Los colombianos irán este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro durante los próximos cuatro años. Si bien la justicia transicional no ha ocupado un rol protagónico en la campaña, los dos candidatos tienen posturas contrarias sobre el modelo que diseñó el país para poner fin a su conflicto armado de medio siglo: la segunda vuelta enfrentará a Iván Cepeda, un político de izquierda que participó en las negociaciones entre el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dieron pie al acuerdo de paz de 2016, con Abelardo de la Espriella, un outsider de ultraderecha sin experiencia política que promete acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional resultante del acuerdo de paz.
A primera vista parece una repetición de las últimas dos elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta opuso a candidatos que votaron de manera distinta en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, que ganó el ‘no’ por 53 mil votos y que -aunque permitió el desarme de más de 13.000 ex guerrilleros- prefiguró muchas de las dificultades que ha tenido el acuerdo para ser implementado.
Una mirada más a fondo, sin embargo, muestra que ambos candidatos tienen paradojas importantes en su relación con la justicia transicional. A Cepeda, una víctima del conflicto armado y abanderado del acuerdo de paz que ha prometido implementarlo a fondo, lo persigue el hecho de que en este gobierno lideró la política de negociaciones fallidas con grupos armados y de crimen organizado. Esos diálogos fueron ambiguos en el tratamiento penal que ofrecían a quienes dejaran las armas, sin claridad sobre si competiría, sobrecargaría o duplicaría el actual sistema de justicia transicional. Y a De la Espriella, un abogado penalista que ha defendido legalmente a muchos de los personajes más cuestionados de Colombia, que promete desmantelar un mecanismo transicional con similitudes a uno que defendió y en el que estuvo activo hace dos décadas con los paramilitares de derecha.
En la práctica, es poco probable que haya un cambio drástico sobre la JEP: eliminarla requeriría una reforma constitucional y un desgaste político que lastró el gobierno de Iván Duque hace seis años. En cambio, independientemente de cuál de los dos gane, seguirán planeando sobre el tribunal especial las preguntas claves sobre cómo hará cumplir sus sanciones a los ex guerrilleros y ex militares ya condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Una campaña sin debates y con mucha IA
Ha sido una campaña atípica en Colombia en la que los punteros no se enfrentaron en debates, solo detallaron sus programas de gobierno hasta la última semana y aceptaron pocas entrevistas en profundidad, casi siempre con medios afines o influenciadores digitales aversos a hacerles preguntas difíciles. Proliferaron las puestas en escena en mítines, redes sociales y videos fantasiosos hechos con inteligencia artificial.
También fue la primera elección en dos décadas donde no hubo una tercería viable: De la Espriella y Cepeda obtuvieron más del 40% de los votos de primera vuelta, relegando a la candidata de la derecha tradicional Paloma Valencia al 7% y al centrista Sergio Fajardo al 4%.
Los tres puntos porcentuales que le sacó De la Espriella a Cepeda permiten pensar que, aunque todo apunta a un resultado apretado, parte como favorito. Sería un resultado que encaja en una tendencia más amplia en América Latina donde no solo hubo un viraje hacia la derecha en casi toda la región, salvo por México, Uruguay y quizás Brasil este octubre, sino porque la mayoría de las elecciones en los últimos siete años han castigado a los candidatos oficialistas, como muestra la investigación del politólogo peruano Alberto Vergara.
El abogado penalista que quisiera eliminar la JEP…
Abelardo de la Espriella es un abogado penalista que se hizo famoso litigando en medios y que convirtió sus trajes a la medida, sus discos de música italiana y su ron fino en una marca personal. Se trepó en las encuestas con una campaña en torno a su nuevo apodo de ‘El Tigre’ (un animal que ni siquiera existe en Colombia), un discurso populista nacionalista y la promesa de “destripar” a la izquierda.
Su ascenso, sin embargo, se explica porque fue quien mejor interpretó los miedos -fundados e infundados- de amplios sectores de la sociedad colombiana, preocupados por el comportamiento errático y pendenciero de Petro, su cuestionado manejo económico y retórica anti empresarial, el deterioro tangible de la seguridad en buena parte del país y el fracaso de la política de ‘paz total’ de este gobierno.
En la recta final ha reforzado promesas de populismo punitivo como construir megacárceles siguiendo el modelo de Nayib Bukele en El Salvador y posturas críticas hacia la JEP, en un guiño a los sectores de derecha tradicionales a los que derrotó en primera vuelta y que ahora llegaron a sus filas. “La JEP no es un tribunal judicial: es un directorio político disfrazado de tribunal, instituido para lavarse las manos manchadas de sangre a los jefes narcoterroristas de las Farc y perseguir de la manera más humillante a los héroes de la patria”, dijo en entrevista la semana pasada, omitiendo que ambos -ex guerrilleros y militares acusados de crímenes atroces- tienen la misma oportunidad de obtener sanciones más leves si reconocen su responsabilidad, piden perdón públicamente, aportan verdad y reparan a sus víctimas. Es un tratamiento penal que, como ha explicado Justice Info, más del 90% de los acusados como máximos responsables han aceptado.
