Durante seis años y 19 días, el congresista Jorge Eduardo Géchem Turbay estuvo secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Increíblemente retenido en pleno vuelo en 2002, fue uno de los políticos de más alto perfil a quienes esa guerrilla mantuvo rehenes durante años, buscando forzar al gobierno colombiano a un canje por guerrilleros presos que nunca ocurrió. El fracaso de esa apuesta significó años de sufrimiento para él, para sus compañeros de cautiverio y para sus familias.
En octubre de 2010, dos años después de su liberación, uno de los guerrilleros que ejecutó su rapto en el aire y varios altos mandos que ordenaron la política de secuestros de las FARC fueron condenados por un juez local a más de 30 años de cárcel. Dieciséis años después, e pasado 9 de febrero, 22 comandantes y mandos medios de los Bloques Oriental y Sur de la guerrilla fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional nacida del acuerdo de paz con las FARC, por el secuestro de Géchem y el de otros cientos de personas.
Esas dos decisiones ilustran estrategias distintas pero complementarias de la justicia colombiana a lo largo de dos décadas, procurando hacer justicia frente a miles de atrocidades ocurridas durante medio siglo de conflicto armado. Una lectura a los documentos judiciales que abordan el plagio de Géchem revela las diferencias en alcance y énfasis entre los dos tipos de justicia, pero también la manera como se alimentan entre sí.
Ambos se centraron en una mezcla de autores materiales como intelectuales que tuvieron relación con el secuestro del ex congresista. Mientras en la justicia ordinaria fueron condenados en ausencia a largas penas carcelarias que nunca estuvieron cerca de cumplir, en la justicia transicional están ahora obligados a reconocer su responsabilidad, pedir perdón públicamente y reparar a sus víctimas, como condición para obtener sentencias más leves. El fallo original les condena solo por el rapto de Géchem, mientras la acusación nueva aborda todo su cautiverio y el de decenas de otras víctimas en un macro-caso más amplio. Ambos les imputaron el delito de toma de rehenes: solo que, mientras el primero les sumó los delitos de apoderamiento de aeronaves y terrorismo, el segundo concluyó que habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, los de mayor reproche a nivel internacional. Uno apenas describe las circunstancias del rapto, mientras los más recientes narran en detalle los tratos humillantes que le infligieron y su sufrimiento en el cautiverio.
Estas diferencias cobran importancia ahora que la Sala de Reconocimiento de la JEP cerró, por primera vez en sus ocho años de vida, la fase de investigación de un macro-caso, con esas últimas dos imputaciones contra miembros de los últimos dos bloques regionales de la extinta guerrilla. En total, la JEP ha hecho ocho acusaciones colectivas por secuestro - uno de los delitos más emblemáticos del conflicto colombiano - que dejan un saldo de 63 ex miembros de las FARC imputados y siete, los de su última cúpula, ya condenados.
De todos ellos, solo 23 habían sido previamente condenados en la justicia ordinaria y 13 habían pisado una cárcel. Todos han optado por reconocer su responsabilidad y pedir perdón a sus víctimas (salvo los recién acusados, que aún tienen un mes para decidirlo).
Un secuestro en pleno aire
Géchem Turbay, un economista hoy de 74 años, llevaba dos décadas siendo una figura prominente en la política colombiana. Había sido senador por el Partido Liberal durante tres periodos y representante a la Cámara otros dos. Antes fue concejal, diputado departamental y secretario de obras públicas en su natal Huila. También es sobrino en tercer grado de un ex presidente.
En la mañana del 20 de febrero de 2002, en medio de las correrías de la campaña electoral para reelegirse por sexta vez en el Congreso, el avión de Aires que lo llevaba de Neiva a Bogotá fue interceptado por las FARC. Varios guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero se colaron en el vuelo, inexplicablemente cargando armas que un detector de metales dañado no logró identificar. Tras tomar el control, obligaron al piloto a cambiar curso y aterrizar en una vía rural entre Hobo y Gigante. Dejaron libres a los otros 19 pasajeros, el piloto y la azafata, pero se llevaron al congresista. “Venimos por usted Géchem”, le dijeron.
