“El día del asesinato de Carlos Arturo Cáceres nació su hijo. Al recibir la noticia, alistó un cántaro de leche y salió a conocerlo. Nunca lo logró. Nunca llegó. Nunca lo conoció”.
Ese 15 de julio de 2003, que debía ser uno de los días más felices de su vida, el indígena kankuamo dejó el campo donde trabajaba para visitar a su esposa Claudia Arias y a su bebé recién nacido Carlos. En el camino fue interceptado por un grupo de soldados del Batallón de Artillería no. 2 'La Popa' del Ejército colombiano. Les guiaban paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que señalaron falsamente a Cáceres de ser miembro de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los soldados lo asesinaron allí mismo y lo presentaron como un guerrillero dado de baja en un combate que jamás existió.
Veintitrés años después, con ese macabro y conmovedor relato, el tribunal transicional colombiano, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz o la JEP, inició la lectura de la sentencia condenando al coronel retirado Hernán Mejía Gutiérrez a 20 años de prisión, la pena más alta contemplada por el tribunal especial nacido del acuerdo de paz de 2016, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La de Cáceres fue una de las 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas por los colombianos con el eufemismo de ‘falsos positivos’, de las que fue responsabilizado el comandante del batallón que operaba en una extensa región de sabanas ganaderas y carboneras flanqueadas por montañas en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela.
El final del primer juicio adversarial de la JEP
La sentencia anunciada cinco días antes de Navidad cerró un círculo altamente simbólico: a finales de septiembre, la JEP condenó a 12 ex militares que fueron subalternos de Mejía –incluyendo al coronel que fue su número dos- por su rol en esos mismos hechos, en una de sus primeras dos decisiones judiciales de fondo contra máximos responsables de graves crímenes en el conflicto armado de medio siglo en Colombia.
Solo que su sanción fue más benévola, de cinco a ocho años en un entorno no penitenciario, porque ellos reconocieron su responsabilidad en esos crímenes, han pedido perdón públicamente a sus víctimas, han aportado verdad y se han comprometido a repararlas.
En cambio, Mejía optó por no admitirlo y pidió que se lo probaran en juicio. Ahora, tras un año, trece audiencias y medio centenar de testigos, la JEP lo encontró culpable, en la que también es la primera decisión que sale de ese segundo carril adversarial. De hecho, varios de los testigos en su contra fueron justamente sus antiguos subalternos.
A esas dos caras de la justicia transicional se refería la magistrada ponente Reinere Jaramillo cuando dijo que “hoy no deberíamos estar informando sobre la sentencia que resuelve un litigio”, sino que “lo que debió ocurrir es que del diálogo entre quienes participaron en el conflicto y se sometieron a esta jurisdicción y las víctimas se hubiese logrado el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento”. Otros dos ex oficiales de la misma unidad militar, el coronel Juan Carlos Figueroa y el mayor José Pastor Ruiz Mahecha, que como Mejía tampoco reconocen su responsabilidad, aguardan sus propios juicios.
Mejía, quien ya había sido condenado por la justicia ordinaria a 19 años de prisión por vínculos con los paramilitares y se había defendido en libertad como beneficio por haberse sometido a la JEP, anunció que apelará la condena, con lo cual su caso será ahora revisado por una sección de apelaciones del tribunal.
El coronel que “inició, fomentó y consolidó un esquema criminal”
Para la mayoría de colombianos Mejía ha sido una de las figuras emblemáticas de los ‘falsos positivos’. Considerado como uno de los oficiales más condecorados del Ejército y portador de cinco medallas de orden público, Mejía fue relevado de su cargo en enero de 2007 por el ministro de defensa Juan Manuel Santos, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en una de las primeras medidas correctivas antes de que estallara públicamente el escándalo. Era también la primera vez en la historia que un ministro de defensa reconocía públicamente el “vínculo operativo”, en palabras de la sentencia, de altos oficiales militares con paramilitares y que el homicidio de Cáceres, según la JEP, “permite visibilizar”.