El argumento de De la Espriella es doble. Por un lado, aduce que la JEP “tiene un altísimo costo” y que evitará que “el bolsillo de los colombianos se despilfarre” (aunque omite las dificultades que ha tenido la justicia ordinaria para juzgar esos mismos delitos). También prometió sacar a Colombia de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), repitiendo las cargas contra el multilateralismo de populistas latinoamericanos y globales de ambos lados del espectro ideológico. Del otro lado, retoma una bandera del partido político del ex presidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia: que los militares no deberían ser equiparados a los guerrilleros -aún si cometieron crímenes atroces- y que deberían tener un mecanismo de justicia propio. “Bandido que no se someta tiene que ser dado de baja”, es como describe su política de seguridad.
… pero que antes defendía la justicia transicional
La opinión del penalista hoy puntero sobre la justicia transicional era distinta hace unos años. Cuando hace dos décadas el gobierno de Álvaro Uribe abrió negociaciones con los grupos paramilitares, un joven De la Espriella se dedicó de lleno a apoyarlas. Creó una ONG llamada Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), desde donde organizó foros universitarios en los que participaron jefes paramilitares como ‘Ernesto Báez’, donde ambientaban un tratamiento penal más favorable y que, según cuenta un perfil en profundidad suyo escrito por La Silla Vacía. fueron financiados por dichos grupos.
De la Espriella no solo defendió penas alternativas como las que recibieron los paramilitares en el mecanismo transicional de Justicia y Paz, sino que se mostró partidario de extenderlas a la guerrilla. “Yo sería partícipe de que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel si ese es el precio que hay que pagar para pacificar a este país”, dijo en entrevista de 2011, refiriéndose al último comandante en jefe de las FARC. ‘Rodrigo Londoño’ fue justamente uno de los primeros sentenciados por la JEP en 2025.
Después de Justicia y Paz, De la Espriella construyó su carrera como penalista mediático. Su lista de clientes incluyó a integrantes de la familia constructora Nule, condenados por corrupción; al ex jefe paramilitar Juan Carlos “Tuso” Sierra; y a David Murcia Guzmán, líder de una pirámide financiera que estafó a miles de personas humildes y fue condenado por lavado de dinero. Quizás el más controversial de todos sea el empresario colombiano Álex Saab, señalado testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y hoy detenido en Estados Unidos, un punto que contradice su narrativa de ser necesario para evitar que Colombia se convierta en el vecino país. En sus negocios por fuera de su bufete legal, De la Espriella ha tenido entre sus socios a un cantante famoso y un magnate petrolero, pero también a familiares de un ex jefe paramilitar.
Su postura puede estar ya teniendo efectos en la justicia transicional. El coronel José Pastor Ruiz, imputado por ejecuciones extrajudiciales y ad portas de juicio adversarial tras no reconocer responsabilidad, fue excluido de la JEP la semana pasada por no cumplir con su compromiso de aportar verdad.
El negociador de paz que defiende la justicia transicional…
Iván Cepeda, el congresista que aspira a continuar las políticas del actual gobierno pero que tiene un talante menos efervescente que el de Petro, es un político y defensor de derechos humanos cuya carrera ha estado marcada por el conflicto armado.
Tenía 31 años cuando su padre, el también congresista Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en una de las principales avenidas de Bogotá en 1994. En los hechos hubo “una acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales”, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010 que condenó al Estado colombiano. El suyo no fue el único caso: al menos 5.195 integrantes de su partido, la Unión Patriótica, fueron asesinadas o desaparecidas en un exterminio político que diezmó a ese partido de izquierda, según una de las más recientes acusaciones de la JEP que imputó a dos generales y tres coroneles como máximos responsables.
Esa persecución determinó la vocación de Cepeda, un filósofo que salió exiliado de joven y que estudió en Bulgaria: en 2004, en plenas negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares, lideró la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). Del activismo de derechos humanos dio el salto al Congreso, desde donde acompañó de cerca los diálogos del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, actuando como una suerte de asesor de la guerrilla en buscar una salida negociada y ayudando a allanar el camino cuando surgían escollos.
Ya durante el gobierno Petro, fue el arquitecto de la política de ‘paz total’, que abrió negociaciones simultáneas con una decena de grupos armados ilegales y de crimen organizado. Ninguno llegó a buen puerto, en parte debido a fallas en el diseño metodológico y a la falta de voluntad de algunos de estos grupos que terminaron fortaleciéndose y expandiéndose, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.
Como candidato presidencial, Cepeda defiende la continuación de una política de negociación -ahora llamada ‘paz integral’- y el trabajo de la JEP, donde su esposa, la antropóloga Pilar Rueda, trabajó durante ocho años como asesora en asuntos de género. Su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué refuerza ese relato: además de ser indígena nasa, también es víctima del Estado ya que su esposo Edwin Legarda, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue asesinado por miembros del Ejército en 2008.