No era la primera vez que la familia de Géchem vivía en carne propia la crueldad de la guerrilla. En 1995, las FARC secuestraron a su primo Rodrigo Turbay, congresista por el vecino departamento de Caquetá, y abandonaron su cuerpo sin vida en el río Caguán dos años después. Luego en diciembre de 2000, en una de las masacres más emblemáticas que perpetraron, asesinaron a su otro primo Diego Turbay - quien había tomado el lugar de Rodrigo en el Congreso- y a su tía Inés Cote mientras viajaban por un carretera.
El secuestro aéreo de Géchem, en ese momento presidente de la comisión de paz del Congreso, tuvo repercusiones políticas inmediatas. Ocurrido solo tres días después de que la misma estructura de la guerrilla secuestrara a la candidata presidencial Ingrid Betancourt y a su fórmula vicepresidencial Clara Rojas, llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a suspender unas negociaciones de paz con las FARC que no habían avanzado casi nada en cuatro años. Con ello también se levantó el despeje militar de un área del tamaño de Suiza, que el gobierno había ordenado para facilitar esos diálogos.
Géchem permaneció secuestrado por la guerrilla hasta el 28 de febrero de 2008, en un cautiverio que describió en su libro ¡Desviaron el vuelo!: viacrucis de mi secuestro como “no solamente la retención (…) en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad, es alejarlos de su realidad, de su familia, de su trabajo, de sus ilusiones y de sus expectativas”.
El relato escueto y fáctico de la justicia ordinaria
Dos años tras ser liberado Géchem, su caso vio un primer hito en la justicia ordinaria. El 7 de octubre de 2010, un juez de Neiva condenó a nueve miembros de las FARC. Uno de los falsos pasajeros, Robinson Matiz, fue condenado a 35 años de cárcel. Varios jerarcas de la guerrilla, incluyendo cinco que eventualmente integrarían su Secretariado, fueron condenados a 32 años de cárcel por la “ideación, planeación y ejecución” del secuestro. Todos fueron obligados a pagarle al congresista 480 salarios mínimos mensuales (unos 140 mil dólares de la época).
Solo que, al haber sido condenados en ausencia, ninguno realmente respondió por su parte en el delito. Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Milton Toncel ‘Joaquín Gómez’, Luis Alberto Albán ‘Marcos Calarcá’ y Luciano Marín ‘Iván Márquez’ evadieron a las autoridades hasta la negociación de paz. Solo Londoño, quien fue el último comandante en jefe de la guerrilla y firmó la paz en su nombre, tenía 38 condenas, 163 procesos en curso, 118 órdenes de captura y un proceso en Estados Unidos al momento de iniciar los diálogos con el gobierno colombiano en 2012. Ninguno pisó una cárcel (y uno, Iván Márquez, terminó abandonando el acuerdo de paz y a sus hombres para retomar las armas).
La Fiscalía había apuntado aún más alto. En su acusación de 2007, también imputó al comandante en jefe ‘Manuel Marulanda’ y a los integrante de la cúpula ‘Raúl Reyes’ y ‘Mono Jojoy’, pero el juez debió extinguir la acción penal contra los tres porque en esos tres años habían muerto, uno por enfermedad y los otros en operativos del Ejército. La muerte de Jojoy había ocurrido solo dos semanas atrás. Otro condenado, Guillermo León Sáenz o ‘Alfonso Cano’, que tomaría el lugar de Marulanda, moriría un año después en otro operativo militar.
Al elegir qué hechos subrayar, la justicia ordinaria hizo un recuento somero y fáctico del operativo por medio del cual las FARC secuestraron a Géchem. Solo narró con algún grado de detalle cómo los guerrilleros obligaron al avión “a aterrizar en una zona dispuesta y protegida a la fuerza por la misma organización”, cómo sus colegas “establecen retenes hacia el norte y hacia el sur impidiendo el paso de viajeros y transeúntes” y cómo “cortan árboles y para dificultar la persecución de las autoridades utilizan explosivos en el puente Argelino Durán sobre el río Neiva”.
El juez menciona su cautiverio de seis años y su liberación, pero apenas una vez -cuando tasa los daños por los que los condenados deberían responderle a Géchem- enfatizó “la afectación psíquica, física, de la autoestima, el decoro y la dignidad humana, representada en los seis años de cautiverio en las selvas colombianas sufridas por la víctima”. Sobre lo que ocurrió durante el secuestro, el fallo dice poco.