Tras evaluar todas las pruebas aportadas por la fiscalía del tribunal especial, muchas de ellas originadas en la imputación original de la Sala de Reconocimiento de la JEP, los magistrados concluyeron que “la participación del procesado no fue marginal ni pasiva; por el contrario, resultó estructural y determinante en la configuración y consolidación del referido patrón”.
En palabras de la sentencia, Mejía “se valió de su ascendencia y reputación para influir en los oficiales más cercanos, con el fin de iniciar, fomentar y consolidar un esquema criminal” para asesinar y desaparecer a civiles sin relación con el conflicto armado y presentar sus cuerpos como el resultado de falsos éxitos operacionales. No fueron “actuaciones autónomas de sus subalternos”, concluyó la JEP, sino “crímenes (…) perpetrados en el marco de estructuras organizadas de poder, con alto grado de coordinación”. El coronel Mejía “ostentaba no solo el mando formal, sino también control material sobre las operaciones, los informes, las cifras y la construcción de una narrativa institucional orientada a aparentar la legalidad de unas actuaciones cuyos resultados en realidad fueron totalmente ilícitos”.
Con esto, el tribunal desvirtuó la defensa de Mejía, que lo presentó como un militar ejemplar que salvó a la región de Cesar de “las pestes que lo estaban azotando”, incluidas las FARC. Aunque no negaba los crímenes cometidos en el batallón, argumentó que el coronel nunca dio una orden ilegal.
“Pudimos limpiar el nombre de Carlos Alberto”
“Se nos quitó un peso de 23 años”, dice tras la sentencia Armando Pumarejo, cuyo hijo Carlos Alberto fue asesinado dentro del batallón La Popa el 22 de junio de 2002 y presentado en medios como miliciano de las FARC. Su muerte, hoy reconocida como un homicidio en persona protegida, privó de un padre a una niña de dos años y a dos mellizas que en ese momento estaban en la barriga de su pareja Gelka Hinojosa. Ahora Mejía fue declarado responsable pues, según la JEP, “impartió la orden de operaciones Coraza 037A instruyendo a sus subordinados a disparar (…) e impartió ordenes posteriores tendientes a hacer pasar los hechos por un combate legítimo en el cual fueron reportadas dos bajas”.
“A pesar del escepticismo que yo tenía, porque yo era algo pesimista, estamos viendo estas decisiones. Pudimos limpiar el nombre de Carlos Alberto”, dice Armando, quien cuaderno en mano siguió todas las audiencias del juicio contra Mejía. Para él, la mayor satisfacción se la generó el proceso de reconocimiento de los 12 militares porque, en sus palabras, “todo encaja” con lo que ellos sabían había ocurrido. La condena de Mejía, que él cree fue posible por esos testimonios, no deja dudas de que “en ese tren criminal el combustible era la sangre de nuestros familiares”.
Aunque quedan algunas inquietudes que él está solicitando a la JEP clarificar, sobre todo a dos soldados no imputados que esperan la definición de sus situaciones jurídicas, el proceso transicional ha sido para Pumarejo la diferencia entre “jamás haber recibido siquiera una citación a un juzgado” en la justicia ordinaria y “tener voz y lograr que nos escucharan”. “Tantas verdades no podían quedar impunes entre cielo y tierra”, suspira.
Los políticos que defendieron a Mejía guardan silencio
La condena de Mejía es un hito por otra razón. El sector político liderado por el ex presidente Uribe, en cuyo gobierno fue retirado del Ejército tras las denuncias de un subalterno, usó su caso para oponerse a la negociación de paz con las FARC. En su narrativa, el coronel era víctima de un supuesto complot urdido por el presidente Santos y su comisionado de paz Sergio Jaramillo, quienes habían sido el ministro y viceministro de defensa que iniciaron las medidas que permitieron acabar con el fenómeno criminal. También citaban la teoría del coronel apartado del cargo de que la guerrilla tenía un ‘secretariado especial’ para controlar secretamente el Estado y hasta la iglesia y las mayores empresas.
