasprilla y Mario Montoya, célebre por ordenar a sus soldados que le trajeran “litros de sangre”).
Aunque muchos, sobre todo de menor rango, habían sido condenados por la justicia ordinaria y estaban pagando cárcel, ninguna de esas decisiones judiciales había documentado con ese nivel de detalle la manera coordinada y premeditada como seleccionaban a sus víctimas, falsificaban operativos y premiaban a quienes participaban - en últimas, cómo impartían las órdenes y aseguraban la impunidad.
Doce de esos ex militares, que reconocieron su rol en 135 ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe, fueron ya condenados en septiembre de 2025, en una de las primeras dos sentencias de la JEP. Otro de ellos, el coronel Hernán Mejía, quien no admitió su rol y se fue a un juicio adversarial, fue condenado en diciembre de 2025 a 20 años de prisión, la pena más alta contemplada por el tribunal especial.
Los demás siguen a la espera de una decisión final. La demora de los magistrados del tribunal en convertir esas imputaciones en sentencias condenatorias no es fácil de entender dado que el 90% de los acusados eligió reconocer su responsabilidad públicamente, aportar verdad, pedir perdón a sus víctimas y contribuir a repararlas. Esa admisión en teoría agilizaría los tiempos de la justicia y reduciría la carga de probar uno a uno los hechos. Aún así, los 10 ex militares y un civil imputados por falsos positivos en el Catatumbo siguen esperando una sentencia tras tres años con una imputación en firme y cuatro después de la audiencia pública en que pidieron perdón a sus víctimas. Otros tres grupos están en una situación similar.
En el carril adversarial, diseñado para quienes optan por no reconocer, sólo avanza el juicio contra el coronel David Herley Guzmán y uno más, el coronel Juan Carlos Figueroa, espera sentencia tras haber reconocido tardíamente su responsabilidad en pleno juicio. Otros 20 están a la espera del juicio, de una acusación individual por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP) o han interpuesto recursos para frenar los casos en su contra.
El otro lunar en este macro-caso podría ser que muchas víctimas de falsos positivos, cuyos casos no fueron incluidos en las acusaciones colectivas develadas hasta ahora, aún tienen la expectativa de verlos investigados también. La Sala de Reconocimiento describió esos subcasos como una priorización, pero ha evitado hasta la fecha señalar si ese es el universo total de ejecuciones extrajudiciales que seleccionará.
Un récord mixto y menos visible en violencia sexual y desplazamiento
En los otros delitos que figuraban en el examen preliminar sobre Colombia en la Corte Penal Internacional, los avances de la JEP han sido mixtos.
Hay un macro caso andando centrado en violencia sexual y de género pero, al haber sido el último en ser abierto, sólo se ha anunciado una imputación parcial. Ocurrió como parte de la primera acusación del macrocaso separado sobre otros delitos de las FARC, llamado ‘sombrilla’ porque incluye crímenes cometidos por esa guerrilla distintos al secuestro y el reclutamiento de menores que tienen su propio caso completo.
Siete ex jefes guerrilleros, incluidos Milton Toncel, Fabián Ramírez y Bertulfo Caicedo, fueron imputados por violación o violencia sexual. Según la acusación, como parte de su estrategia de control territorial, usaron la violencia sexual como castigo contra mujeres generalmente campesinas.
Al menos dos otros casos han incluido imputaciones similares. En el de reclutamiento de menores, 27 integrantes de las FARC -incluidos seis de su última cúpula- fueron acusados, entre otros delitos, de los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual. Buscando “prohibir de facto y a toda costa el ejercicio de la maternidad y paternidad” en sus filas, sometieron a cientos de niñas a violencias reproductivas como la anticoncepción forzada (que vivió una de cada cuatro víctimas acreditadas) y los abortos forzados (que vivió una de cada cinco).
Asimismo, en el de secuestro, varios ex guerrilleros fueron imputados por violencia sexual y en el regional del Cauca cinco fueron acusados hace un mes. Aún no ha habido acusaciones por violencia sexual contra militares, aunque un sargento retirado fue imputado por persecución por su victimización de una persona LGBT.
En cambio, la rendición de cuentas sobre el desplazamiento es más compleja: al no haber sido priorizado como macro caso por la Sala de Reconocimiento de la JEP, ha sido imputado en varios, pero siempre junto con otros delitos distintos. En agosto de este año, 25 ex guerrilleros fueron acusados en el caso sombrilla del crimen de guerra de desplazamiento de personas civiles. Sin embargo, al estar subsumido dentro de una investigación que abarcó desde tomas de pueblos y masacres hasta el magnicidio de un ex candidato presidencial, ha sido poco visible. Algo similar ocurrió en la primera imputación del caso por crímenes contra pueblos étnicos, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esa realidad contrasta con su peso en la guerra en Colombia: de 10,4 millones de víctimas oficialmente reconocidas en el país (uno de cada cinco colombianos), 9,2 millones fueron forzadas de desplazarse. Los siguientes delitos más frecuentes, el homicidio y las amenazas, tienen un número de víctimas ocho y diez veces menor, según el Registro Único de Víctimas del gobierno.
