“El perdón se lo dejo a Dios, pero lo que puedo decirte ahora mismo es que el trabajo que hicieron aquí significa mucho para nosotras”, le dice una víctima a un compareciente en el cementerio central de Palmira, Valle del Cauca, en el sur de Colombia. Otra víctima, también parte de la organización de la sociedad civil Corporación para el Desarrollo Regional, le entrega una flor a otro compareciente y dice: “Estoy agradecida de tener por fin un lugar donde llorar a mi hijo, aunque su cuerpo no fue encontrado aquí”. Estas víctimas formaron parte de un proyecto restaurativo de casi dos años de duración junto con otras dos ONG colombianas, la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Fundación Comité de Reconciliación ONG, que representan a personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo judicial del Acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estas iniciativas, promovidas por organizaciones de la sociedad civil, se conocen como Trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador. Son los ejemplos más visibles del modelo de justicia pionero de la JEP, que combina elementos de restaurativos y criminales. Aunque los detalles aún son preocupantemente vagos, la participación en estos proyectos se tendrá en cuenta en la imposición de sanciones en los 11 macro-casos que la JEP abiertos hasta la fecha.
¿Qué son los proyectos restaurativos?
La JEP puede imponer tres tipos de sanciones a los comparecientes. Los exmiembros de las fuerzas de seguridad, los de las FARC, los agentes estatales o terceros en el conflicto pueden recibir sanciones ordinarias de 15 a 20 años, sanciones alternativas de 5 a 8 años y sanciones propias de 5 a 8 años que incluyen actividades restaurativas cuando los magistrados de la JEP concluyen que tuvieron un papel determinante en los delitos. Las sanciones de hasta 5 años se reservan para los autores con menor participación en los delitos.
El acceso a los dos últimos tipos de sanciones depende del régimen de condicionalidad, que implica que los comparecientes revelen toda la verdad sobre su participación y reconozcan su responsabilidad en los delitos ante la JEP. Además, las sanciones propias, que no implican privación de libertad, también exigen que los participantes tomen la iniciativa y lleven a cabo proyectos restaurativos. El objetivo de estas iniciativas es equilibrar la justicia restaurativa con la responsabilidad criminal, garantizando la no repetición, reparando el daño y fortaleciendo el tejido social, haciendo énfasis en el diálogo, la participación de las víctimas y el beneficio para la comunidad.
Cuando la JEP inició operaciones en noviembre de 2018, se esperaba que sus magistrados impusieran actividades restaurativas al final de los juicios, pero algunas organizaciones ya han puesto en marcha proyectos piloto y los han presentado a la JEP para validación. Lo hacen en reconocimiento de las promesas hechas por el Acuerdo de paz definitivo de 2016 a la sociedad colombiana, y en particular a las víctimas, cuyos derechos fueron el centro de las negociaciones.
Las próximas sentencias en el macro-caso 01, centrado en la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC, y en el macro-caso 03, que se centra en los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por las fuerzas de seguridad como bajas en combate, se consideran en general como casos de prueba para esta innovación jurídica. Las dos primeras sentencias de la JEP están previstas para el martes 16 de septiembre y el jueves 18 de septiembre.
La promesa real, pero frágil de la JEP
Entre 2023 y 2024, la JEP implementó y validó tres proyectos restaurativos exploratorios en siete áreas de trabajo preaprobadas por la JEP. Estos proyectos demuestran que la promesa de resultados significativos para todos los directamente involucrados, y para la sociedad colombiana en general, es real pero frágil.
El énfasis de uno de estos proyectos, denominado Horizontes Seguros, sobre la educación en materia de riesgos de minas antipersonales, recuerda el ejercicio de desminado humanitario llevado a cabo por un equipo conjunto de combatientes de las FARC y fuerzas de seguridad del Estado antes de la firma del acuerdo de paz. Horizontes Seguros fue implementado por la Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM) e incluyó a once excombatientes de las FARC y siete exmiembros de las fuerzas de seguridad, todos ellos actualmente comparecientes ante la JEP. Combinó la formación práctica con acciones reparadoras directas extendidas por estos 18 acusados a 31 víctimas individuales, entre ellas 15 personas directamente afectadas por las minas, y sus comunidades en la región de Antioquia, en el norte de Colombia.