Sin embargo, en los ocho años de investigaciones y juicio de la JEP, Mejía fue perdiendo la ascendencia y el magnetismo ante un sector político que antes lo llamaba “gran héroe” y “víctima de la infamia”. Muchos políticos que lo defendían con ahínco hace una década hoy guardan silencio. El ex presidente Uribe, que difundía la tesis de la supuesta conspiración en su contra y posó con letreros con el título de su libro, trinó sobre él por última vez en 2018, año en que Mejía coqueteó con ser precandidato presidencial. Tampoco testificó a favor suyo, como solicitó en un inicio su defensa.
El Centro Democrático, el partido de Uribe, tampoco ha vuelto a hablar de él desde 2016. Varios de sus figuras más visibles, como su hoy candidata presidencial Paloma Valencia o la congresista Paola Holguín, también cesaron de defenderlo por esa época. Solo María Fernanda Cabal, hasta hace poco candidata presidencial y parte del sector de ultraderecha del partido, ha seguido defendiéndolo tras su condena.
17 militares, un ex guerrillero y un político a la espera
El carril de la justicia transicional que inauguró Mejía todavía tiene trabajo, aunque -como mostró un análisis de JusticeInfo publicado en julio pasado- la mayoría de imputados por la JEP ha optado por reconocer sus crímenes. Nueve de cada 10 lo ha hecho.
A diciembre de 2025, 21 personas habían sido remitidas a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el órgano encargado de acusar o precluir la investigación contra quienes –tras las investigaciones previas conducidas por la Sala de Reconocimiento del tribunal- no admiten su rol, esclarecen la verdad o reparan a víctimas. Ese número incluye a 19 antiguos militares, un ex guerrillero de las FARC y un civil – aunque un militar, el coronel Cipriano Peña, falleció tras ser imputado. Salvo dos, todos han sido imputados por su participación en los falsos positivos. Este grupo renuente incluye a varios ex altos oficiales militares: seis generales y once coroneles. Dos de ellos, los coroneles Juan Carlos Figueroa y Fernando Moncayo Guancha, han estado viviendo en Emiratos Árabes.
A ellos se suma Héctor Albeidis Arboleda, más conocido como ‘El Enfermero’, acusado de abortos forzados al interior de las FARC y remitido por no reconocer siquiera su pertenencia a esa guerrilla. Y también el ex congresista Luis Fernando Almario, el político más prominente en la justicia transicional, quien fue acusado de haber sido coautor de un “plan criminal de captura del Estado” en alianza con las FARC consistente en exterminar a su grupo político rival, liderado por la familia Turbay Cote, en el departamento amazónico de Caquetá.
Las demoras en el carril adversarial
Si bien Mejía fue el primero en pasar por el carril adversarial y todo procedimiento nuevo trae consigo ajustes, los tiempos de su caso dejan preguntas para lo que vendrá. Imputado originalmente por la Sala de Reconocimiento de la JEP en julio de 2021, su caso fue remitido a la UIA seis meses después tras la negativa del coronel a admitir su responsabilidad. En julio de 2023, tras un año y medio de investigación, la fiscalía de la JEP lo acusó formalmente y otro año más tarde, en septiembre de 2024, su juicio inició. Quince meses más tarde, salió su decisión. Eso significa que en total tomó 4 años llegar a una sentencia condenatoria desde que su caso fue remitido a la UIA.
Esos tiempos han sido similares con los otros cuatro acusados a la fecha. Los coroneles Juan Carlos Figueroa y David Herley Guzmán fueron acusados dos años después de que sus casos llegaron a la UIA, tiempo que aumentó a tres años en el caso del mayor José Pastor Ruiz. Ninguno de los tres ha ido a juicio. El de Guzmán estaba programado para iniciar en julio de 2025 pero ha sido aplazado dos veces, primero porque pidió una prórroga para prepararse y luego porque revocó el poder a su abogada defensora. En total ha cambiado de defensa cuatro veces. No hay ninguna noticia pública desde octubre sobre una nueva fecha. Ni Figueroa ni el ex congresista Almario han sido llamados a juicio por el tribunal, pese a que también llevan más de dos años formalmente acusados. Consultada sobre si evaluaría pasar de la lógica actual de acusaciones individuales a agrupar a algunos indiciados según los macro casos, como hacen las imputaciones originales, la UIA dijo a JusticeInfo que no lo ha considerado.
