Informe especial « Justicia transicional: El gran desafío colombiano »

Colombia apuesta por la participación política como forma de reparación

Con la campaña para las elecciones generales y presidenciales en pleno apogeo en Colombia, las víctimas de su conflicto armado de 52 años están asumiendo un papel más visible que nunca. Tres partidos políticos aniquilados por la violencia fueron resucitados por orden judicial y las víctimas están compitiendo por primera vez por 16 escaños especiales en el Congreso reservados para ellas. Son dos muestras de cómo Colombia está apostando por la participación política como forma de reparación.

Una mano que sobresale del suelo sostiene una papeleta con los colores de la bandera colombianaUn número récord de víctimas estará entre los candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. © JusticeInfo.net
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Cinco años después de su firma, el futuro del histórico acuerdo de paz de Colombia depende de las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Esta vez, mientras el país se prepara para pasar la página de la administración del impopular presidente y crítico del acuerdo de paz Iván Duque, las víctimas que dejó su conflicto armado están jugando un papel más protagónico.

Con un número récord de víctimas en las urnas, 16 escaños especiales reservados para ellas en el Congreso y tres partidos políticos revividos en reconocimiento de su aniquilación histórica, la participación política está ganando protagonismo como forma de reparación. Si a esto se añade un número récord de políticos que también son víctimas presentándose a las elecciones presidenciales, la temporada electoral colombiana promete mantener la transición hacia la paz si no en el centro, en un lado del debate público.

Revive el partido de un icono político asesinado

En agosto de 2021, la Corte Constitucional de Colombia anunció una decisión crucial. Tres décadas después de que Luis Carlos Galán fuera abatido en la plaza principal de Soacha, una ciudad situada al sur de Bogotá, bajo las órdenes del célebre narcotraficante Pablo Escobar, justo cuando era el favorito para ganar la presidencia de Colombia, su fallecido movimiento reapareció en el panorama político.

“No cabe duda que ese ambiente de violencia y esos hechos que culminaron trágicamente con el asesinato del líder del Nuevo Liberalismo, acabaron con un proyecto político”, declaró el máximo tribunal del país, dando la razón a los antiguos miembros del partido que argumentaron que esto les llevó a perder su estatus jurídico en los años 90 y, por tanto, la posibilidad de presentar candidatos en las elecciones y acceder a los fondos estatales y a medios de comunicación públicos.

“Un proyecto político que tenía una plataforma ideológica, un programa [y] un nombre dejó de existir por culpa de la violencia que hubo en Colombia o por lo menos que dejó de ser visible debido a la fuerza que infundió miedo y temor sobre sus líderes, en similares condiciones a las que se vieron sometidos otros grupos o movimientos políticos y, en general, sobre los sistemas electoral y de partidos y sobre la democracia colombiana”, escribieron los magistrados. Su decisión allanó el camino para el resurgimiento del Nuevo Liberalismo, cuyo logotipo vinotinto lleva ahora una silueta de su líder asesinado en un lugar prominente.

También fue una decisión imbuida en el espíritu del acuerdo de paz, que incluye todo un capítulo sobre la ampliación y mejora de la participación política y la facilitar formas colectivas -y no sólo individuales- de reparación. En palabras del tribunal, tenía “la posibilidad de entrar, si no a investigar, por lo menos a buscar fórmulas de reparación” para las víctimas, incluidos los dirigentes del partido pero también sus miembros y votantes.

Otros tres partidos vuelven a ver la luz

Al devolver la vida al partido de Galán, la Corte Constitucional fue más allá al abrir las puertas de la reparación política. En su sentencia también estableció que otros partidos o movimientos que se vieron afectados por persecuciones similares y a los que se les impidió la participación electoral en algún momento desde 1988 también podrían beneficiarse de la misma “apertura democrática”.

A principios de diciembre, el Consejo Nacional Electoral restituyó la personería jurídica a otros dos partidos, siguiendo las directrices del tribunal. Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial que permaneció secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante seis años, vio resucitar su partido de centro-izquierda Oxígeno Verde dos décadas tras su desaparición. Y en la derecha el Movimiento de Salvación Nacional, liderado históricamente por el tres veces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995 y cuyo homicidio se atribuyeron sorprendentemente las FARC el año pasado, también volvió a la vida. Una semana después, el Partido Comunista Colombiano también revivió.

