Los colombianos presionan a las Farc a admitir el reclutamiento de niños

Hace un mes, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, conocida como JEP, decidió permitir audiencias preliminares públicas. Esto ha ayudado a que los integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hablen más sobre el reclutamiento forzoso de menores de edad en sus filas, tema central de uno de los macrocasos abierto por la JEP. Pero todavía son muchas las verdades que faltan en el debate sobre los niños soldados.
Los colombianos presionan a las Farc a admitir el reclutamiento de niñosMore and more voices are being heard in Colombia about the fate of child soldiers in the ranks of the FARC, or of those who were teenagers when they were recruited.
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Sandra Ramírez, ex integrante de las FARC y negociadora de paz, hizo historia al ser elegida en julio como vicepresidenta segunda del Congreso, una hazaña que ningún otro ex guerrillero había logrado antes en un país que ha visto a varios grupos armados ilegales cambiar las armas para las urnas. Su logro se vio rápidamente empañado por una serie de entrevistas en los medios en las que no reconoció que las filas de la guerrilla en la que sirvió durante 35 años incluían históricamente a cientos, si no miles, de niños soldados. Su negación provocó indignación.

Dos meses más tarde, los ex comandantes de las FARC comenzaron a admitir tímidamente su responsabilidad en este crimen y a expresar su arrepentimiento. Lo hacen en el caso 07, uno de los siete primeros macrocasos abiertos por la JEP, el brazo judicial de la justicia transicional de Colombia y uno de dos que se centran específicamente en los hechos de las FARC.

El poder de las audiencias públicas

A mediados de septiembre, la JEP decidió que los magistrados de la Sala de Reconocimiento pueden ahora elegir hacer públicas las versiones voluntarias de sus comparecientes. El magistrado Iván González, que está a cargo del macro-caso 07 sobre reclutamiento y uno de dos que se centran específicamente en los hechos cometidos por las Farc, fue el primero en decidirlo y sus diligencias empezaron a transmitirse en vivo por internet.

Los primeros de los 37 comparecientes vinculados al caso en rendir testimonio se mostraron reticentes, con Abelardo Caicedo –también conocido como ‘Solís Almeida’- afirmando que era muy difícil para la guerrilla no pedirle la tarjeta de identidad a los jóvenes y Rodrigo Londoño, su ex comandante en jefe, concediendo que podría haber sucedido “por causas excepcionales”. Es decir, seguían la línea que había defendido la senadora Sandra Ramírez en sus entrevistas tras ser elegida segunda vicepresidenta del Senado, que causaron indignación en todo el país.

Sin embargo, en las últimas tres semanas se han mostrado más dispuestos a reconocer el delito, con Martín Cruz –alias ‘Rubín Morro’- admitiendo que permitió que se unieran niños menores de 15 años y Joaquín Gómez, ex comandante del Bloque Sur de las Farc, yendo aún más lejos. “Ninguna explicación y ninguna causa justifican arrebatar los más importantes años de crecimiento y formación. No podemos devolverle a los niños y niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo en la guerra. No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos a los adultos que hoy nos reclaman justamente haberlos despojado a la fuerza de su niñez”, dijo en una carta pública que leyó después de su audiencia.

Una tragedia silenciosa

Aunque tanto las guerrillas como los paramilitares usaron ‘niños soldado’ y la serie de televisión ‘La niña’ le dio pantalla, el reclutamiento de niños sigue siendo una tragedia bastante invisible en Colombia. Hasta la fecha, sólo 108 víctimas han solicitado la acreditación como partes ante de la JEP, en contraste con las 2.426 que se presentaron en el sobre secuestro, una práctica infame que atrajo la atención de los medios en todo el mundo y que traumatizó a la sociedad colombiana.

“Hay un avance significativo, de la negación total del reclutamiento de los líderes de las Farc a las últimas intervenciones donde sí reconocen que ocurrió. No estamos hablando de casos aislados: la participación de los niños y niñas en la guerra ha sido una constante en Colombia, en todos los grupos”, dice José Luis Campo, de Benposta, una ONG que acompaña a menores desvinculados de grupos armados y que presentó informes sobre reclutamiento tanto a la JEP como la Comisión de la Verdad. Sus palabras están respaldadas por otras cifras: la Unidad de Víctimas ha registrado oficialmente a 8.895 niños como víctimas de reclutamiento y el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 16.879 casos. Ambas estadísticas muestran que la JEP tendrá que reforzar sus esfuerzos de divulgación para llegarle a más víctimas.