Por lo menos uno de esos juicios tendrá un altísimo perfil público. Aunque la JEP ha imputado hasta ahora a 21 generales, incluidos tres ex comandantes generales del Ejército y uno de las Fuerzas Militares, ninguno ha tenido el perfil mediático de Mario Montoya. Este general, quien lideró el Ejército entre 2006 y 2008, coincidiendo con el pico más alto de ejecuciones extrajudiciales, promovió –según la imputación original de la JEP- “el mensaje de que las bajas en combate eran el único indicador de éxito”. “A mí no me traigan problemas, a mí tráiganme litros de sangre”, solía decir a sus subordinados.
¿Nace un tercer carril?
Entre todos los casos ante la fiscalía de la JEP, hay uno en un limbo interesante. Imputado por la JEP en julio de 2022 como responsable de ejecuciones extrajudiciales en Casanare, el coronel Germán Alberto León en un principio se negó a reconocer su responsabilidad, por lo que su caso fue remitido al carril adversarial. Una vez en la UIA, sin embargo, decidió asumirla, llevando a la fiscalía a regresar su caso al tribunal. Ahora los magistrados de la sección de ausencia de reconocimiento deberán decidir su futuro.
Una posibilidad es que León estrene una ruta intermedia prevista por la justicia transicional colombiana. Por haber reconocido responsabilidad, pero haberlo hecho tardíamente, podría recibir una pena a medio camino entre los 5 a 8 años en un entorno no penitenciario diseñada para quienes reconocen su responsabilidad y los 15 a 20 años de cárcel para quienes no lo hacen y son vencidos en juicio. Esa pena intermedia sería de 5 a 8 años en prisión, sujeta a las mismas condiciones de admitir la responsabilidad, aportar verdad y reparar a las víctimas.
La cuenta regresiva de la JEP
Esos tiempos largos en formular acusaciones y llegar a decisiones judiciales, que no es exclusiva de la UIA sino que se extiende a toda la JEP, genera preguntas sobre si al tribunal transicional colombiano le va a alcanzar el tiempo para cumplir con su misión.
En total, la JEP tiene un plazo legal de 10 años para presentar acusaciones y otros cinco años adicionales para concluir sus actividades, incluyendo proferir sentencias contra los máximos responsables y resolver la situación jurídica de unas 12.000 personas. Dado que comenzó a trabajar el 15 de enero de 2008, eso significa que a la justicia transicional le quedan solo dos años más para acusar.
Ese reloj es un desafío para los dos carriles, no solo para la UIA. La Sala de Reconocimiento ha develado ya imputaciones preliminares en siete de sus 11 macro casos, pero apenas ha presentado imputaciones formales (llamadas ‘resoluciones de conclusiones’) en dos de ellos. Dos de los siete casos originales, abiertos hace siete años, apenas vieron sus primeras imputaciones en diciembre y cuatro más, abiertos entre 2022 y 2023, no han presentado ninguna aún. Eso significa que el ritmo actual de dos a tres años para presentar acusaciones definitivas no funcionará en la recta final.
El cruce de los tiempos actuales de los dos carriles abre preguntas difíciles. ¿Puede quedarse la Sala de Reconocimiento sin tiempo para presentar todas las imputaciones que le faltan? ¿Cambiará la fiscalía de la JEP la visión de que las acusaciones individuales dada la estrechez de los tiempos? ¿Se verá algún imputado tentado a no reconocer y apostar a que la UIA se quede sin tiempo de acusarlo? ¿Podría esto dañar el sistema de incentivos de la justicia transicional colombiana, que combina zanahoria y garrote para estimular el reconocimiento de responsabilidad y reducir la cantidad de casos que van a juicio? ¿Puede esto generar menor satisfacción para las víctimas, que esperan más verdad y más actos públicos de perdón?
En medio del hito que supone la condena a 20 años de cárcel contra el coronel Mejía por decenas de ejecuciones extrajudiciales que se negó a reconocer, estas preguntas existenciales penden sobre el tribunal especial que ha logrado que la mayoría de máximos responsables por crímenes graves en el conflicto colombiano prefieran dar la cara a sus víctimas.