El núcleo de Horizontes Seguros fueron los 144 talleres ofrecidos por los comparecientes a las comunidades sobre cómo identificar y evitar artefactos sin explotar. Todos estos elementos crearon un contexto de apoyo social y emocional para encuentros y diálogos restaurativos entre víctimas y comparecientes, lo que, según Juliana Valencia y Ralf Dillmann, de CCCM, se correlaciona con un mayor sentido de humanización y mejores resultados restaurativos.
La transformación del área del cementerio central de Palmira, conocida como Patio del Olvido, forma parte de una iniciativa más amplia denominada Nos juntamos para encontrarles. La JEP no abrió un macro-caso sobre desapariciones forzadas, lo que algunos, como Jhon León, portavoz de Reencuentros, consideran un error dada la magnitud de esta práctica en Colombia y los compromisos del acuerdo de paz. Sin embargo, el proyecto restaurativo del cementerio central de Palmira está incluido en el macro-caso 05, un caso “territorial” que prioriza los delitos cometidos en una docena de municipios de los alrededores de Cali, entre ellos Palmira.
En este cementerio, restos humanos se guardaron durante años en condiciones indignas en el patio posterior, entre basura y escombros. Los comparecientes, asumiendo sus responsabilidades éticas y legales, lo transformaron en un lugar de memoria y verdad, trabajando junto con las víctimas. Durante el acto de entrega celebrado a finales de agosto, Harvey Suárez, secretario técnico de la JEP, reconoció la importancia de este proyecto al afirmar que representa más que una “iniciativa reparadora”: éste es “un verdadero acto reparador que la JEP ha acompañado”, dijo, y añadió que «la transformación no se produce en la cárcel, sino en lugares como éste, lugares de muerte [que] se convierten en lugares de vida» gracias al esfuerzo conjunto de las víctimas y los comparecientes. En su opinión, la JEP actúa como facilitadora en esta labor, ya que aumenta las posibilidades de obtener resultados positivos, como lo demuestran los dos cuerpos recuperados en ese lugar y retornados a sus familiares.
La JEP ha emitido múltiples sentencias interpretativas (Senit) que algunos consideran fundamentales para garantizar la claridad y la coherencia jurídicas a medida que se acerca la fase de sentencia en varios casos. Por ejemplo, en 2023, la Senit 5 aclaró quién puede considerarse alto responsable con un papel determinante en los delitos y la unidad de la JEP que toma esta decisión. Solo pertenecen a esta categoría los miembros de los altos mandos de las FARC, los miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad o los agentes estatales con un papel decisivo en las estructuras y procesos criminales que configuraron la victimización sistemática durante el conflicto. Además, la Senit 8 estableció normas para otras categorías de perpetradores involucrados en proyectos restaurativos, especialmente en lo que respecta al régimen de condicionalidad, y aclaró que la participación de las víctimas debe ser significativa en relación con la reparación.
Por muy bienintencionadas que hayan sido estas aclaraciones procedimentales, la transición entre ellas también puede causar dificultades. Por ejemplo, los cambios en los requisitos introducidos por la Senit 8 llevaron al Comité de Reconciliación a dar un giro durante un proyecto en marcha, lo cual provocó frustración, pérdida de tiempo y desperdicio de recursos. A pesar de la claridad que se ha producido en los últimos años, los funcionarios que participan en los proyectos de reparación existentes nos señalaron que las próximas sentencias aún pueden verse afectadas por la falta de una teoría del cambio unificada y aceptada que permita medir los resultados en los 11 macro-casos.
Obstáculos burocráticos
Al igual que muchas otras grandes iniciativas de políticas públicas innovadoras, la implementación de proyectos restaurativos se ve mermada por obstáculos burocráticos: procedimientos administrativos lentos, mala coordinación y comunicación entre instituciones, cambios frecuentes de liderazgo y requisitos cambiantes. Muchos de estos retos se derivan del gran número de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que operan en el sector de construcción de paz. Por ejemplo, el trabajo en Horizontes Seguros implicó cierto grado de cooperación entre la JEP, la CCCM, la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Defensa, y sus respectivos mandatos y responsabilidades no siempre estuvieron claros. La duplicación del trabajo, la frustración y la falta de garantías legales y de seguridad se han destacado como los principales desafíos en los proyectos restaurativos.
