Colombia: el día en que el presidente Santos pidió perdón

El viernes 11 de junio, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos compareció ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia para pedir perdón por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su gestión como ministro de Defensa entre 2006 y 2009. Una ocasión trascendental, que también dejó interrogantes.

Colombia: el día en que el presidente Santos pidió perdón"Durante mi ministerio muchas, muchísimas madres (...) perdieron a sus hijos. Lo reconozco y les pido perdón", declaró el ex presidente Juan Manuel Santos el 11 de junio ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Colombia. © Comisión de la Verdad
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«Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres (…) perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Esto nunca debió ocurrir», afirmó con gravedad Juan Manuel Santos. Así finalizó un discurso de casi dos horas en el que el presidente de Colombia entre 2010 y 2018 detalló cómo tuvo conocimiento de que civiles fueron asesinados por militares y pasados ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, y cómo tomó medidas para acabar con estas atrocidades. «Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma. Que esto nunca, nunca vuelva a pasar», fueron las últimas palabras de Santos.

Al abandonar el atril y sentarse, el presidente de la Comisión de la Verdad, visiblemente conmovido, se esforzó por traducir sus emociones en palabras. «Es muy raro que un presidente de la República pida perdón y reconozca personalmente responsabilidad y sienta responsabilidad moral y el dolor de las víctimas», dijo el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

UN PRESIDENTE ANTE LA COMISIÓN

Santos, que fue ministro de Defensa antes de su elección en 2010, acudió voluntariamente a la Comisión para abordar su papel en una tragedia que ha consternado a los colombianos durante más de una década y que se conoce eufemísticamente como los «falsos positivos«. Detrás de ese nombre erróneo se esconde una práctica macabra: al menos 6.402 civiles fueron asesinados por agentes del Estado entre 2002 y 2008, según los resultados preliminares recientemente presentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional colombiana, que han desatado la indignación en el país.

Aunque fue Santos quien firmó el histórico acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ha sido un firme defensor del sistema de justicia transicional derivado del mismo, sigue siendo mucho más raro que los ex presidentes y otros líderes políticos civiles admitan su responsabilidad a que lo hagan soldados y ex combatientes.

“Les quiero compartir mi verdad”

El discurso de Santos, conmovedor por momentos y egocéntrico en otros, ilustra sus propias complejidades. Como dijo al principio, «les quiero compartir mi verdad». También ajustó algunas cuentas políticas en el proceso, subrayando lo diferentes que eran sus puntos de vista sobre el conflicto armado con los del entonces presidente Álvaro Uribe, su antiguo jefe y padrino político convertido en su némesis. Caracterizó a Juan Carlos Pinzón, su ahora distanciado ex secretario privado y viceministro de la época, como partidario de negar todo lo malo dentro del Ejército colombiano. Si bien esto puede ser cierto, no explica por qué Santos lo nombró más tarde jefe de gabinete, embajador en Washington y, de todas las cosas, ministro de Defensa durante cuatro años, justo durante las negociaciones de paz.

MEDIDAS CORRECTIVAS BAJO LA LUPA

El grueso de la aparición de Santos ante la Comisión se dedicó a explicar, con minucioso detalle, las medidas correctivas adoptadas por él, su viceministro Sergio Jaramillo y su equipo de asesores. En sus palabras, era «un recuento de cómo investigamos, denunciamos y acabamos con los falsos positivos».

Un aspecto clave del mandato de la Comisión colombiana es identificar las acciones morales y las transformaciones positivas llevadas a cabo por víctimas, comunidades e instituciones durante el conflicto. Esta tarea se incluyó en el acuerdo de paz en un intento por garantizar que la Comisión no sólo investigara episodios desgarradores, sino que también documente historias inspiradoras y empoderadoras. Desafortunadamente, la Comisión ha avanzado poco en este terreno, según un reciente informe del Congreso.

A lo largo de dos horas, Santos describió las diferentes transformaciones que se produjeron tras su entrada al gobierno de Uribe. Primero, se nombraron inspectores en cada una de las divisiones del Ejército para facilitar las investigaciones internas y se elevó el rango de la oficina de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Se elaboró la primera política de derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas, incorporando asesores jurídicos operativos para aconsejar a los comandantes durante la planificación de las operaciones militares. El Ministerio también redactó el primer manual de derecho operacional de Colombia, en el que se detallaron las reglas de enfrentamiento, y se revisaron los incentivos, eliminando el conteo de cuerpos y favoreciendo las desmovilizaciones y las detenciones por encima de las muertes. La duración de los periodos de entrenamiento y descanso se reformó tras concluir que eran insuficientes. Y se destituyó a decenas de oficiales militares, entre ellos tres generales y cuatro coroneles.

