La Comisión de la Verdad de Colombia se sienta con cinco presidentes, incluido su crítico Uribe

En las últimas dos semanas, la Comisión de la Verdad de Colombia logró una hazaña significativa. Con una conversación con Andrés Pastrana este martes y otra aparentemente imposible con Álvaro Uribe hace dos semanas, la comisión logró sentarse con los cinco ex presidentes vivos del país.

La Comisión de la Verdad de Colombia se sienta con cinco presidentes, incluido su crítico UribeEl Presidente de la Comisión de la verdad de Colombia, Francisco de Roux (izquierda), y el ex presidente Álvaro Uribe (derecha) en la terraza de su casa de campo en Medellín, el 16 de agosto. © Comisión de la Verdad
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Cinco ‘conversaciones presidenciales’, incluida una caótica con su más formidable crítico. Un logro fundamental para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la institución encargada de la búsqueda de la verdad en Colombia, a pocos meses de que termine su mandato de tres años en noviembre y se dé a conocer su informe final.

Especialmente significativa pero reveladora fue su turbulenta reunión con Álvaro Uribe, el presidente elegido en dos ocasiones (2002-2010) que encabezó la oposición contra el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que sigue sin reconocer el sistema de justicia transicional derivado de éste. De hecho, recalcó ese punto al menos tres veces durante casi cuatro horas de conversación.

En la terraza de la hacienda de Uribe

A sólo tres meses de que finalice el mandato de la Comisión y tras meses de intentos, Uribe finalmente accedió a sentarse con tres comisionados para discutir aspectos de su gobierno. Fue un cambio para alguien que en el pasado ha tildado a sus comisionados de sesgados, “barras bravas de izquierdos humanos” e incluso pro-FARC.

Aunque sus antecesores César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) ya habían hablado con la Comisión en los últimos dos años, fue probablemente otra entrevista la que acabó empujarlo. Hace dos meses, Juan Manuel Santos (2010-2018) -su ministro de Defensa y heredero elegido convertido en némesis político- compareció ante la Comisión, pidió perdón a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército y detalló las medidas correctivas que tomó cuando estuvo al frente del sector seguridad.

El contraste entre ambos escenarios fue muy marcado. Al igual que Andrés Pastrana (1998-2002) hace tres días, Santos leyó primero su discurso preparado desde un atril, rodeado de pendones con el logo de la Comisión, y luego se sentó a responder una serie de preguntas adicionales planteadas por el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux.

En cambio, Uribe pidió a la Comisión que fuera a su terreno para lo que en principio iba a ser una charla pregrabada y difundida posteriormente, pero que terminó siendo transmitida en directo. Se sentaron en la terraza de la casa rural de Uribe, en las afueras de su Medellín natal, con vistas a un césped por el que ocasionalmente se veía a sus nietos atravesar la pantalla corriendo, mientras se oían caballos relinchando y perros ladrando en el fondo.

La verdad de Uribe

A pesar del entorno pastoral, la conversación fue todo menos idílica. Durante la primera hora y media, Uribe compartió con la Comisión su visión de la historia reciente de Colombia, saltando de un tema a otro y refiriéndose siempre a la agenda de 62 puntos que había esbozado para la charla.

Algunos de sus comentarios fueron personales, como cuando describió su dolor al enterarse que su padre, el ganadero Alberto Uribe, había sido asesinado por guerrilleros de las FARC durante un intento de secuestro en su finca en 1983. O cuando relató haber escapado de un intento de secuestro por parte de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1988.

Muchos se referían a su gestión. Uribe explicó que eligió a su compañero de fórmula Francisco Santos, periodista y activista en contra el secuestro, por su notoriedad en el sector de derechos humanos. Afirmó que, bajo su mandato, Colombia se ofreció a ser el primer país cuyo récord de derechos humanos fue examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Destacó el éxito de su gobierno en reducir los homicidios, secuestros e incluso delitos menos visibles como el robo de petróleo, citando cifras concretas de barriles. Recordó a la Comisión su exitosa negociación con grupos paramilitares, sus esfuerzos por liberar a los secuestrados de las FARC y, en general, la difícil situación en la que se encontraba el país cuando fue elegido en 2002.