Se unieron a un quinto partido, la Unión Patriótica de izquierda, cuya personería jurídica había sido restituida por un fallo del Consejo de Estado de 2013 por motivos similares. El asesinato de 3.136 de sus seguidores en los años 80 y 90, generalmente a manos de paramilitares de derecha en connivencia con agentes del Estado, es uno de los siete macrocasos que actualmente investiga la JEP, el brazo judicial del sistema de justicia transicional colombiano.

Una avalancha de nuevos partidos en la papeleta

La repentina reaparición de estos movimientos victimizados ya ha alterado el panorama político, ampliando el sistema colombiano a casi veinte partidos. En cierto modo, de esta forma está equilibrando la disposición del acuerdo de paz que permitió a las FARC convertirse en un partido político después de que sus miembros dejaran las armas y a ocupar diez escaños en el Congreso.

La mayoría de estos nuevos partidos se han mostrado bastante activos, presentando sus propios candidatos al Congreso y a la presidencia. Juan Manuel Galán, ex senador e hijo mayor de Galán, es uno de los principales competidores en las primarias de marzo del centro, en las que los votantes elegirán un candidato único para las elecciones generales de mayo. Ingrid Betancourt primero sirvió de mediadora en la construcción de esa misma coalición, luego se lanzó al ruedo el mes pasado y sorpresivamente terminó rompiendo con ellos para ir por su cuenta, en el estilo de llanera solitaria que recuerda su personaje político de hace dos décadas. Y Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez y abogado de su familia en todos los asuntos relacionados con el asesinato de su tío, también anunció una candidatura presidencial, aunque en una plataforma crítica del acuerdo de paz.

Juan Manual Galán, Mabel Lara y Carlos Negret durante una campaña política
Juan Manuel Galán (derecha), hijo de un célebre candidato presidencial asesinado por los narcotraficantes en Colombia en 1989, pudo revivir el partido de su padre gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, para presentarse a las elecciones de este año. © Juan Barreto / AFP

Varios de estos partidos también han elegido a destacadas víctimas para que compitan por escaños en el Congreso. Entre los principales reclutas del Nuevo Liberal se encuentra Yolanda Perea, una vivaz líder afrocolombiana que ha encabezado las solicitudes públicas para que la JEP abra un caso de violencia sexual. Oxígeno Verde presentó al policía retirado John Frank Pinchao, que pasó nueve años secuestrado por las FARC y conoció a Betancourt durante su cautiverio.

16 escaños especiales para víctimas

Además de la resurrección de estos partidos, este año hay un número récord de víctimas en las urnas. La razón principal es que otra de las disposiciones del acuerdo de paz se estrenará por fin después de una saga política y jurídica que la retrasó durante cuatro años: los habitantes de las 16 zonas rurales del país más castigadas por el conflicto armado podrán votar por sus propios miembros adicionales del Congreso. La condición: sólo víctimas oficialmente registradas podrán competir por estos escaños y los partidos políticos ordinarios están vetados.

Estos escaños, conocidos como "circunscripciones especiales temporales de paz", pretenden garantizar que las zonas rurales donde los problemas de Colombia son más exacerbados obtengan representación política nacional, en muchos casos por primera vez. Se identificaron utilizando cuatro criterios: alto número de víctimas, importantes índices de pobreza, instituciones estatales débiles y presencia de economías ilegales, como los cultivos de coca. En total, 403 personas optan a estos 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes, que estarán vigentes durante dos periodos legislativos y representan casi el 10% de la cámara baja colombiana.

“El ejercicio de participación política en Colombia teóricamente es abierto, pero en la práctica ha estado concentrado en un sector que tiene condiciones sociales y económicas. La gente de a pie no tiene esa posibilidad de llegar a los escenarios donde se toman decisiones que afectan su vida”, dice José de la Cruz Valencia, un líder afrocolombiano de 34 años oriundo de Bojayá, un pueblo ribereño en las selvas tropicales del noroeste de Colombia donde en 2002 las FARC lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia donde los habitantes se refugiaban de un enfrentamiento entre esa guerrilla y los paramilitares. El atentado dejó 119 muertos, entre ellos tres jóvenes sobrinos de Valencia. Él era un adolescente.

Desde entonces, ha sido un miembro destacado del comité de víctimas de Bojayá que planificó la ceremonia pública de diciembre de 2015 en la que por primera vez las FARC pidieron perdón públicamente por alguno de sus actos criminales. “En el comité llevamos muchos años de trabajo defendiendo los derechos de las víctimas. Queremos hacer lo mismo con las víctimas en todo el país”, dice. Para ello, sin embargo, se enfrenta a la dura competencia de un candidato vinculado a las élites políticas locales y a los interrogantes sobre la rápida inscripción de éste como víctima el año pasado.