Aunque Joaquín Gómez dijo que estaba “dispuesto a reconocer sin ambigüedad y eufemismo el reclutamiento forzado”, la realidad es que las Farc todavía no han admitido una serie de verdades en torno a los niños soldado en sus filas.

¿Qué tan libre es un niño para decidir?

Hay una de esas verdades que ya está en el centro del debate: si las Farc los buscaron activamente. Sus antiguos comandantes afirman que nadie fue coaccionado para unirse a la organización, sino que lo hacían “conscientemente”, como dijo Rodrigo Londoño. “Para nosotros, el apellido del reclutamiento no es lo importante sino comprender como, en cualquier forma que se haya dado, fue forzado siempre. ‘Forzado’ no significa solamente ‘por la fuerza’, sino no haber tenido otra opción”, dice Hilda Molano de Coalico, una red de siete organizaciones que trabajan con menores en el conflicto y que también presentó informe a la JEP. Significa, por ejemplo, admitir que las disparidades de poder y su control territorial ponían en duda si los niños eran realmente libres de decidir.

Las Farc insisten en que sus normas prohibían el reclutamiento de niños menores de 15 años y que luego elevaron la edad mínima a 17 años en 2015, mientras estaban sentados en la mesa de negociación en La Habana. Hay un raciocinio legal detrás de esa línea de defensa: reclutar menores de 15 años es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, mientras que hacerlo con adolescentes mayores no lo es (aunque sigue considerándose un delito en la legislación colombiana).

Aún así, decenas de testimonios muestran que cientos de personas se unieron a la guerrilla cuando eran adolescentes o más jóvenes. Al menos el 63% de los rebeldes que desertaron de las Farc entre 2012 y 2014 se habían unido a la guerrilla siendo menores de edad y 44% lo hizo siendo menores de 15 años, según estadísticas de la entonces Agencia Colombiana de Reintegración.

Experiencias diferentes

Tal vez el caso más emblemático sea la Operación Berlín, un operativo militar en 2000 que terminó con la liberación de por lo menos 73 niños y la muerte de una cantidad incierta de ellos después de que el Ejército bombardeara su campamento en la zona del páramo de Berlín, en Santander. Todos ellos formaban parte de la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc, habiendo sido reclutados en las tierras cálidas de Meta y Caquetá –en plena zona de distensión creada por Andrés Pastrana en los fallidos diálogos de paz del Caguán- y trasladados a los gélidos páramos donde los avistó el Ejército. Veinte sobrevivientes, ya adultos y muchos de ellos profesionales, se reunieron el año pasado para registrar sus testimonios escritos, dibujos y mapas. Su informe es uno de los nueve que han presentado víctimas y organizaciones a la JEP.

Para complejizar aún más las cosas, muchos ex comandantes se unieron a las filas de las Farc cuando eran niños, pero -como argumentó Sandra Ramírez, que se unió a los 17 años- no sienten que nadie les haya forzado la mano. Su visión de sí mismos como todo menos víctimas probablemente les impide ver a los demás bajo esa luz.

“Lo que Sandra Ramírez afirma puede no ser mentira, pero es una verdad a medias. No lo puede generalizar como representativo de lo que vivieron todos los demás integrantes de las Farc. Deben reconocer que no todos los niños se fueron por engaño o persuasión, sino también por el uso de la fuerza o de la amenaza”, dice Mónica Hurtado, profesora de la Universidad de la Sabana que ha escrito extensamente sobre el reclutamiento forzado tanto de guerrillas como de los paras.

Una vez dentro no hay salida

Después de recopilar una base de datos de más de 2.000 casos judiciales de la Fiscalía y de diferentes tribunales, incluidos más de 260 casos de las Farc, Hurtado ha llegado a la conclusión de que los niños soldados se enfrentaban a lo que ella ha denominado “una entrada abierta y una salida cerrada”.

Con esto quiere decir que la guerrilla tenía distintas estrategias para atraer a los niños, desde las más persuasivas hasta las coercitivas, pero una vez dentro no había salida. Los desertores, incluidos los menores de edad, eran castigados severamente, encadenados o ejecutados sumariamente. También eran comunes las represalias contra los familiares.

Algunos de esos reconocimientos que aún faltan incluyen la imposibilidad de dejar el grupo, los castigos crueles que imponían y si los niños soldado realizaban actividades directamente relacionadas con la guerra (como participar en las hostilidades, instalar minas antipersonal o reunir información de inteligencia) o sólo indirectas (como cocinar –o ‘ranchar’ en la jerga guerrillera-, cavar trincheras, cargar leña y prestar servicios sexuales). Son todos temas que  hasta ahora han estado ausentes de las declaraciones de las Farc ante el tribunal especial.