La falta de acuerdo entre los magistrados responsables de los diferentes macro-casos y la ausencia de una norma generalizada en la JEP sobre cómo se tendrá en cuenta la participación de los comparecientes en la imposición de sus sanciones afecta negativamente a la probabilidad de que estos participen. A modo de ejemplo, si bien la verdad forma parte de las obligaciones de los acusados en virtud del régimen de condicionalidad, la JEP también aprobó algunos proyectos restaurativos sobre la búsqueda de desaparecidos, como el de Palmira. Esto crea confusión sobre si este trabajo se tendrá en cuenta a la hora de la sentencia y en qué medida. León, de Reencuentros, lamentó estas ambigüedades y destacó que el tiempo es esencial, especialmente en los casos de desaparición. Otros participantes se muestran reacios a participar en los proyectos previstos porque ya no cumplían condenas carcelarias cuando se acercaron a la JEP y es poco probable que lo hagan como resultado de su sentencia, según nos contó el mayor (R) César Maldonado, portavoz del Comité de Reconciliación.
Amenazas a la seguridad
El deterioro del control territorial por parte del Estado y las continuas amenazas a la seguridad plantean retos adicionales. Más de 1500 personas vinculadas al proceso de paz han sido asesinadas desde 2016. En una reciente audiencia sobre los proyectos restaurativos, la JEP incluso llamó la atención sobre cómo la falta de financiación para el desminado humanitario por parte del actual gobierno ha afectado a la seguridad de la población civil. Si bien no se han registrado muertes durante la implementación de los proyectos restaurativos, más de 400 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Estos graves riesgos de seguridad generan vacilación y desconfianza en los participantes de los proyectos restaurativos y aumentan el costo de su implementación en ciertas partes del país.
El acceso a muchas comunidades que participaron en los proyectos restaurativos exploratorios también suele ser complicado, lento y costoso, ya que se depende de todo tipo de medios de transporte, desde pequeños vuelos chárter y vehículos blindados privados hasta mulas. Los proyectos restaurativos cuyos resultados son creaciones físicas, como exposiciones conmemorativas o intervenciones medioambientales, requieren seguridad y mantenimiento continuos para evitar el vandalismo o el deterioro, pero los gobiernos locales se han mostrado reacios a involucrarse.
Aunque muchas autoridades locales argumentan, de manera comprensible, que sus presupuestos se vieron sobre solicitados —incluso antes de que algunos lugares específicos de su jurisdicción fueran seleccionados para proyectos restaurativos—, la falta de seguimiento de las obras finalizadas no solo pone en riesgo su sostenibilidad, sino que también puede afectar a las sentencias de los comparecientes. Sin una planificación y un compromiso más claros y eficaces por parte de los socios institucionales, es probable que los crecientes costos de seguridad acaben recayendo sobre los hombros de los donantes internacionales.
Tensiones políticas y las elecciones venideras
Las presiones políticas, tanto históricas como actuales, y las tensiones entre los funcionarios públicos electos y la JEP añaden más complicaciones. Aunque sin duda los ataques se hicieron más patentes durante el gobierno de Duque, los sectores conservadores y de derecha de la sociedad siguen criticando a la JEP por ser demasiado costosa, lenta y sesgada en contra los agentes del Estado. La administración Petro, que inicialmente era una ferviente defensora del acuerdo de paz, se ha centrado en su política de “paz total”, lo que ha desviado su atención y el apoyo económico de las antiguas instituciones de justicia transicional, afectando a la capacidad general de la JEP para lograr avances fundamentales.