La acusación colectiva de la justicia transicional
Dieciséis años después de esa sentencia, la JEP volvió a abordar el secuestro del ex senador en dos imputaciones colectivas que develó el mismo día: una contra siete ex integrantes del Bloque Sur (la estructura guerrillera que secuestró a Géchem) y 15 del Bloque Oriental (la que lo mantuvo cautivo la mayor parte del tiempo).
Entre ellos hay dos que podrían ser considerados como autores materiales de su secuestro. Fabián Ramírez fue condenado en la sentencia original pero pisó la cárcel y José Ricaurte Valencia, más conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’, dirigió la guardia del Frente 7 que tuvo a Géchem bajo su custodia, pero no había sido imputado antes. La JEP los acusó a todos como máximos responsables de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y homicidio, pero también de otros ocurridos durante el cautiverio como tortura, tratos crueles y esclavitud.
Además de ellos, otros tres de los condenados originales - Rodrigo Londoño, Milton Toncel y Luis Alberto Albán - fueron condenados por el tribunal especial en septiembre de 2025, tras haber sido imputados hace cinco años por miles de secuestros, incluido el de Géchem.
Aunque los nuevos imputados aún deben reconocer su rol y pedir públicamente disculpas a sus víctimas como Géchem, el proceso de investigación ya generó reconocimientos nuevos. Ángel Alberto García, de nombre de guerra ‘Hernán Benítez’ y también imputado en esta última tanda, reconoció ante el tribunal que Géchem no tenía relación con los paramilitares de extrema derecha como anteriormente habían afirmado las FARC buscando justificar su rapto. “Hacemos expreso que el supuesto bajo el cual se retuvo no se enmarca dentro de la ley 003 [de la guerrilla]. Esta declaración pretende contribuir a restablecer el buen nombre y la dignidad del señor Géchem”, dijo durante las diligencias del caso.
Incentivos para ir más allá de los delitos de base
A diferencia de lo que ocurrió en la justicia ordinaria, las imputaciones de la JEP se ocupan extensamente de los tratos humillantes que los ex guerrilleros infligieron a sus víctimas durante el cautiverio y del sufrimiento que causaron a sus familiares.
Ese reconocimiento del dolor que soportaron es uno de los rasgos que las víctimas más valoran. Desde el inicio han insistido en la importancia de que las FARC no reconozcan solamente sus raptos, sino que también admitan los tratos degradantes que les infligieron y los años de sufrimiento que padecieron sus familiares durante su ausencia.
Que ahora sí suceda en la justicia transicional puede deberse en parte a que, como dijo en una entrevista reciente con La Silla Vacía la magistrada Julieta Lemaitre, que llevó el caso de secuestro, “realmente la justicia ordinaria, que tiene una cantidad de casos abrumadora, como está orientada a las sanciones, no tenía el incentivo para documentar comportamientos adicionales que no iban a sumarle a la sanción. Nosotros lo documentamos porque entendemos que para las víctimas es muy importante”.
La “marcha de la muerte”
Uno de esos episodios que marcó a las víctimas de secuestro es el que las víctimas bautizaron “la marcha de la muerte” y que Géchem llama en su libro “la cárcel de las travesías”. A finales de 2004, un grupo de 38 secuestrados - entre quienes estaban él y un bebé de cinco meses, el de la también secuestrada Clara Rojas - fueron obligados a caminar con cadenas por 40 días desde las sabanas del Yarí hasta la tupida selva del Guaviare, en plena Amazonía, para escapar de la presión militar.
Esa travesía de 200 kilómetros es descrita por la JEP como parte de “las peores condiciones de cautiverio” que enfrentaron las víctimas. “Las largas caminatas, la desnutrición y la exposición constante a la humedad y a los insectos deterioraron aún más su estado físico (…) Fueron obligados a caminar encadenados durante horas a través de la selva, sorteando ríos, lodo y espesa vegetación, lo que les causaba heridas, laceraciones y un agotamiento extremo”, narra la acusación contra el Bloque Oriental. “Los guardias apenas les daban tiempo para descansar, y si alguno caía enfermo o no podía mantener el paso, era arrastrado o castigado con amenazas”.