Gráfico que muestra el volumen de ejecuciones extrajudiciales a lo largo del tiempo en Colombia
En 2007 se alcanzó un pico de «falsos positivos». Tres de las principales fuentes de la base de datos que usó la JEP -la Fiscalía General de la Nación (amarillo), el Centro Nacional de Memoria Histórica (gris) y una coalición de organizaciones de derechos humanos (naranja) – reflejan patrones similares de ejecuciones extrajudiciales a lo largo del tiempo. © JEP / JusticeInfo.net

Muchos de estos cambios se pusieron en marcha con ayuda de afuera, sobre todo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a cuyos funcionarios se les permitió recorrer las unidades militares para levantar información. Este conjunto de medidas correctivas -que en retrospectiva podrían haber salvado jurídicamente tanto a Uribe como a Santos- puede explicar por qué, como documentó el tribunal especial de paz de Colombia en su auto de priorización, se produjo un importante descenso del 92% en los casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2009. «Creo, sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró», dijo Santos, mostrando en un momento el gráfico de la JEP, al tiempo que admitía que «a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos».

HÉROES ANÓNIMOS

Una parte especialmente conmovedora del relato de Santos se centró en destacar el papel que desempeñaron varias personas que, lejos del escrutinio público, hicieron esfuerzos significativos y muchas veces ignorados para llevar estos crímenes ante la justicia.

Uno de ellos fue el general Carlos Arturo Suárez, a quien se encomendó liderar una misión de esclarecimiento de varios casos emblemáticos y cuyas conclusiones -conocidas como el «Informe Suárez»- sentaron las bases de las reformas. Uno de los episodios que detalló ese reporte fue el asesinato de una docena de jóvenes de la ciudad de Soacha, que fueron engañados con falsas ofertas de trabajo por agentes del Estado y asesinados a 635 kilómetros de sus hogares, algunos de ellos elegidos deliberadamente por tener enfermedades mentales o un consumo problemático de drogas.

Otra heroína anónima fue Luz Marina Gil, quien en septiembre de 2006 se convirtió en la primera civil -y mujer- en dirigir la justicia penal militar. Hija de un general, esta ex abogada del Ministerio de Defensa trasladó a la justicia ordinaria cientos de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional que pocas veces se había observado antes. Fue la primera en aplicar una orden de incorporar investigadores civiles de la policía judicial para procesar las zonas de combate como escenarios de crímenes, antes de que alguien más lo hiciera.

Por último, está Carlos Franco, un antiguo guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL) que firmó un acuerdo de paz en 1991 y que luego dirigió la oficina de derechos humanos en la Vicepresidencia. Él logró establecer que nueve de los jóvenes de Soacha reportados como desaparecidos fueron presentados como muertos en combate días después en el noreste de Colombia. Sus indagaciones permitieron descubrir uno de los patrones más inquietantes del escándalo.

LO QUE SANTOS OMITIÓ

Dado que Santos se centró en enumerar decenas de directivas y decisiones, muchos colombianos vieron su comparecencia como algo puesto en escena y distante. Para varios observadores, su reconstrucción de las medidas correctivas resulta muy valiosa, pero no aborda las políticas que las hicieron necesarias en primer lugar.

«Todavía estamos encontrando las piezas que faltan en este rompecabezas», dice María Emma Wills, que fue investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica. «Una política pública tiene tres momentos clave: una construcción, una consolidación dentro en la institución y un seguimiento. Más allá de los documentos, ¿quiénes participaron en las discusiones sobre una política tan desprestigiada como el conteo de cuerpos y cómo se desarrollaron? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Alguien hizo un seguimiento de sus resultados?».

Santos mencionó algunas causas probables, entre ellas incentivos perversos como el conteo de cuerpos y premios, una presión sostenida para aumentar las bajas en combate (que denominó «el pecado original») y la creencia del presidente Uribe de que había que eliminar a las FARC, en lugar de llevarlas a una mesa de negociación. Pero “las causas las abordó de manera tangencial. El hecho de que hubo un incremento exponencial en los casos tuvo que deberse a algo. Algo tuvo que haber sucedido y ese algo no queda claro», dice Silvia Serrano, experta en derecho internacional de derechos humanos que enseña en la Universidad de Georgetown.

La descripción de Santos de los falsos positivos como algo «impensable» resulta problemática para Serrano. En particular, cita una sentencia contra Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018, que determinó que en cinco ejecuciones extrajudiciales que se remontan a la década de 1990, las instituciones públicas habían advertido sobre la evidencia de combates simulados. «Que se diga que es impensable, que es tan difícil de imaginar que pudiera ocurrir, no es plausible cuando se ha sido funcionario público por tantos años», dice Serrano, quien trabajó durante 14 años como abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Todo el contexto existía: al llegar al ministerio y al identificar que había estos incentivos y esta presión por bajas, debía saber que podía tener estos efectos”.