¿Un freno al gobierno De la Espriella o un golpe al modelo colombiano?
La jugada de Petro ocurre cuando la justicia transicional se volvió de nuevo saco de boxeo político. La JEP está enfrentada con el gobierno nacional en una agria disputa por su presupuesto, después de que el partido de gobierno propusiera un proyecto de ley para recortarle 100 mil millones de pesos y De la Espriella, que en campaña prometió acabar con la justicia transicional que antes defendía, lo respaldara. En el primer debate, aprobaron un recorte de 170 mil millones.
En paralelo, el Centro Democrático que forma parte de su coalición de gobierno propuso un proyecto de ley creando una instancia de revisión de sentencias para los militares condenados por la JEP en la justicia penal militar, donde menos avanzaron las investigaciones por falsos positivos.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta a Fiscalía de la CPI el 18 de septiembre aduciendo que las dos propuestas “debilitan las condiciones materiales, jurídicas e institucionales indispensables para el funcionamiento de la JEP, afectan el avance y la autenticidad de los procedimientos nacionales de rendición de cuentas y representan un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno” con la CPI.
También llega justo cuando el gobierno Trump, a través del Secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra Pete Hegseth, viene presionando a los gobiernos latinoamericanos a salirse de la CPI y del Estatuto de Roma. Aunque De la Espriella no se ha manifestado al respecto (e incluso, de hacerlo, la Corte no perdería competencia por los crímenes cometidos en Colombia hacia atrás y durante el primer año de este gobierno), hace un mes retiró la candidatura de la jurista y ex embajadora Carolina Olarte-Bácares a ser magistrada de la CPI, pese a que era la única postulada de América Latina y el Caribe y fue evaluada como “altamente calificada” por el comité asesor.
Hasta ahora nada parece indicar que la Fiscalía de la CPI crea que la situación ha cambiado en Colombia. La vicefiscal Nazhat Shameem Khan visitó Colombia en mayo y subrayó los avances de la justicia transicional. El 9 de mayo visitó el juez costarricense Sergio Ugalde, quien preside la Sala de Cuestiones Preliminares.
Sin embargo, en un hecho llamativo, el 7 de octubre la Fiscalía señaló ante una consulta de El País que que podría reabrir el examen preliminar si se produce un cambio significativo de circunstancias. No dijo más.
Que la Corte Penal Internacional reabra el caso sobre Colombia le traería al gobierno De la Espriella una visibilidad negativa internacional que hoy no tiene y golpearía su discurso de ser duro con el crimen. Si apoya el proyecto de ley del uribismo, que podría abrir la puerta para que ex militares condenados como Hernán Mejía vean sus sentencias revocadas, el gobierno será visto como el responsable de haber facilitado la impunidad para altos mandos que ordenaron, promovieron o escondieron miles de falsos positivos.
Pero también sería un duro golpe para el país, que lleva años intentando persuadir a la CPI de que su modelo transicional cumple con los estándares del Estatuto de Roma de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y ha sido visto como una historia de éxito de “complementariedad positiva” entre la CPI y un sistema judicial nacional.
Podría de paso perjudicar a la propia JEP, que ha sido renuente a cumplir con el componente retributivo de sus sanciones como estipula el acuerdo de paz. La CPI viene insistiendo desde hace años en que su aval al modelo transicional colombiano depende de “la imposición de sanciones penales efectivas que cumplan con los objetivos adecuados de la sentencia: retribución, rehabilitación, reparación y disuasión”.
Una sentencia de apelación en julio corrigió muchos de los problemas de la primera sentencia contra el Secretariado de las FARC por miles de secuestros. Pero todavía persisten algunos, como cuál será el perímetro de su lugar de residencia mientras cumplen la sanción, quién los monitoreará después de la fecha de cierre de la justicia transicional en 2034 o si los trabajos de reparación estarán articulados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron diseñados con 300 mil víctimas y habitantes de los municipios históricamente más golpeados por la guerra.
En el mejor de los casos, la movida de Petro -cuyo gobierno no jugó un rol visible en resolver esos problemas- podría presionar a la JEP a cumplir el componente retributivo de la sanción y al gobierno De la Espriella a darle a la justicia transicional el presupuesto que necesita para cumplir con su tarea. En el peor, le da a De la Espriella la excusa perfecta para seguir escalando la pelea con la JEP.
Una versión ligeramente diferente se publicó originalmente allí.