La caminata forzosa tuvo efectos graves en la salud para muchos de ellos. A Géchem le afectó la columna, dificultándole subir a su camarote y agudizándole, en palabras de la JEP, “graves problemas cardíacos, considerados como preinfartos o fuertes episodios de angina de pecho”. Otro compañero de cautiverio, el general de la Policía Luis Herlindo Mendieta, debió ser llevado en hamaca. El también congresista Alan Jara sintió dolores similares en las piernas. Géchem, igual que Gloria Polanco y Orlando Beltrán, debió recibir pastillas para controlar la tensión arterial. El bebé de cinco meses, Emmanuel, enfermó de leishmaniasis y fue separado forzosamente de su madre Clara Rojas, por tres años.
Los malos tratos en el cautiverio
De igual manera, las acusaciones detallan los malos tratos que les infligieron los guerrilleros. Por cuenta de la fuga de dos secuestrados en otros puntos del país, sus captores reforzaron medidas de control brutales, como amarrarlos a una sola cadena larga a todos, de día y de noche, que los obligó a hacer todo juntos durante dos años y medio. Como dice el sargento Arbey Delgado, con quien Géchem compartió cautiverio, “nos pusieron un castigo que ni siquiera se usaba en la época de la esclavitud”. Consuelo González de Perdomo contó que un guerrillero le había informado que, en caso de fuga, cada secuestrado tenía asignado quién lo fusilaría y que él sería su verdugo.
Todo esto ocurría porque, a pesar de que el Secretariado había instruido dar un “buen trato” a los secuestrados, en la práctica esto solo concernía -en palabras de la JEP- a “la preservación de la vida biológica del cautivo y no de su dignidad humana”. Dentro de esa lógica, las condiciones de cautiverio “dependían completamente de sus carceleros o custodios directos”.
En el caso del Bloque Oriental que mantuvo rehén a Géchem, esto significó amarres extremos, golpes, humillaciones, simulacros de fusilamiento, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. Eran, en la descripción de la JEP, “malos tratos deliberados que, más allá de las condiciones de la guerra, se derivaban de la crueldad de los captores”. El aislamiento forzado al que los sometieron fue, dice la acusación, “una forma de deshumanización que buscó anular la resistencia de las víctimas y dejó secuelas físicas y psicológicas irreparables”. Todo esto explica que varios de los encargados de su cuidado, que no eran altos mandos, figuren entre los imputados junto con sus superiores.
Secuelas menos obvias
Las acusaciones de la justicia transicional también se esfuerzan por documentar formas de sufrimiento menos visibles, pero igual de dolorosas. En uno de sus apartados más duros, narran cómo les fue negada la posibilidad de hacer el duelo por sus familiares fallecidos. Géchem, al igual que Jara, Beltrán y Luis Eladio Pérez, se enteró del fallecimiento de su madre en la selva, tras años sin verla. Las debieron, dice la acusación, “llorar privadamente y en la distancia, aislados de cualquier soporte moral y afectivo que hubiera podido brindar alguno de sus seres queridos”.
Asimismo, el haber estado secuestrados durante tantos años causó estragos en sus proyectos de vida como funcionarios públicos electos por la ciudadanía. En un horizonte de tiempo más cercano, fueron “aislados forzadamente del escenario político durante casi dos periodos de gobierno”, dice la JEP, al punto que varios tuvieron dificultades para retomar sus carreras políticas tras ser liberados. Esto les generó daños a ellos, así como a sus electores que perdieron “también la posibilidad de que estos líderes implementaran programas que promovieran el desarrollo de las comunidades”.
Todo ello no significa que las investigaciones hechas por la JEP logren resolver todas sus inquietudes. Géchem, por ejemplo, ha insistido durante años -igual que colegas como González de Perdomo y Beltrán- en que se esclarezca por qué en Huila solo fueron secuestrados congresistas liberales y si algún rival político estuvo implicado, como en efecto ocurrió en Caquetá con los familiares de Géchem, en cuyos crímenes participó un ex congresista conservador hoy pendiente de juicio en la JEP.
Al final, que se pueda hacer justicia por atrocidades como la que vivió Géchem es el resultado de que la justicia transicional -en la forma de la JEP- ha fundado sus acusaciones en recoger el trabajo de la justicia ordinaria y complementarlo. Sin ese trabajo previo, Colombia probablemente no habría llegado acá.