«¿QUIÉN DIO LA ORDEN?»

El discurso de Santos puso en evidencia lo difícil que será satisfacer las expectativas de muchas víctimas. Algunas han reaccionado negativamente a sus palabras. Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha cuyo hijo Fair Leonardo Porras, de 26 años, fue asesinado en enero de 2008, lo calificó como «perdón frío, calculador e impuesto» que sólo pretende «un lavado de imagen».

«Que explique cómo puede ser que una práctica sistemática de criminalidad que viene sucediendo desde los años 80, denunciada dentro y fuera del país, con sentencias en firme, fuera según sus palabras para el año 2006 sólo ‘rumores’ con ‘evidencias débiles’», dijo. Su organización, las Madres de los Falsos Positivos, ha estado utilizando el grito de guerra «¿Quién dio la orden?» y pintando murales por todo el país, elevando la presión para identificar a los máximos responsables de los asesinatos de sus hijos. En su opinión, tanto Santos como Uribe deberían ser juzgados.

Aunque el asesinato de Porras salió a la luz en agosto de 2008, fue otro caso el que Santos citó como el momento en que dice haber comprendido el alcance de lo que estaba ocurriendo. Unas semanas antes, contó Santos, la ONU había facilitado una reunión entre el entonces ministro, su máximo comandante militar, el general Freddy Padilla, y un soldado, que les contó la trágica historia de cómo su padre Aicardo Ortiz, de 67 años, había sido asesinado y presentado como un guerrillero muerto. “Por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos con toda nitidez la realidad de los falsos positivos», dijo, subrayando cómo fue necesario el caso de una víctima dentro del propio Ejército para que se diera cuenta de ello.

Para María Emma Wills, el testimonio de Santos pone de manifiesto cómo las instituciones colombianas suelen ignorar o desacreditar las voces que alertan de grandes problemas, una realidad que se ve agravada por el hecho de que el país no fomenta ni protege a los denunciantes. En su visión, ésta es una de las lecciones centrales para garantizar que no se repita la violencia en el futuro. «A quien le crees también tiene que ver con esas lealtades construidas y mentalidades inculcadas: tenemos que entender de dónde vienen y cómo operan», argumenta.

¿SE PRESENTARÁN OTROS PRESIDENTES?

La comparecencia de Santos ante la Comisión suscitó inevitablemente otra pregunta: ¿lo hará también su predecesor -y el más formidable crítico del acuerdo de paz- Álvaro Uribe?

En una entrevista concedida la semana pasada, Uribe descartó hablar ante la Comisión de la Verdad, defendió sus medidas correctivas y subrayó que ya había pedido perdón a las madres de Soacha. De todos modos, el padre de Roux reiteró la apertura de la Comisión para escucharlo.

Ernesto Samper, otro ex presidente, ya había acudido a la Comisión, pero el valor de su contribución a la verdad no está claro. En dos ocasiones, Samper trató de parecer disponible y defendió la verdad como una contribución necesaria para la reconciliación nacional. Pero evitó detallar los aspectos controvertidos de su presidencia entre 1994 y 1998, incluidos los vínculos probados judicialmente entre el cartel de narcotráfico de Cali y su campaña electoral, o lo que llevó al fuerte aumento del número de víctimas en Colombia, que se triplicó con creces durante su mandato hasta superar las 300 mil por año.

UN RELOJ EN MARCHA

Como recuerdo de la urgencia de estas verdades perdidas, una de las víctimas más conocidas de los falsos positivos murió de Covid-19 un día después del discurso de Santos. Durante más de una década, los peatones del centro de Bogotá se acostumbraron a ver un viejo camión Dodge cubierto de fotos y recortes de prensa. Era la forma que tenía Raúl Carvajal, un verdulero de 73 años, de llamar la atención sobre la historia de su hijo, el cabo Raúl Antonio Carvajal, que, según él, fue asesinado por sus compañeros en 2006 tras negarse a participar en ejecuciones extrajudiciales.

Considerado oficialmente como muerto en medio de un combate, su padre «Don Raúl» -como le llamaban cariñosamente los bogotanos- buscaba información que le ayudara a probar lo que realmente ocurrió. Es decir, el tipo de verdades que la Comisión espera esclarecer, aunque su reloj también se está agotando rápidamente y se aproxima al final de su mandato de tres años en noviembre.