El presupuesto de la JEP, que financia algunos proyectos restaurativos, se asigna a través del presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso. Los conflictos entre las agendas políticas y las visiones de futuro del país del poder legislativo y ejecutivo afectan a este proceso, retrasando o incluso reduciendo los recursos disponibles para el acuerdo de paz. Las alarmas están prendidas a nivel nacional, ya que el Congreso rechazó el presupuesto propuesto para 2025, lo que provocó que el Ejecutivo lo aprobara mediante decreto. A partir de este año, diversos aspectos relacionados con la justicia transicional cuentan con una financiación muy insuficiente, y la Contraloría, una institución dedicada a la supervisión financiera en el sector público, ya ha sonado la alarma sobre los riesgos que se avecinan a medida que la JEP se acerca a la fase de sentencia. Con las elecciones al Congreso y presidenciales previstas para marzo y mayo de 2026, respectivamente, es probable que el futuro de la JEP y su financiación se vean determinados por un nuevo equilibrio de fuerzas políticas, ya que el electorado no será indulgente con la coalición de centroizquierda de esta administración.
La necesidad de financiación internacional
Esta posible volatilidad pone de manifiesto la necesidad de apoyo y financiación externos para la JEP y los proyectos restaurativos. El trabajo voluntario de los participantes y algunas donaciones de materiales reducen los costos directos, pero los gastos relacionados con el diseño, el seguimiento, la seguridad y el transporte de los proyectos siguen siendo elevados. Los tres proyectos restaurativos exploratorios ya aprobados por la JEP fueron financiados por el Fondo Multidonante de la ONU para la Paz en Colombia, mientras que otras iniciativas recibieron apoyo de gobiernos extranjeros, algunos de forma indirecta a través de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de su ejecución. Nos juntamos para encontrarlos, que llevó a cabo el proyecto en Palmira, fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Suecia y Alemania.
El fin de USAID, que aportó las mayores contribuciones extranjeras a la construcción de paz desde el acuerdo final de paz, dejó a muchos en el sector en una situación complicada. La Unión Europea contribuye a la implementación del acuerdo por medio de a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia y, aunque el embajador de la UE en Colombia ha ampliado recientemente este fondo para cubrir parte del vacío dejado por USAID, también ha hecho declaraciones sobre las limitaciones de su presupuesto. Este déficit podría plantear problemas para la sostenibilidad de los proyectos restaurativas y otras iniciativas de justicia, especialmente a la luz de las dificultades de la administración Petro para financiar su programa de gobierno.
Los primeros años de operaciones de la JEP estuvieron marcados por problemas de financiación y enfrentamientos con el gobierno de Duque y sus representantes. Los recuerdos de los ataques contra la JEP por parte del gobierno de Duque, cuya principal promesa electoral era desmantelar el acuerdo de paz, han sido reavivados en los últimos meses por la derecha.
A menos de un año de las elecciones generales, el Centro Democrático, el principal partido político opositor del acuerdo de paz, ya ha perdido a uno de sus aspirantes a la presidencia por un asesinato y su fundador ha sido condenado en un tribunal de primera instancia. Esto ha vuelto a poner en la agenda política la enemistad contra la JEP y las FARC, renovando los debates sobre la reducción de su financiación y acusaciones de “asimetría jurídica”. En la próxima semana, cuando la JEP dicte sus primeras sentencias, la cuestión principal será qué lecciones, si es que hay alguna, se aprenderán de los proyectos restaurativos existentes. El riesgo es que la gran promesa del acuerdo de paz se quede en nada y que el enfoque restaurativo de la JEP acabe sumándose a la pila de buenas intenciones.
Abigail Herrada es estudiante de último año en el College of William and Mary, donde cursa estudios de Psicología y Estudios Globales con especialización en América Latina. Su trabajo de campo en Colombia, Guatemala y Argentina se ha centrado en cuestiones relacionadas con la justicia restaurativa, el desarrollo comunitario y los derechos humanos.
Meghan Velotas es estudiante de cuarto año de Relaciones Internacionales y Estudios Hispánicos en el College of William and Mary y en el Programa de Licenciatura con Honores Internacionales de la Universidad de St. Andrews. Sus áreas de interés académico y profesional incluyen la diplomacia, los derechos humanos internacionales y la resolución de conflictos.
La investigación para esta entrada contó con el apoyo financiero del Global Research Institute de William & Mary a través de su Programa de Global Summer Fellows. La estancia de trabajo de campo fue organizada por Adriana Rudling, investigadora posdoctoral en Justicia Transicional del Global Research Institute. Queremos agradecer a todos nuestros entrevistados y participantes por su tiempo y sus valiosísimos aportes.
