“Señora Rubiela, lamento ser el causante de la muerte de Edison Lexander Lezcano Hurtado, su esposo. Que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana”. Con esas palabras y voz entrecortada, el mayor retirado Yair Leandro Rodríguez reconoció el 27 de junio pasado que, hace dos décadas, ordenó el asesinato y desaparición forzada de un campesino de 23 años, al que él y sus compañeros del Ejército hicieron pasar ilegalmente como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al que supuestamente habían dado de baja en combate.
Rubiela Manco, quien a raíz del crimen de su esposo se vio obligada a criar sola a una hija de meses y a otra de dos años, rompió a llorar y se refugió en el hombro de una víctima sentada a su lado. Rodríguez enmudeció al verla. “Lamento haber fracturado su hogar y lamento el sufrimiento”, dijo, dejando la frase en suspenso antes de agachar la cabeza y volver a su silla.
Sus palabras estremecieron al centenar de personas reunidas en el coliseo de Dabeiba, un pueblo del noroccidente del país considerado un corredor estratégico entre los Andes y el mar Caribe, en la tercera audiencia pública hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte de su marco-caso sobre miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la fuerza pública. Frente a los familiares de sus víctimas, ocho ex militares reconocieron en público su responsabilidad en una decena de homicidios y aceptaron los hallazgos del tribunal especial, que les imputó crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por primera vez estaban presentes dos ministros en representación del gobierno nacional.
Además de traer consuelo a los familiares de las víctimas, estas confesiones podría también poner fin a una de las campañas de desinformación más crudas dirigidas contra la justicia transicional colombiana -nacida del acuerdo de paz de 2016- por un sector político, que argumentaba hasta ahora que el asesinato de Lezcano probaba la falta de rigor de la JEP y su sesgo contra los militares.
Desde febrero de 2020, cuando los restos de Edison Lezcano fueron exhumados y entregados a su familia tras 18 años de búsqueda, muchos políticos prominentes del Centro Democrático han afirmado que Lezcano es una falsa víctima y que la JEP deliberadamente distorsionó la realidad para acusar a la fuerza pública de su muerte. Ha sido una narrativa promovida por al menos nueve congresistas del partido, incluyendo el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) que lo lidera y bajo cuyo mandato ocurrió el mayor número de estos crímenes, que los colombianos conocen con el eufemismo de ‘falsos positivos’. Hasta hace apenas un mes, dirigentes del partido hablaban del asesinato de ese joven campesino del Urabá antioqueño como “un montaje” y un “falso falso positivo”.
Los secretos del cementerio de Dabeiba
El cementerio de Las Mercedes, ubicado en las faldas de una frondosa colina a las afueras de Dabeiba y cerca del Cañón de la Llorona que controla el acceso al pueblo, fue el epicentro de uno de los mayores hallazgos de la JEP en seis años de investigaciones.
En agosto de 2019, el sargento William Capera testificaba ante el tribunal sobre los falsos positivos cometidos en el Huila, otra región priorizada en el caso a 700 kilómetros de distancia, cuando de forma espontánea mencionó la existencia de un camposanto en el Urabá antioqueño donde decenas de personas ejecutadas y pasadas ilegalmente por bajas en combate fueron enterradas. Su revelación abrió un nuevo flanco de trabajo para la JEP. Tras una visita de reconocimiento, el tribunal decretó medidas cautelares sobre el cementerio y puso en marcha una colaboración entre dos equipos de su Sala de Reconocimiento, el del magistrado Alejandro Ramelli en el caso de falsos positivos y el de Nadiezhda Henríquez sobre la subregión del Urabá.
Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, expertos forenses de la JEP hicieron cuatro exhumaciones y encontraron los restos de 49 personas, enterradas de manera irregular en 29 fosas y una bóveda. A hoy han identificado a once de ellos, incluyendo a Germán Flórez que estaba desaparecido desde 1982. El primero a quien pudieron ponerle nombre fue a Lezcano, cuyos restos entregaron a su familia el 17 de febrero de 2020 en una multitudinaria eucaristía en la plaza de Dabeiba. El alcalde del pueblo decretó tres días de luto.
Para su familia, era el inicio del cierre de una búsqueda de casi 20 años.
Un asesinato por “prejuicio insurgente”
El asesinato de Edison Lezcano ocurrió, según estableció la JEP, por un “prejuicio insurgente”. El 18 de mayo de 2002, llegó a la casa de sus suegros en la vereda Alto Bonito de Dabeiba tras trabajar en un cultivo de yuca con su padre. Un grupo de soldados del Batallón Contraguerrilla 26 Arhuacos irrumpió en la vivienda, tirando a quienes se encontraban allí y maltratándolos, según la reconstrucción de los hechos de la imputación. Se llevaron a cuatro jóvenes a una escuela cercana, señalándolos de ser guerrilleros.