Primera parte de la reunión entre la Comisión de la Verdad de Colombia y Álvaro Uribe en su casa cerca de Medellín. © Comisión de la Verdad

También recordó su etapa como senador y gobernador de Antioquia en los años 80 y 90, defendiendo sus recompensas para informantes como una política eficaz en seguridad, su comisión facilitadora de paz y su protección a políticos locales de izquierda en un momento en que el partido de éstos, la Unión Patriótica, estaba siendo exterminado.

Y destacó algunos rasgos de su carácter. Nombró a siete ex guerrilleros que trabajaron con él tras abandonar la lucha armada, como prueba de su compromiso con la reconciliación. En general, expresó pocas dudas sobre su gestión, arrepintiéndose únicamente de haber propuesto que los informantes civiles recibieran armas y de haber desestimado a las víctimas de falsos positivos como personas que “no estarían recogiendo café”.

Un intercambio tenso

Tras la presentación de Uribe, los tres comisionados se turnaron para preguntarle por qué el Estado colombiano tardó tanto en desmantelar los vínculos ilegales entre grupos paramilitares y sectores del Ejército, o por qué persistieron tantos hombres en armas en el país incluso después de exitosas negociaciones con miles de paramilitares y guerrilleros.

Eran preguntas más amplias que esperaban llevarían a su anfitrión a reflexionar sobre los contextos que permitieron que muchos crímenes se expandieran en Colombia. En cada intento, Uribe los interrumpía tajantemente y respondía con su característico estilo fragmentario, dividiendo las preguntas en pedazos sobre hechos específicos y evitando abordar un panorama general.

Uribe insistió en que respetaba al padre de Roux como persona y sacerdote, pero que consideraba ilegítimos a la Comisión y al resto del sistema de justicia transicional. Reiteró su afirmación de que Colombia nunca sufrió un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista alimentada por el narcotráfico. Expresó su malestar por haber sido calificado de paramilitar por sus críticos y denunció la estigmatización política en Colombia, al tiempo que usaba un lenguaje descarnado para hablar de ONG de derechos humanos que “usan los derechos humanos como máscaras” y sugerir que una organización indígena tiene vínculos con el narcotráfico. “Usted ha sido muy sesgada toda la vida”, le dijo a Lucía González, ex directora de museos, coterránea suya e incluso amiga de su esposa, en un momento dado.

Durante un intercambio especialmente tenso, Uribe interpretó las preguntas de los comisionados como un ataque contra él. “Yo los escucho más en la tarea de enjuiciar, que de escuchar y aclarar”, les dijo. “No es una acusación. Ayúdenos a los colombianos a entender para que esto no vuelva a pasar”, trató de calmarlo De Roux, mientras una bandada de alcaravanes graznaba en el fondo. “Qué bueno que, en vez de que lo tomemos como algo adversarial, usted diga ‘voy a contribuir a la explicación de lo que pasó y a una clarificación de la totalidad de las cosas’. El punto acá es entender lo que nos pasó en el conflicto”.

Uribe sobre los falsos positivos

La tensión fue creciendo. Finalmente estalló cuando tocaron el tema más espinoso: los civiles asesinados por militares entre 2002 y 2008 para ser luego pasados ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, una tragedia que ha consternado a los colombianos por más de una década y que se conoce eufemísticamente como los ‘falsos positivos’. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial del sistema de justicia transicional, estableció recientemente que durante el periodo de Uribe se produjeron 6.402 homicidios de este tipo y los declaró crímenes de guerra y de lesa humanidad en sus primeras acusaciones contra integrantes del Ejército.

Uribe sostuvo que su gobierno actuó tan pronto como surgieron las primeras denuncias, haciendo énfasis en que el conteo de cuerpos nunca fue política del Ejército y que operativos militares exitosos como el que rescató a la candidata presidencial Ingrid Betancourt sin disparar un solo tiro demostraban que eso era así. Negó que la presión desde arriba ayude a explicar por qué los falsos positivos se extendieron por todo el país, como estableció la JEP. Fue culpa, afirmó, “del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”. “Exigí resultados con responsabilidad y respeto a los derechos humanos”, insistió.