“Todos los niños en la guerra tenían que hacer las actividades ordenadas y no cumplirlas tenía consecuencias. No se tenía en cuenta su edad. Simplemente éramos instrumentos de guerra que debíamos cumplir con un objetivo en un conflicto que no nos pertenecía”, cuenta Juanita Barragán, quien fue reclutada por las Farc en 2001 cuando tenía 13 años y desertó nueve meses después. Casi dos décadas después, está terminando su carrera de derecho y fue una de las 60 víctimas que viajaron a La Habana a hablar con los equipos negociadores.

“El simple hecho de separarlos de sus familias, de alejarlos de la comunidad que los protege, tiene un efecto adverso en un niño en su etapa de desarrollo”, dice Ana María Jiménez, una consultora que ha trabajado en prevención del reclutamiento con el ICBF, Unicef y la Defensoría del Pueblo.

La violencia contra las mujeres en primer plano

Todas estas voces piden un debate público más matizado sobre los niños soldado que se aleje de narrativas simplistas, como que los guerrilleros protegían a niños vulnerables o que todos fueron usados como esclavos sexuales. En su opinión, esto significa entender realidades sociales como que algunos niños vieron a la guerrilla como su mejor opción para sobrevivir en las regiones donde el Estado estaba ausente, sin perder de vista la ilegalidad de ese reclutamiento. O que, como demostró una investigación de la psicóloga social Ángela María Estrada, muchas niñas de familias con antecedentes de violencia doméstica fueron seducidas y persuadidas para unirse. Como dice la investigadora Mónica Hurtado, “con esos relatos binarios no vamos a poder ver eso”.

Tal vez el aspecto más visible del reclutamiento forzado que ha salido a la luz es la violencia sexual. Aunque también ha sido un crimen bastante invisible históricamente, como contó La Silla, se volvió una pera de boxeo en Colombia en el último año y las víctimas -tanto las partidarias como las críticas de la justicia transicional- están presionando para que la JEP abra un macro-caso sobre ésta, en vez de sólo investigarla en cuanto afectó a menores reclutados.

No es la única forma de violencia de género que las víctimas están pidiendo a la JEP investigar. La organización de mujeres Women’s Link Worldwide está presionando para que la JEP incluya en su resolución de conclusiones otras violaciones de derechos humanos, como la anticoncepción, las esterilizaciones y los abortos forzados, que han bautizado ‘violencia reproductiva’. El centro del informe que presentaron a la JEP es el caso de Helena, una ex guerrillera que fue reclutada de 14 años y que sufrió un aborto forzado tras quedar embarazada y manifestar su deseo de tener a su bebé.

Helena, former FARC combattant
La historia de Helena, una ex combatiente de las FARC que sufrió malos tratos, amenazas y abortos forzados, está en el centro de un informe presentado ante el sistema de justicia transicional colombiano. © Laura Martnez Valero / Women’s Link Worldwide

El caso de Helena no es una excepción

Helena -cuyo seudónimo le dio la Corte Constitucional para proteger su identidad- fue primero amenazada con ser sometida a un consejo de guerra y ejecutada, para ser luego atada, drogada y administrada una sustancia que le indujo un aborto. Le permitieron quedarse con su familia debido a las complicaciones de salud derivadas del aborto, pero terminó huyendo después de que miembros de las Farc le enviaran el mensaje de que ya esperaban su regreso. Todavía adolece de una infección urinaria e insuficiencia renal crónica, así como ataques ocasionales de depresión y estrés postraumático. Su familia fue amenazada por no revelar su paradero.

“En sus pronunciamientos vemos que han reconocido que hubo casos, pero minimizan su magnitud. Más allá del caso de Helena, en nuestro informe está claro que era una práctica frecuente en toda la organización, en distintas estructuras y regiones”, dice la abogada Mariana Ardila, que representa a Helena ante la JEP.

Aunque los comandantes de las Farc están empezando a admitir este tipo de violencia, Ardila sostiene que constantemente “introducen asteriscos” que minimizan esos comportamientos, insistiendo en que la anticoncepción era voluntaria y que las interrupciones del embarazo nunca ocurrían después del tercer mes. “Ellos entienden una política como algo escrito, cuando puede ser una práctica tolerada: más que si era una orden, lo que importa es si en la realidad sucedía. Es innegable que le servía a los objetivos militares y políticos de la organización de no perder combatientes”, dice.