Pese a las súplicas de sus familiares, que insistían que Edison no era miliciano ni simpatizante de las FARC, fue asesinado. Durante semanas los familiares de Edison suplicaron a los militares que les entregaran su cuerpo, pero éstos negaron tener información cuando –según estableció la JEP- en realidad ya lo habían inhumado como persona no identificada y le habían puesto prendas militares que no eran suyas.
Dos décadas después, en julio de 2022, la JEP imputó a diez militares de tres estructuras del Ejército por este y otros crímenes, en un caso tan complejo que le ha acarreado amenazas al magistrado Ramelli, uno de sus magistrados auxiliares, dos militares imputados, una testigo y una abogada.
La Sala de Reconocimiento de la JEP convirtió el asesinato de Lezcano en un caso ilustrativo de dos de los tres patrones criminales que identificó en Dabeiba. Por un lado, consideró que es representativo de los homicidios de campesinos locales mediante lo que describió como “resultados operacionales que se saben ilegales, pero se consideran en el fuero íntimo como legítimos porque las víctimas son campesinos guerrilleros”, muchas veces en connivencia con paramilitares de extrema derecha. Por el otro, la JEP estableció que ejemplifica el modus operandi de ocultar los cuerpos de las víctimas y enterrarlos en un cementerio cuyas llaves manejaban a su antojo, en lo que los magistrados denominaron una “indebida administración”. Militares de esas estructuras incluso participaron en labores de “embellecimiento” del camposanto, como plantar árboles y césped, cuyo efecto fue modificar su trazado y esconder aún más los restos.
Hasta ahora, ocho de los imputados han aceptado los cargos, lo que les faculta –de continuar con sus compromisos de aportar verdad y reparar a las víctimas- para recibir una sanción más leve de 5 a 8 años en un entorno no carcelario. Dos más, los coroneles Jorge Amor y David Guzmán, irán al carril acusatorio de la JEP y –de ser vencidos en juicio- recibirán una pena de prisión hasta de 20 años.
La versión uribista del asesinato
Dos días después de que la familia de Lezcano recibió sus restos en febrero de 2020, una congresista del Centro Democrático comenzó a circular una versión alterna de su muerte. En un trino, la entonces representante a la Cámara Margarita Restrepo señaló que Edison “en realidad era un miliciano de las FARC” muerto en combate, cuyo cuerpo fue enterrado con conocimiento de sus familiares. Agregó que su familia había demandado al Ejército y obtenido una indemnización por la vía legal. “No era un ‘NN’ ni un muerto resultado de un falso positivo”, concluyó, sin aportar pruebas. Se limitó a decir que “personas que residen en Dabeiba pueden dar testimonio sobre quién era este sujeto, a qué se dedicaba” y atribuyó el mensaje a información que “me llega”.
Una versión ampliada de ese relato apareció en noviembre de 2020 en dos fuentes distintas. Primero, la periodista Salud Hernández-Mora escribió en una columna que “Edison Alexander Lezcano nunca estuvo desaparecido”, sino que –citando habitantes de Dabeiba anónimos- era “miliciano de las FARC y murió en un enfrentamiento con militares”. Describió la exhumación de la JEP como un “montaje del magistrado Ramelli” y un “telar de mentiras”, sugiriendo que “falsean la verdad” para “blanquear los crímenes de las FARC a costa del Ejército”. Dos días después, el fallecido periodista Herbin Hoyos –quien fue víctima de esa guerrilla y lideró durante años un programa radial dirigido a víctimas de secuestro- también argumentó que Lezcano no pudo ser un desaparecido porque su familia sabía que estaba enterrado en el cementerio y recibió una indemnización del Estado por el asesinato. Luego hicieron juntos un programa sobre lo que llamaron el “show” de la JEP.
Varios políticos del Centro Democrático dieron credibilidad a ambas fuentes. Uribe compartió en redes sociales tanto la columna como el video, algo que también hicieron los senadores Paola Holguín, Paloma Valencia, Santiago Valencia y Carlos Felipe Mejía.
En febrero de 2021, un año después de la identificación de Lezcano y justo cuando la JEP estableció la cifra de 6.402 falsos positivos ocurridos en un periodo temporal que coincide en gran medida con el gobierno de Uribe, su actual partido político difundió esa narrativa de manera masiva. La senadora Paloma Valencia afirmó que “montaron unos falsos positivos falsos en Dabeiba” y acusó a la JEP de un “sesgo político (…) evidente” gracias al cual “pasan las organizaciones de izquierda los cuentos que ellos quieren que queden y eso pasa derecho sin contraste”. La senadora María Fernanda Cabal -la más virulenta contra un tribunal al que llama ‘JEP-stapo’, como la policía secreta del nazismo- habla del “montaje del magistrado Ramelli” y del “miliciano del frente 34, Alexander Lescano, dado de baja en combate y a quien convirtieron falsamente en víctima en Dabeiba” para “promover la falsa narrativa en contra de la fuerza pública”. Circularon mensajes similares de un “montaje de la JEP” los senadores Ciro Alejandro Ramírez y Carlos Felipe Mejía.