El ex presidente enumeró una serie de medidas correctivas que se remontan a 2005, aunque el grueso de éstas correspondió a las decisiones tomadas entre 2007 y 2008 que finalmente llevaron a un descenso del 92% de estos homicidios, como había detallado dos meses atrás su ex ministro Santos, cuyo nombre Uribe no mencionó ni una sola vez. Las preguntas de los comisionados sobre por qué las acciones correctivas tardaron tanto tiempo enfurecieron a Uribe, que insinuó que la Comisión había decidido creer la versión de su sucesor. “Son procesos que demoran mucho”, les dijo. Cuando el presidente de la Comisión enfatizó en que no había mencionado a Santos, Uribe le espetó: “No necesita nombrármelo Padre. Con que me diga que se resolvió en 2008 es suficiente”.

Cuando De Roux intentó, una vez más, centrar la conversación en los contextos que permitieron las ejecuciones extrajudiciales, el hijo mayor de Uribe intervino desde detrás de la cámara. «¡A Santos lo trataron como un rey!», gritó tres veces Tomás Uribe, antes de chocar con la comisionada Lucía González por un tuit de 2017, en el que ella celebró que las FARC renunciaran a la violencia y se convirtieran en partido político. Esa escena se convirtió rápidamente en lo que los medios nacionales eligieron como titular para toda la conversación.

Segunda parte de la reunión entre la Comisión y Álvaro Uribe. © Comisión de la Verdad

Muchos de los momentos más interesantes se desvanecieron en el olvido, como cuando el comisionado Leyner Palacios le pidió a Uribe que acogiera las futuras recomendaciones de la Comisión por el bien de comunidades empobrecidas y violentadas como la suya. “Ojalá se comprometa con esas recomendaciones, no por lo que ha pasado, sino por lo que puede seguir pasando. Ustedes como líderes políticos deben repensarse y no pueden seguir anclados en sus posiciones, porque eso está llevando a la prolongación de la guerra y se traduce en los territorios en algunos casos en más violencia”, le dijo el líder afrocolombiano y superviviente de una de las masacres más cruentas de las FARC, mientras Uribe escuchaba con atención.

“Este país va a necesitar una amnistía general”

Quizá el momento más paradójico llegó hacia el final, cuando Uribe trató de explicar su oposición al acuerdo de paz de 2016, a la justicia transicional y a las penas no carcelarias para delitos atroces que él considera impunidad.

“Este país va a necesitar una amnistía general, casi un borrón y cuenta nueva”, reflexionó, argumentando que los jóvenes no entienden por qué el robo de una bicicleta conlleva una pena de prisión mientras varios ex guerrilleros de las FARC son hoy congresistas. Los soldados deberían ser juzgados por un tribunal diferente a la JEP para evitar su equiparación con los ex guerrilleros, añadió Uribe, haciendo eco de una idea que ha defendido desde hace tiempo a pesar de que probablemente perjudicaría la seguridad jurídica de éstos más que lo que los ayudaría.

En los días siguientes, el ex presidente anunció un plan más detallado que su partido llevará al Congreso. En una mescolanza de propuestas, ofreció ampliar los beneficios jurídicos a los sentenciados por delitos comunes, levantar por una vez las inhabilidades para ejercer la función pública para personas condenadas y abrir las puertas de la justicia transicional a los antiguos paramilitares que hoy forman parte de grupos de crimen organizado. Uribe, probablemente consciente de que su idea original no cumpliría los estándares de justicia nacionales e internacionales, se retractó de llamarla amnistía general y de incluir crímenes atroces, pasando a llamarla ahora un proyecto de ley para “superar asimetrías jurídicas” que “elimine los privilegios de las FARC”.

No es la primera vez que Uribe coquetea con la idea de una amnistía general. En octubre de 2018, poco después de que su protegido Iván Duque llegara a la presidencia, el entonces senador intentó conseguir apoyos para una reforma a la justicia transicional que liberara a los agentes del Estado que llevaban cinco años en prisión, sin que tuvieran que contar la verdad ni reconocer su responsabilidad. Cuando alguien le respondió que tendría que extender los mismos beneficios jurídicos a las FARC, aceptó. Pero finalmente ese acuerdo se cayó cuando el también senador y ex miembro de las FARC Carlos Antonio Lozada le dijo que ellos preferían atenerse al acuerdo de paz.

Al final, aunque la entrevista con Uribe fuese noticia por las razones equivocadas y el ex presidente siguiera insistiendo en que la justicia transicional es ilegítima, lograr que se sentara a conversar acerca la Comisión de la Verdad a su objetivo central de escuchar a todos los sectores de la sociedad colombiana.