Una forma de reparación colectiva

Las curules especiales en el Congreso representan una forma novedosa de aproximarse a la reparación. En la visión del acuerdo de paz, Colombia debe escalar las medidas de reparación colectiva para llegar a un mayor número de víctimas y tener más posibilidades de satisfacer los derechos de más víctimas en un país donde 9 millones de personas -o uno de cada cinco colombianos- están registradas.

“Que lleguemos a espacios políticos las víctimas de estas regiones periféricas, campesinos que han sentido la guerra en su cuerpo, su mundo y su vida, puede ayudar mucho a transformar los ojos con que nos mira el resto del país”, dice Guillermo Murcia, un campesino de 39 años, víctima de minas antipersonal en Arauca, en la frontera con Venezuela. Tras sobrevivir a un artefacto explosivo que le significado 18 cirugías reconstructivas desde 2005, Murcia se convirtió en una destacada voz de las 12.031 víctimas de las minas en Colombia y viajó a La Habana para hablar con los negociadores de las FARC y del gobierno sobre la importancia de los esfuerzos de desminado.

El raciocinio detrás de estas curules es que el modelo actual, que da prioridad a las reparaciones económicas individuales, ha demostrado ser costoso y lento: hasta ahora, sólo el 16% de las víctimas con derecho a ello han recibido compensaciones y, al ritmo actual, eliminar el retraso llevaría 59 años, según un informe del Congreso. Por ello, el acuerdo de paz subraya la necesidad de acciones restaurativas de índole comunitario, incluyendo ceremonias en las que los perpetradores reconocen lo que hicieron, el desminado humanitario y los ‘planes de desarrollo con enfoque territorial’ para dotar a esas mismas regiones que ocupan los escaños especiales con proyectos de infraestructura pública priorizados por sus habitantes.

En algunas zonas de Colombia, sin embargo, las condiciones de seguridad se han deteriorado notablemente en los últimos años. Arauca, donde vive Murcia, está actualmente inmersa en constantes combates entre los guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC, con los civiles atrapados en medio. Como dice Murcia, “estamos realizando campaña de paz en medio de una guerra tremenda”.

A pesar de las dificultades políticas y de seguridad, las curules especiales prometen traer voces más diversas a un Congreso donde las víctimas rara vez han tenido una. “No es una campaña mía, sino comunitaria”, dice Valencia, explicando que en su caso los diferentes grupos indígenas y afrocolombianos de su región se reunieron para decidir conjuntamente su candidatura.

La afrocolombiana Francia Márquez levanta el puño mientras mira fijamente al objetivo de la cámara
La líder ecologista Francia Márquez, procedente de una comunidad afrocolombiana que ha sido víctima de múltiples grupos armados, es una de las siete víctimas del conflicto que se presentan a las elecciones presidenciales en Colombia. © Luis Robayo / AFP

Siete víctimas van por la presidencia

Las elecciones presidenciales de este año también traerán consigo otro récord: siete de los 25 candidatos que compiten por un puesto en la papeleta del 29 de mayo son ellos mismos víctimas.

Vienen de todos los lados del espectro político. Además de Betancourt, otros dos candidatos del centro sufrieron secuestros en carne propia: el ex ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo fue secuestrado por paramilitares hace dos décadas y obligado a huir del país con su familia, mientras que el ex ministro de salud Alejandro Gaviria tuvo a su padre y a su hermano secuestrados en episodios separados. En la izquierda, la líder ambiental y premio Goldman Francia Márquez -quien ha colocado el racismo en la agenda política- proviene de una comunidad afrocolombiana que ha sido víctima de múltiples grupos armados y ella misma ha sufrido amenazas, un desplazamiento forzado y un atentado. Y en la derecha, además de Enrique Gómez, el magnate de la construcción y populista Rodolfo Hernández tuvo a su padre secuestrado por las FARC y a su hija por el ELN. Ella permanece desaparecida desde entonces.

Ese número se reducirá a un puñado de candidatos, dado que se celebrarán tres primarias el mismo día de las elecciones legislativas del 13 de marzo que ya son una primera prueba sobre si la participación política puede funcionar realmente como forma de reparación.