El propio Centro Democrático, entonces el partido de gobierno, publicó un hilo en su cuenta institucional de Twitter sobre lo que llamó “fake news sobre fosas comunes y falsos positivos”. En mensajes diagramados con la silueta de Uribe que hace las veces de logo del partido, cuestionó que Lezcano fuese víctima de ejecución extrajudicial y señaló que la de Dabeiba era una “fosa falsa”. “Si Lezcano no era de las FARC, ¿por qué su cuerpo estaba al lado de un guerrillero activo?”, preguntaban.
“Una campaña de desinformación y de deslegitimización”
Los trinos y videos de los políticos uribistas sugiriendo eso no fueron aislados. Replicados y amplificados cientos de veces por seguidores de Uribe y del Centro Democrático, formaron parte de un esfuerzo más amplio para cuestionar los hallazgos del tribunal, que la investigadora María Paula Rincón describió como una “campaña de desinformación y de deslegitimización”.
Rincón, experta en comunicación digital en la ong Transparencia por Colombia, analizó 602 mensajes públicos de este tipo y concluyó que no fueron espontáneos, sino que provenían de “una maquinaria mucho más robusta y organizada” en la que los políticos representaban apenas un 5 por ciento de los diseminadores. Según su análisis, se concentraron en fechas específicas, coincidiendo el pico más alto de activismo digital con el anuncio de la JEP sobre las 6402 ejecuciones extrajudiciales. Los trinos sobre Dabeiba, concluyó, fueron parte de una iniciativa que buscó instalar las ideas de que la JEP fue creada para exonerar a la guerrilla e inflar las cifras de crímenes de agentes estatales a partir de información provista por organizaciones de izquierda. “Más allá de un ataque coordinado y específico hacia el hallazgo de los falsos positivos en Dabeiba, pretenden atacar a la JEP, desvirtuando la memoria histórica, desviando la atención sobre los implicados y obstaculizando la búsqueda de la verdad, generando un halo de desconfianza alrededor de la misma”, escribió en su artículo publicado en una revista académica española.
La audiencia de Dabeiba y un cambio sutil en el discurso
No solamente el mayor Rodríguez habló del asesinato de Lezcano en el coliseo de Dabeiba hace dos semanas. El mayor Hermes Alvarado, quien admitió haber ocultado su cuerpo y obstaculizado las investigaciones, ofreció “limpiar” su memoria porque, en sus palabras, “era un campesino, no un guerrillero”. El coronel Edie Pinzón, quien reconoció haber dado la orden del homicidio como comandante del batallón, lo describió como “un campesino realmente inocente que nada tenía que ver con un combate que se presentó muy cerca de su casa”. Se sumaban así al soldado Richard Barroso, que ya había confesado haber apretado el gatillo y quien no fue imputado como máximo responsable del crimen.
El 28 de junio, Uribe escribió en Twitter que “duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan”. Añadió, en un mea culpa críptico y fragmentario, que “incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi gobierno y apoyamos esa defensa”. Un día después, Uribe subrayó en otro trino que entre los falsos positivos de Dabeiba “aparecen casos con fechas anteriores a mi Gbno”, incluyendo el de Lezcano ocurrido tres meses antes de que él asumiera la presidencia.
Su partido político adoptó una posición similar, anotando –ya con nombre propio- que “la vida de cualquier colombiano nos duele, entre ellas, la de Édison Lezcano, cuyo crimen ocurrió en mayo de 2002, previo al gobierno de la seguridad democrática”. Luego en su comunicado oficial enfatizó que “de las 11 víctimas identificadas en audiencia de Dabeiba, más de la mitad de los asesinatos fueron previos al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe” y describiendo los otros como una “mancha dolorosa”.
Sin embargo, ni Uribe ni su partido han borrado sus trinos pasados sobre Lezcano u ofrecido disculpas a la familia. Tampoco lo han hecho sus aliados políticos. Consultadas por Justice Info, ni Margarita Restrepo –la primera en difundir la versión alterna de la muerte del campesino desaparecido de 23 años- ni Paloma Valencia –una de las que más diseminó la falsa narrativa- respondieron si considerarían eliminar dichos mensajes ante la nueva evidencia. Con sus rectificaciones a medias, a la desinformación sobre la justicia transicional no la derrota por completo siquiera la admisión pública de cuatro autores de un asesinato.