Víctimas que también deben responder ante la JEP

Otras víctimas también están teniendo problemas con las palabras elegidas por las Farc. “A los abortos no les están diciendo así, sino llamándolos –como dijo la semana pasada Joaquín Gómez- ‘desembarazos’. Esos lenguajes son adornos que camuflan y distorsionan”, dice Yudy Tovar, una ex guerrillera de 31 años que se desmovilizó hace 13 años y que ha denunciado repetidas agresiones sexuales de sus antiguos jefes.

Tovar es la vocera de Rosa Blanca, un grupo de 300 ex guerrilleras que son muy críticas de la justicia transicional y que sostienen que los ex jefes de las Farc buscan evadir su responsabilidad argumentando que todo lo que sucedió en la organización fue consentido. Aunque hablan con fuerza del caso en los medios, todavía no han presentado su informe a la JEP -algo que prometieron hace un año- ni se han acreditado como víctimas en el caso.

Las mujeres de Rosa Blanca ejemplifican otra de las complejidades de investigar y sancionar el reclutamiento. En marcado contraste con el caso del secuestro, cuyas víctimas son en su mayoría civiles sin conexión con el conflicto armado, los ex niños soldado son a la vez víctimas y perpetradores, o lo que el jurista Iván Orozco -que asesoró al equipo de negociación del Gobierno en las conversaciones de paz- ha denominado ‘responsabilidades duales’.

De hecho, muchas de las integrantes de Rosa Blanca son ex combatientes de las Farc que fueron reclutadas cuando eran niñas, se distanciaron de la organización ya de adultas y estaban cumpliendo penas de prisión cuando se firmó el acuerdo de paz. Esto significa que están en libertad pero también necesitan que la JEP defina su propia situación jurídica, con decisiones potenciales que van desde la amnistía o el indulto hasta ser acusadas en caso de que la JEP considere que están entre los máximos responsables de alguno de los crímenes de guerra que investiga. También están sujetas a las condiciones del acuerdo de contribuir con la verdad y ayudar a reparar a las víctimas.

Al final, si la JEP es capaz de aportar a la sociedad colombiana respuestas a esas verdades que aún faltan, tendrá éxito donde la justicia ordinaria ha fracasado: de los 132 casos de reclutamiento forzado investigados por la Fiscalía entre 2008 y 2016, 86 terminaron en condenas, 19 incluyeron alguna reparación económica a las víctimas y ninguno de los acusados pisó la cárcel.

En el actual modelo de justicia transicional, los antiguos líderes de las Farc sólo podrán escapar a una pena carcelaria si superan su reticencia a reconocer sin ambages la tragedia de los niños y niñas soldado.

UNA VÍCTIMA DE LAS FARC ELEGIDA COMO NUEVO COMISIONADO DE LA VERDAD

Leyner Palacios, un respetado líder de la comunidad afrocolombiana y sobreviviente de una de las masacres más infames de las FARC, fue elegido como nuevo miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hace dos semanas, después de que la comisionada Ángela Salazar murió de Covid-19 en agosto.

Palacios es oriundo de Bojayá, Chocó, un pequeño pueblo ribereño de los bosques tropicales del noroeste de Colombia donde en 2002 las FARC lanzaron un cilindro-bomba contra la iglesia donde los pobladores buscaban refugio de un enfrentamiento entre esa guerrilla y los paramilitares. El ataque dejó 119 muertos, entre ellos 28 familiares de Palacios. Desde entonces, ha sido un líder vocal de las víctimas, una de las 60 víctimas que viajaron a La Habana para hablar con los negociadores, y dirigió los esfuerzos de su comunidad para planificar la ceremonia pública de diciembre de 2015 en la que las FARC se disculparon públicamente por primera vez por cualquiera de sus actos criminales.

Su selección fue vista como un guiño a las 9 millones de víctimas del país, dado que su predecesor también era un líder de la comunidad afrocolombiana. De hecho, al menos otros tres líderes prominentes de víctimas – Mayerlis Angarita, Juana Ruiz y Yolanda Perea – también presentaron sus nombres para ser considerados.

La designación de Palacios como el primer comisionado que es una víctima directa de las FARC fue bien recibida, aunque varios grupos de mujeres cuestionaron que la Comisión pasó de la paridad de género a tener sólo un tercio de miembros femeninos. A pesar de las quejas del sector empresarial sobre un supuesto sesgo de la CVR en su contra, como ha contado JusticeInfo, una vez más ningún candidato con antecedentes en el sector privado presentó su nombre.