… pero que promueve negociaciones poco claras en cómo se hará justicia
Aunque Cepeda ha sido defensor de la salida negociada al conflicto armado, su estrategia se ha visto lastrada por la ambigüedad jurídica de los diálogos bajo Petro y el deterioro en la seguridad. Un problema de la ‘paz total’ es que, como contó Justice Info, nunca hubo claridad sobre qué lógica penal aplicaría para lograr la desmovilización de miles de combatientes. Eso significa que hay muchos interrogantes sobre cómo satisfaría los derechos de las víctimas, así como si estos otros guerrilleros y criminales llegarían al sistema de justicia transicional en marcha desde 2016 o si crearía nuevos mecanismos para ellos. Esas preguntas son claves para la JEP, que está a tres años de cumplir su límite para presentar acusaciones habiendo imputado a 317 personas pero logrando solo cerrar uno de sus 11 macro-casos.
También pesa en contra de Cepeda la percepción extendida de una presunta cercanía a las FARC. Al margen de las acusaciones infundadas, el senador optó por defender a ‘Jesús Santrich’, el ex jefe guerrillero detenido tras la firma del acuerdo de paz negociando el envío de un cargamento de cocaína. Cepeda argumentó que el operativo fue una “trampa judicial para torpedear el proceso de paz” del gobierno de Donald Trump, en la que habría participado el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Otorgó menos importancia a la decisión que tomó Santrich de romper los términos del acuerdo y aceptar enviar cocaína. Poco después, junto con el ex negociador jefe de la guerrilla ‘Iván Márquez’, Santrich abandonó el acuerdo y retomó las armas.
Quizás el episodio que más genera incertidumbre sobre Cepeda sea su aparición en el computador de ‘Raúl Reyes’, el integrante de la cúpula de las FARC que murió en un bombardeo lanzado por el Ejército colombiano en Ecuador en 2008. Un mes antes, después de una marcha en contra de las FARC había sacado a seis millones de colombianos a la calle, Cepeda convocó a una similar contra los paramilitares. En correos encontrados en un computador de Reyes recuperado por los militares, una argentina cercana a esa guerrilla sugería que estaba coordinando con Cepeda, en mensajes que muestran que las FARC veían una oportunidad en la marcha promovida por Cepeda. El hoy candidato se ha limitado a decir que los archivos fueron manipulados por la agencia de inteligencia DAS y que fueron consideradas inválidas e ilegales por la Corte Suprema de Justicia. En realidad, según una investigación de La Silla Vacía, no hay evidencia de manipulación y solo fueron invalidados como prueba en procesos judiciales por haber sido obtenidos fuera del país pasando por encima de protocolos internacionales.
En la última semana de campaña, casi al tiempo que esbozó por primera vez una política de seguridad, Cepeda pidió a la Corte Penal Internacional investigar a su adversario por su presunta relación con los paramilitares. Fue una estrategia extraña, que le atribuyó tres posibles delitos -concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito- que no figuran en el Estatuto de Roma, y que omitió que la investigación del fiscal de la CPI sobre Colombia fue cerrada hace cuatro años y que la justicia colombiana ya investigó a De la Espriella sin encontrar nada. De paso subrayó que, al igual que en su larga batalla legal con Uribe, Cepeda es partidario de la judicialización de la política.
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Ninguno habla sobre cómo velará por las sanciones de la JEP
Al margen de su postura favorable o contraria a la justicia transicional, ni Cepeda ni De la Espriella han hablado del tema central que ocupará la relación entre el gobierno que aspiran encabezar y la JEP: la legitimidad en las decisiones del tribunal especial va a depender en gran medida de quién y cómo se garantiza que las personas que han sido condenadas en efecto cumplen con los dos componentes de la sanción. Ese es un ámbito donde el Gobierno nacional es un actor clave, algo que nunca vieron los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro (o la JEP por cierto).
Cinco años después de las primeras imputaciones de la JEP y a casi uno de sus primeras sentencias, el componente retributivo de las sanciones -que el acuerdo de paz llamó ‘restricción efectiva de la libertad’- sigue siendo vago. Como contó Justice Info, la primera sentencia contra las FARC por miles de secuestros habla de un “perímetro autorizado” pero no detalla cuál, es poco clara en cómo serán los dispositivos de vigilancia y no responde quién supervisará su cumplimiento tras la fecha de cierre del tribunal especial en 2034. Todos son temas que el gobierno nacional podría enfatizar.
Tampoco es claro qué pasará con los proyectos restaurativos, que buscan reparar a las víctimas y que la JEP decidió crear desde cero -pese a sus limitaciones de mandato y la caída en los recursos de cooperación- en vez de apelar a políticas públicas ya existentes que dependen del gobierno nacional, como los planes de reparación colectiva de víctimas o los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron diseñados de manera participativa con 300 mil habitantes de los municipios históricamente más golpeados por la guerra.
Más ampliamente, ninguno de los dos parece tener una propuesta de cómo lograr que no se repita el conflicto armado en Colombia: Cepeda ofrece continuar un modelo que ha fortalecido a los grupos armados, mientras De la Espriella impulsa un modelo de mano dura que promete agudizar la confrontación armada.
